La extensión de salvoconducto, punto clave para que se concrete el asilo otorgado por Argentina a exministra del correísmo; Gobierno trabaja en respuesta oficial

“El Gobierno ecuatoriano adoptará una decisión a la luz de los principios de la legislación ecuatoriana, el derecho internacional y las convenciones aplicables a la materia y la dará a conocer a la República Argentina y a la opinión pública en su oportunidad”.Esa fue la respuesta pública que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador dio inmediatamente después de recibir una nota diplomática el 1 de diciembre pasado, suscrita por el canciller argentino, Carlos Andrés Cafiero, informando la decisión de su país de otorgar asilo a la exministra de Transporte del correísmo sentenciada por cohecho, María de los Ángeles Duarte.La nota enviada a Ecuador señala que Argentina, “ en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concede el asilo diplomático a la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes ”.Además, se incluye en el texto lo dicho por el relator especial de la ONU respecto a una supuesta preocupación por aparentes vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales dentro de la causa en la que fue procesada en Ecuador la hoy beneficiada por el asilo.El 12 de agosto de 2020, Duarte dejó de cumplir su presentación periódica y se retiró el dispositivo electrónico dispuesto dentro de la causa conocida como Sobornos 2012-2016 para ingresar a la residencia de la Embajada de Argentina , en Quito, en calidad de “huésped por razones humanitarias”.Para ese momento, a la exministra del correísmo se le había ratificado en dos instancias en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la sentencia de ocho años de cárcel como coautora del delito de cohecho pasivo agravado.Duarte estaba a la espera de que se realizara la audiencia de casación, recurso que le fue negado, y quedó en firme el fallo a finales de septiembre de 2020, no solo para ella, sino para 19 procesados más, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas , exministros y exasambleístas del correísmo, exfuncionarios de la Presidencia de la República y diez empresarios.El exsubsecretario de Relaciones Exteriores y docente universitario Carlos Estarellas ve que el proceso de asilo ha sido irregular , pues está casi seguro de que Argentina le ha dado prioridad en este tema a una afinidad política más que al cumplimiento de las convenciones de asilo.“Las distintas convenciones de asilo, que hay varias, señalan que solo se les puede dar asilo a los perseguidos políticos, pero no a las personas que son sentenciadas o han cometido delitos comunes; tampoco al delincuente conexo, al magnicida; tampoco al terrorista, a los desertores. Entonces, en las convenciones está señalado a quién sí y a quién no . Argentina no ha respetado esas convenciones”, explicó el experto en temas diplomáticos.Una posición similar ha mantenido la Cancillería ecuatoriana al saber del rumor de la posible entrega de un asilo a la exministra Duarte a finales de noviembre pasado. Decía que las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes .“El cohecho o soborno se halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción”, se apuntaba desde la Cancillería, además de aclarar que el proceso en el que Duarte fue sentenciada por la Corte Nacional se abrió, desarrolló y concluyó con sentencia en firme antes de que comenzara el gobierno de Guillermo Lasso, y contó con todas las garantías procesales. El canciller Juan Carlos Holguín ha indicado en entrevistas que desde el 2020 la Cancillería de Ecuador, de manera institucional, ha sido enfática en afirmar que la exministra Duarte no califica como perseguida política . Holguín tiene dos cosas claras: que en Ecuador no existe hoy persecución política y que la norma de asilo diplomático excluye específicamente la posibilidad de concederlo a las personas condenadas por delitos comunes.“ Nosotros tratamos de llevar esto bajo los términos más objetivos, y sobre todo salvaguardando una relación que trasciende a los Gobiernos que actualmente se encuentran en Argentina como en Ecuador al mando del país . (...) Nosotros haremos conocer nuestra posición (...). Son temas que contestaremos en su debido momento y siempre ligados al derecho internacional, y también con el respeto irrestricto que ha demostrado este Gobierno a la justicia ecuatoriana”, afirmó Holguín en una entrevista a la radio quiteña Francisco Estéreo .Estarellas reconoce el sentido que tiene lo dicho por el correísmo de que Argentina es libre de calificar si concede o no el asilo. En lo que no está de acuerdo es en que se haya otorgado este beneficio a Duarte sin observar las convenciones internacionales. La Convención sobre Asilo Político de 1954, en su artículo 3, habla de que no es lícito conceder asilo a una persona que se encuentra inculpada o procesada ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, y que estén condenadas por esos delitos sin haber cumplido las penas respectivas .En este punto, Carlos Estarellas cree que lo que puede ocurrir es que Ecuador no le conceda el salvoconducto para que Duarte pueda salir del país. Él entiende que, así como la decisión de otorgar el asilo es potestad de Argentina en este caso, la concesión del salvoconducto es potestad del Gobierno territorial, que en este caso es el Ecuador. “De no concederle, tendrá que quedarse en la Embajada indeterminadamemte María de los Ángeles Duarte”, piensa Estarellas, quien recordó que un caso similar se dio con Julian Assange, programador, activista de internet australiano y fundador de WikiLeaks, quien encontrándose en la Embajada de Ecuador en Londres (Inglaterra) recibió el asilo del Gobierno de Rafael Correa. El asilo no pudo efectivizarse, ya que durante cerca de siete años el Reino Unido no extendió el respectivo salvoconducto para que saliera de la embajada ecuatoriana en ese país.Holguín no da mayores detalles sobre si Ecuador otorgará o no el salvoconducto que necesariamente debe presentar Duarte para dejar la Embajada de Argentina en Quito y el Ecuador. Explica que no puede adelantar un criterio, e insiste en que existe una revisión institucional al ser este un tema de Estado en el que se está trabajando para tener una contestación que incluya todos los elementos analizados para este caso.Este 13 de diciembre, medios argentinos publicaron que el gobierno de Argentina le habría dado un ultimátum al de Ecuador para que conceda el salvoconducto a la exfuncionaria. Algo que fue rechazado por la Cancillería ecuatoriana en un comunicado, a la par que citó al embajador de ese país para que de explicaciones. Para Estarellas, lo que habrá que esperar y tener en cuenta es cómo se moverá en lo político todo este asunto . “Hay que ver si siguen los Kirchner en el poder en Argentina, hasta cuándo sigue en el poder Guillermo Lasso, quién venga después en Argentina y Ecuador... Va a existir una serie de factores políticos que pueden jugarle en favor o en contra a la exministra del correísmo”, apuntó. (I)

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