La solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, lleva cinco días en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y aún el expediente no pasa a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad.

El artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referente a la admisibilidad, determina un plazo máximo de tres días para que el presidente de la Asamblea ponga a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político.

Una semana más demoraría en llegar el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Corte Constitucional

Virgilio Saquicela convocó al CAL al día siguiente, es decir, el 17 de marzo a las 19:45; pero en esa sesión se resolvió pedir un informe a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), y concedió un plazo de 24 horas.

La UTL, organismo de asesoramiento en el área de técnica legislativa y parlamentaria, entregó el documento el día 18 de marzo recomendando la calificación del juicio político al primer mandatario, por cumplirse con los requisitos establecidos en la Constitución.

Al día siguiente, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al CAL para el día 20 de marzo a las 15:00. En esa sesión calificó y admitió a trámite el juicio político en contra del presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, “en virtud que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 129 de la Constitución de la República y en los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, está presentado ante el presidente de la Asamblea Nacional, está debidamente fundamentado y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República, el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose de la prueba documental que se disponga en ese momento, así como se encuentra formalizada con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares”.

En el mismo artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se permite un plazo adicional de tres días para que los solicitantes puedan completar el pedido de juicio, siempre que el CAL establezca que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos de ley. Esa opción no fue utilizada por el organismo administrativo de la legislatura, una vez que calificó el documento.

Sin embargo, frente al surgimiento de nuevas alertas sobre errores en el expediente presentado, relacionados a que los solicitantes invocaron los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) referentes a concusión y peculado que estaban derogados desde febrero de 2021, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó nuevamente al CAL para revisar lo aprobado un día antes.

El legislador Esteban Torres (PSC) dijo que están dentro del plazo establecido en la norma para calificar el pedido de juicio e inclusive para reconsiderar la moción y devolver el expediente a los proponentes para que completen a solicitud.

Sin embargo, el constitucionalista André Benavides comentó que para la Asamblea Nacional precluyó la atribución que tiene para pronunciarse respecto al trámite del juicio, pues tenía hasta el 20 de marzo para hacerlo, como lo determina el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La participación de la UTL con un informe debe ser tomado en cuenta dentro del plazo de los tres días.

El legislador Ricardo Vanegas (PK) también señaló que los plazos que tenía el CAL para calificar el juicio político en contra del primer mandatario precluyeron, pues al día 21 de marzo, el CAL se excedió del plazo; por lo tanto, “este juicio murió antes de nacer”.

Días en que la solicitud del juicio está en el CAL

(I)