Seis días después de que se declaró en estado de excepción a las provincias de Guayas y Esmeraldas, debido a ataques violentos atribuidos a bandas narcodelictivas en los que murieron seis policías y hubo una serie de edificaciones públicas y privadas dañadas, en la Asamblea Nacional se reunirán los jefes de bloque del Legislativo para hablar de temas de seguridad e intentar consolidar una posición respecto a esta problemática.

El anuncio de la convocatoria para el lunes 7 de noviembre lo hizo Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, luego de concluida la primera reunión de autoridades que conforman el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). El edificio del ECU911 en Samborondón fue el lugar donde se dio la reunión de cerca de cinco horas.

La cita, en la que se evaluaron las primeras acciones para controlar los altos niveles de violencia vividos en varias ciudades de estas dos provincias y se conoció la estrategia gubernamental para enfrentar al narcotráfico y sus actos terroristas, fue encabezada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y asistieron autoridades como Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia; Diana Salazar, fiscal general del Estado; los ministro de Gobierno, Interior y Defensa, Francisco Jiménez, Juan Zapata y Luis Lara, respectivamente.

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Los problemas sensibles del país hay que tratarlos con seriedad y equilibrio y en ese andarivel estamos. No se trata simple y llanamente de hablar por hablar, sino de consolidar como Asamblea Nacional una ponencia respecto al problema de inseguridad. (...) Convocaré a una sesión de jefes de bloque de la Asamblea para el lunes a primera hora, en Quito, donde podremos conversar sobre los temas de seguridad”, apuntó Saquicela.

Posteriormente a la reunión de jefes de bloque, dijo el titular del Legislativo, se convocará a una sesión del pleno para tratar la situación de inseguridad que atraviesa el país y qué acciones se adoptarán desde esa función del Estado para ayudar a superar la crisis de seguridad.

Saquicela resaltó el trabajo que se hace en la Asamblea para la aprobación de leyes orientadas a recuperar la paz social, como la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Además, ratificó el compromiso de la institución que dirige para priorizar el estudio de otras propuestas legales que contribuyan a lograr la seguridad de los ecuatorianos.

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El asambleísta de los registros de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo, cree que estos son momentos en los que todas las instituciones del Estado deben unirse para trabajar de manera conjunta y tratar de encontrar una salida a la crisis de seguridad que vive el país.

“Este Gobierno ha tenido muchos errores, pero no es el único causante de todo lo que está sucediendo. (...) Hay Gobiernos anteriores que han tenido cosas buenas, pero también cosas malas, igual que este Gobierno. (...) En estos momentos de crisis tenemos que trabajar de la mano con el Gobierno, debemos trabajar de la mano de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura (CJ), la Fiscalía, los operadores de justicia, la ciudadanía. Tenemos que salir de esta crisis juntos”, refirió el legislador de la ID.

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De momento, Jaramillo, quien es el presidente de la Comisión de Justicia, adelantó que ha mantenido conversaciones con Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, y han acordado hacer un trabajo en conjunto. Explicó que ya plantearon una hoja de ruta inmediata para convocar a una reunión entre las dos comisiones especializadas y así impulsar mesas técnicas de trabajo de las que deben ser parte los ministros de Gobierno, del Interior, el secretario de Seguridad, el CJ, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, la fiscal Diana Salazar, entre otros.

Justamente los integrantes de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, el jueves último, emitieron un comunicado calificando a los hechos violentos ocurridos en los últimos días en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Durán y Santo Domingo de los Colorados como actos criminales terroristas, tendientes a instituir un estado de temor y caos en la ciudadanía.

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Cuestionaron el actuar del Gobierno, de quien dicen ha venido aplicando las mismas medidas, sin que se evidencie liderazgo, planificación y estrategia clara para dar respuestas integrales al problema de violencia.

Desde la Comisión se plantea la puesta en marcha de un plan de control territorial; la necesidad urgente de que el Gobierno inicie un contundente proceso de depuración, reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, la Función Judicial y el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad; la estructuración y aplicación de una política criminal; y atacar los problemas estructurales de la violencia y la criminalidad, lo que significa, entre otras cosas, implementar un plan de inserción educativa y desarrollo de capacidades laborales para los jóvenes. (I)

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