La figura de Guillermo Lasso expuesta en el escenario judicial por las investigaciones a cinco asambleístas

Los desencuentros entre las funciones Ejecutiva y Legislativa, que confluyeron en el ámbito judicial, tornaron al presidente de la República, Guillermo Lasso, en la principal figura de las denuncias de presuntos actos de corrupción, que se habrían dado en el marco de los diálogos políticos con varios legisladores.

El 26 de marzo, el mandatario envió una carta a la Fiscalía General del Estado en la que reveló que cinco asambleístas de Pachakutik (PK) Rosa Cerda, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, Gisella Molina y Édgar Quezada habrían requerido a un equipo de colaboradores del régimen en las últimas semanas, supuestos beneficios económicos para respaldar el proyecto de Ley de Inversiones, que fue archivada por la Asamblea Nacional el 24 de marzo.

Legisladores de Pachakutik se defienden de acusaciones de Guillermo Lasso y dicen que se busca desprestigiar a la Asamblea Nacional

En el Gobierno se consideró a la carta de Lasso como una notitia criminis, que en materia penal es entendida como el origen de la información de un hecho presuntamente delictivo, y que para el caso de delitos de acción pública no requiere de una denuncia escrita ingresada en la Fiscalía.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Medina, anotó que los sucesos expuestos son una denuncia que provienen de una noticia criminis y sobre la que la Fiscalía tiene la obligación de llevar adelante la investigación penal para establecer si se ha cometido una infracción y quiénes serían los responsables.

La Fiscalía abrió la investigación previa el domingo último, al conocer la carta del jefe de Estado en la que este infirió que se relacionaría con la concusión, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como un delito contra la administración pública en el que los servidores que “(...) abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.

El penalista Pablo Encalada indicó que esta noticia criminis es una denuncia que se informa a la Fiscalía y Lasso “la expuso con nombres y apellidos”.

“En materia penal es mucho más informal de cómo llega la noticia de un delito, que en otras materias. En materia civil, por ejemplo, hay una demanda que tiene determinados requisitos; pero que el presidente no haya presentado una denuncia formal, no significada nada, frente a la necesidad de Fiscalía de investigar”, señaló; lo que implicará que pueda ser llamado a reconocerla y declarar.

“De rendir su versión no lo salva nadie. Quizás lo que él cree, al igual que sus asesores, que como no es una denuncia formal, no podría verse responsabilizado en un futuro por una denuncia maliciosa y temeraria”, añadió Encalada, en el caso de que no se comprueben los hechos atribuidos.

El Gobierno expuso una ‘notitia criminis’ sobre los presuntos ‘chantajes’ para respaldar el proyecto de Ley de Inversiones

Además de esta denuncia, Lasso dispuso al Servicio de Rentas Internas (SRI) que investigue las declaraciones de impuestos de Xavier Hervas Mora, excandidato presidencial de la Izquierda Democrática (ID).

Esgrimió que el pasado 22 de marzo se reunió en una fábrica de Hervas por “asuntos relacionados” con la tramitación de la iniciativa legal de inversiones y de “forma inaudita (Hervas) hizo referencia como si de moneda de cambio se tratase a un asunto de exclusivo interés particular: que el Servicio de Rentas Internas había iniciado en su contra alguna fiscalización”.

Para el analista político Mauricio Gándara, el presidente “por sí mismo, por su indignación, ha cometido un grave error al bajarse a la contienda, de la cual no le han protegido sus ministros y colaboradores”.

Recordó que las leyes confieren a los mandatarios un fuero especial para no enfrentarse, para que el poder no se enfrente con particulares; y para esos casos están los ministros de Estado, funcionarios y otros organismos del Gobierno.

Le sorprende que la primera autoridad del Ejecutivo esté llegando a acuerdos con actores políticos, cuando eso le corresponde a quien se encuentre en el Ministerio de Gobierno, con el objetivo de “no gastar la imagen presidencial en estas acusaciones o metiéndose en litigios”.

Sin embargo, durante las investigaciones que haga la Fiscalía y en las diligencias que se dispongan, Lasso podría ser “llamado a declarar y presentar las pruebas; quizás se quiso reducir su carta a una noticia criminis, pero como lo ha hecho deberá probarlo y decir por qué lo dice, es por eso que se interpela y se censura a los ministros, porque ellos son el fusible. El presidente ha cometido un error, porque otra cosa es la acusación política, que puede emplearla para disminuir a la Asamblea con fines de una consulta popular o muerte cruzada, porque les disminuye a sus opositores, pero no en las órdenes administrativas y judiciales”, afirmó Gándara.

Carlos Jijón, vocero de la Presidencia de la República: Está en la cancha de la Asamblea alejar al país de una posibilidad de muerte cruzada

El vocero de la Presidencia de la República, Carlos Jijón, aseguró que la “reacción presidencial fue inmediata” al exponer las denuncias e insistió en que en las reuniones para discutir el cuerpo legal “aparecieron otras situaciones” como las de pedir beneficios económicos y en esa línea defendió la determinación del mandatario de luchar contra la corrupción.

“El Gobierno buscó reunirse con asambleístas de todas las bancadas para buscar contrapropuestas, el problema fue que en algún momento, algunos legisladores, según la información de la que dispone la Presidencia buscaron beneficios. El problema no es que haya reuniones, porque los legisladores aceptaron que las hubo, el problema es que se plantearon estos pedidos”, recalcó Jijón en declaraciones de prensa de este 28 de marzo, en el Salón Azul del Palacio.

Frente al rechazo y archivo a la iniciativa legal, el vocero presidencial no desestimó que el Gobierno impulse una consulta popular en la que la Ley de Inversiones pueda ser incluida en las preguntas para que el electorado decida si debe aprobarse o no.

En tanto, la Fiscalía arrancó la investigación, el SRI informó que está realizando los análisis técnicos sobre la información entregada por Lasso respecto de Hervas. (I)