Fue concebido como un procedimiento legislativo para determinar la responsabilidad política de las autoridades sobre sus acciones y omisiones, pero el juicio político se ha convertido en una herramienta de persecución, chantaje, manipulación y distracción, y hasta como plataforma electoral. Así lo afirman algunos analistas y lo admiten los propios asambleístas.
En el actual periodo legislativo hay varios ejemplos, como el caso del expresidente de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, o el de los tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso, coinciden Héctor Muñoz, exlegislador y jurista, y Arturo Moscoso, director de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).
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El juicio de Terán fue propuesto por la bancada de Construye. Se lo acusó de incumplimiento de funciones por su actuación en la destitución de magistrados, la extensión del periodo de otros y el concurso de jueces. Hacia esa fecha, la Fiscalía ya lo investigaba por supuesta obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial, pero aún no estaba procesado por supuesta delincuencia organizada en el caso Metástasis.
Cuando lo conoció la Comisión de Fiscalización, Terán aprovechó ese foro para hablar de temas que nada tenían que ver: sus procesos penales y su participación en la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, en la que fue condenado el expresidente Rafael Correa por cohecho agravado. Sobre esta última, afirmó —entre otras cosas— que la fiscal general, Diana Salazar, le había enviado emisarios para que fallara contra Correa.
El correísmo —que se mostró muy interesado en esa última versión— aprobó en esa comisión un informe que recomendaba el archivo del proceso, algo que el pleno no aceptó y resolvió seguir con el caso, incluso sabiendo que no había los 92 votos necesarios para censurar a Terán.
Ante el pleno, ya en el ejercicio de su defensa la semana pasada, Terán habló cuatro horas, más de los temas que le interesaban políticamente y menos de los que se lo acusaba. Finalmente, la Revolución Ciudadana lo “salvó” absteniéndose de votar por la censura: faltaron cuatro apoyos para completar los 92.
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En tanto que la bancada del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), intentó atrasar juicios políticos en contra de sus ministras de Relaciones Exteriores y del Interior, Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia, que habían sido anunciados por el correísmo luego de la incursión de la Policía en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
Para ello planteó, con pocos minutos de diferencia, tres pedidos de interpelación contra tres excolaboradores de Lasso: Andrea Montalvo, titular de la Secretaría de Educación Superior; Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; y Pablo Arosemena, exministro de Economía. En ese tiempo todavía contaba con el apoyo de una parte de los socialcristianos y de los correístas, que fueron sus aliados iniciales; pero, cuando la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional se acentuó, estos retiraron sus firmas.
De todos modos, el PSC y Construye han adelantado que no apoyarán la censura y la destitución de Sommerfeld por el caso de Glas, ya que sería un golpe con efectos en la política internacional. Entonces se entendería que pasaría lo mismo con Palencia. Pero el correísmo, para asegurarse que no sea así, interpuso otro contra ella, esta vez por cuestiones relacionadas con la seguridad.
Moscoso afirma que los juicios políticos buscan, hoy en día, “hacer daño” al Gobierno de turno, o a determinados “adversarios políticos”, y “salvar a aliados”.
“Lo que se pretende no es hacer fiscalización, sino sacar réditos políticos. La clase política de este país se presta para eso. No es una política que piensa en el beneficio de todos, en la necesidad de que los funcionarios públicos realmente cumplan con su trabajo, que no sean corruptos, que no abusen de su poder. Entonces, la Asamblea no está cumpliendo con una de sus funciones. Esto manda dos mensajes: uno es que no importa lo malo que se haga en el ejercicio de un cargo público, porque, si tengo padrinos, me voy a salvar, no pasará nada; y el otro es que no importa qué tan buen funcionario público sea, porque, si la Asamblea decide enjuiciarme políticamente, igual lo hará”, indica el analista, que agrega que esto mina la imagen del Parlamento y afecta a la democracia.
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Muñoz cuestiona que los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional sean “a la carta”, “con dedicatoria”, y que responden a temas de “coyuntura política”. Son pocos los que de verdad surgen de una agenda de fiscalización seria, opina.
Y a esto hay que agregar —dice— la cercanía de las elecciones generales del 2025. Esto, según él, es particularmente notorio en el juicio contra la fiscal general, Diana Salazar, que tiene un alto perfil político. Si hay los votos para censurarla, quedaría inhabilitada por dos años para ejercer cargos públicos. Ahora su caso está suspendido porque está embarazada y tiene una condición delicada, lo que también ha sido objeto de manoseos políticos.
