Al no cumplir con los requisitos establecidos en la ley para solicitar la suspensión condicional de la pena, la Procuraduría General del Estado (PGE) anuncia que se opondrá al pedido que hace la exlegisladora por Manabí Karina Arteaga para evitar cumplir la sentencia de seis años y ocho meses de cárcel que se le ordenó como autora directa del delito de concusión.

La semana pasada de forma unánime los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho, Byron Guillén y Luis Rivera resolvieron declarar culpable no solo a Arteaga, sino también, en calidad de cómplice, a Jenny Muñoz, asistente y jefa de despacho de la entonces asambleísta. Esta última fue condenada a la mitad de la pena de la autora directa, es decir, deberá guardar prisión por tres años y cuatro meses.

La presidenta del Tribunal, Daniella Camacho, indicó en su lectura de resolución que ha quedado probado que Arteaga en su calidad de asambleísta y valiéndose de su puesto jerárquico superior exigió a través de Jenny Muñoz la entrega de contribuciones indebidas a Gonzalo Ibarra, Verónica Pinargote, Freya Orellana, Andrea Utreras y Nabrid Medina.

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Por el cobro de ‘diezmos’, exasambleísta Karina Arteaga recibe una pena con agravantes de seis años y ocho meses de cárcel

La PGE, como acusadora particular del caso, mira con preocupación el pedido hecho por Arteaga y Muñoz para que se les apruebe la suspensión condicional de la pena que piden. La institución adelantó que se opondrá a esa aspiración en la audiencia convocada para este viernes 3 de marzo, a las 12:30, en la Corte Nacional.

Según la Procuraduría, el pedido que realiza la exlegisladora no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 630 del vigente Código Orgánico Integral Penal. “Recordemos que la señora Arteaga fue sentenciada por un delito contra la eficiencia de la administración pública abusando de la función que ostentaba al ejercer un cargo de elección popular”, sostuvo la PGE en un comunicado.

“La prueba practicada a la cual los juzgadores han dado valor probatorio (...) permite llegar al convencimiento de la existencia material de la infracción de concusión. (...) Se evidencia que las funcionarias públicas valiéndose de sus cargos, por sí mismas y a través de distintas personas, han ordenado o han exigido la entrega de sueldos, cuotas o contribuciones indebidas”, explicó el Tribunal en su sentencia.

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Los jueces dispusieron que tanto Arteaga como Muñoz pierdan sus derechos políticos y de participación, la exasambleísta por 25 años, mientras que la exasesora por doce años y seis meses; y queden inhabilitadas de contratar con el Estado. Las dos culpables también deberán pagar una multa de doce salarios básicos unificados ($ 5.400).

La Procuraduría apuntó que agotará todos los mecanismos y ejercerá las acciones previstas en la ley para que los sentenciados cumplan con lo dispuesto por los jueces, garantizando de ese modo la eficiencia de la administración pública. (I)