Dos legisladores que pertenecen actualmente a la Comisión de Fiscalización, Ramiro Vela (ADN) y Lenín Barreto (Revolución Ciudadana), admiten que, en efecto, los juicios políticos pueden terminar usándose para chantajes o manipulaciones “según las intenciones de los asambleístas proponentes”.
Vela señala que juicios como el de Terán sí se prestaron para manejos políticos: “Basta ver cómo lo salvaron a cambio de que diga cualquier pendejada, abusando del famoso derecho a la defensa... Se nota claramente que se utilizó para manipular la opinión pública”.
Hay otros, en cambio, que sí fueron legítimos ejercicios de fiscalización; por ejemplo, el del exministro de Energía Fernando Santos Alvite. “¿Quién puede negar la crisis energética que vivía el país?”, pregunta Vela.
Barreto, en tanto, señala que los juicios pueden usarse, incluso, como “distractores”, refiriéndose a la “jugada” del Gobierno de Daniel Noboa cuando puso los juicios a los exministros de Lasso: “Por apuro tenían fallas de fondo y de forma, pero lamentablemente se aprobaron en el Consejo de Administración Legislativa (CAL)”.
Afirma que esto es consecuencia del ambiente “de corrupción”, “delincuencial” que vive el país, especialmente en los tres últimos gobiernos.
A su juicio, el correísmo sí ha realizado fiscalización con responsabilidad. “¿Cuántos juicios políticos ha presentado la Revolución Ciudadana en este periodo legislativo? Uno, a la fiscal general, que está suspendido por resolución del CAL; y los otros, a la canciller y a la ministra del Interior. En el caso de Terán, dijeron que estábamos apoyando a un delincuente; pero, si vemos el proceder del interpelante (Jorge Peñafiel), pareciera que él mismo boicoteó su juicio político, porque no presentó pruebas contundentes para tomar la decisión de censurarlo. Su interpelación fue bastante floja”, asegura.
Propuesta de reforma desde el correísmo
El legislador correísta Lenín Barreto señala que es necesario fortalecer la institución del juicio político, por lo cual presentó la semana pasada un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en ese sentido.
Entre otros temas, Barreto plantea lo siguiente:
1. Que todos quienes comparezcan en el juicio político lo hagan bajo juramento; y, si se descubre que han mentido, que sean sancionados conforme lo establece la ley. Es decir que se introduce la figura del perjurio.
2. Que la inhabilitación para ejercer cargos públicos del funcionario censurado (y destituido) pase de dos a cinco años.
3. Que los juicios políticos se traten por orden de llegada, excepto en los casos en los que la Comisión, con la aprobación de la mayoría absoluta, decida dar prioridad a la sustanciación contra un funcionario en ejercicio.
4. Que si durante el proceso de sustanciación del juicio político se presentan nuevos argumentos que respalden un incumplimiento de funciones, estos podrán ser incorporados con la aprobación de la mayoría de los integrantes de la Comisión.
Vela cree que es necesario, asimismo, que se establezcan sanciones para aquellos asambleístas que hablen de cualquier cosa, menos de las causales, en los procesos de interpelación.
Moscoso y Yépez coinciden en que estas propuestas apuntan a consolidar el chantaje político.
Para ambos, pasar de dos a cinco años de inhabilitación es exagerado, pues “al aumentar la sanción se puede llegar al ‘Acordemos algo antes para que no tengas cinco años de descalificación’”.
Moscoso piensa que el tema del perjurio puede ser interesante, “pero eso ¿cómo se demuestra? Además, se desvirtúa el objetivo del juicio político, que no es la sanción penal o civil, sino que juzga la responsabilidad política en las actuaciones de los funcionarios públicos”.
Y respecto al cambio en el orden del trámite de los juicios, Yépez dice que eso también es “dedicatoria”.
Los analistas creen que sí es importante hacer reformas legales a los juicios, pero en otros sentidos. Por ejemplo, Moscoso piensa que para el enjuiciamiento de ministros podría establecerse la autorización de la Corte Constitucional como filtro previo; y Yépez habla de definir mejor las causales para la interpelación, ya que ahora consta solamente el “incumplimiento de funciones”, que puede ser cualquier cosa.
Censurados
De momento, la Asamblea Nacional ha censurado a seis exfuncionarios:
- Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social
- Fernando Santos Alvite, exministro de Energía
- Juan Zapata, exministro del Interior
- Fausto Murillo y Juan José Morillo, exvocales del Consejo de la Judicatura
- Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura. (I)
