Las investigaciones sobre narcotráfico realizadas por la Policía Nacional cuyo informe reposa en la comisión ocasional que investiga el caso denominado El Gran Padrino se iniciaron el 13 de mayo de 2021, antes de que el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, asumiera el cargo, según reveló el ministro del Interior, Juan Zapata.

Una segunda comisión legislativa entró este 22 de febrero a indagar al ministro del Interior, Juan Zapata, igualmente por El Gran Padrino. Esta vez la Comisión de Seguridad Integral pidió que informe por qué razón dispuso que dos oficiales de la Policía no acudieran a rendir su versión respecto a la investigación sobre supuestas vinculaciones con el narcotráfico.

Comisión ocasional que investiga el caso Encuentro tiene diez días más para elaborar informe

La presidenta encargada de la mesa, Patricia Núñez (UNES), dijo que preocupa a la Comisión de Soberanía que la comisión ocasional que analiza El Gran Padrino haya pedido la comparecencia de un teniente de la Policía Nacional, oficial José Luis Erazo, para que explique cuestiones respecto a la investigación que involucra a Rubén Cherres y a Danilo Carrera con la mafia albanesa. “Queremos saber por qué se les prohíbe comparecer ante la Asamblea”, reclamó.

La comparecencia del funcionario también se refirió a los casos de supuesta filtración del narcotráfico en las campañas electorales y, además, a la desconcentración de los servicios de seguridad ciudadana.

En su exposición, el ministro Zapata afirmó que no existe ninguna prohibición a los oficiales de la Policía, pero recordó a los legisladores que los oficiales de la Policía no son sujetos de control político, sino los ministros; sin embargo, no se les puede prohibir ni disponer que acudan al llamado, porque es un tema absolutamente voluntario.

En torno al informe sobre las investigaciones de narcotráfico que reposa en la comisión ocasional que investiga El Gran Padrino, Zapata pidió tomar en cuenta las líneas de tiempo, porque se trata de un informe que nace del 13 de mayo de 2021, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, no estaba en funciones.

Que el 21 de diciembre de 2021 se le pide al oficial a cargo del caso que envíe el primer parte para cerrar, porque no encuentran mayor evidencia para continuar la investigación; y el 12 de enero de 2022 se genera el impulso fiscal para establecer el informe definitivo y pedir al juez de la causa que cierre el caso por falta de sustento para mantener la investigación.

El 17 de febrero de 2022, la Policía envía a la Fiscalía, vía correo electrónico, el informe respectivo. Este informe, que tiene el carácter de reservado, tiene una investigación respecto a determinar quién filtró el documento, anotó el funcionario.

El asambleísta Rodrigo Fajardo (ID), integrante de la comisión ocasional que investiga El Gran Padrino, dijo que el informe ya está avanzado en un 80 % y que faltan algunas comparecencias para cerrar el proceso.

Admitió que hasta el momento de las investigaciones realizadas no se puede determinar que “haya una acción o que el presidente de la República haya dado una orden: no se ha encontrado”. “Estamos analizando por el ámbito, por la omisión, para poder determinar responsabilidad”, añadió.

Dijo que es verdad que la investigaciones de la Policía, según el parte policial, empezaron el 13 de mayo de 2021, antes que el presidente Guillermo Lasso asumiera el cargo; en ese sentido, están “analizando que esa problemática viene desde anteriores gobiernos y que aterriza en el de ahora”.

El legislador Ricardo Vanegas, del bloque Pachakutik, comentó que en el informe policial sobre las operaciones de inteligencia sobre narcotráfico, que está en custodia de la comisión ocasional que investiga El Gran Padrino, está claro que, luego de un proceso investigativo, no existe ninguna vinculación del presidente de la República, Guillermo Lasso, con grupos que tengan que ver con la mafia libanesa.

Agregó que quienes tienen experiencia en criminología concluirán que la Policía Nacional recibió una información reservada de que había la posibilidad de que produzca un delito de tráfico de drogas con la mafia albanesa, y empezaron a hacer seguimiento y la intercepción de llamadas; pero ese proceso de intercepción poco a poco fue disminuyendo, porque seguramente la mafia albanesa perdió interés por las personas con las que se reunía, ya que en los documentos transcritos en el parte no se habla de dinero ni de drogas.

El informe perdió el interés y la conclusión es que no hay nada en el informe que involucre al presidente de la República; y, si hubiese algo, ya el informe de la Policía habría alertado de posibles vinculaciones y hubiesen hecho operativos para detener a los involucrados.

Que el informe policial concluye: “Que se advierte mediante vigilancias y seguimientos, así como por información proporcionada por la Untiat, HD petrolero frecuenta otros ciudadanos y sus conversaciones se advierte más en temas políticos en búsqueda de posesionar a ciudadanos afines a su persona en el actual gobierno, no se observa ni comunicaciones ni tampoco reuniones con HD Albanés, HG Agrónomo, HD León, HD1, HD3 ni HD4, algunos de los cuales se desconoce su paradero (sic)”.

Además, el informe policial determina que la investigación se inició el 13 de mayo de 2021, cuando un fiscal autoriza la intercepción de llamadas.

Otro informe

El Frente Parlamentario Anticorrupción tiene listo el informe sobre el narcotráfico en el país y su filtración en sectores políticos, y demostrarán las estructuras criminales en negocios con el Estado y que nacen años atrás.

Fernando Villavicencio, integrante del Frente Parlamentario, explicó que la investigación realizada no nace de un caso de narcotráfico, sino de una presunta estructura de corrupción en el interior de las empresas públicas lideradas por Hernán Luque, y luego se descubren estos vínculos con Rubén Cherres, y posteriormente se descubren las vinculaciones narcodelictivas con el pasado y el presente.

Que ese proceso fue archivado por orden de dos generales de la Policía: Tannya Varela, la comandante general de Policía en ese entonces, y el jefe de Antinarcóticos, Geovanny Ponce, quien disuelve a través de un memorándum al equipo de investigación.

Villavicencio calificó de grave esa decisión, porque el propio jefe de Antinarcóticos, relacionado con el femicidio de María Belén Bernal, a quien el presidente Guillermo Lasso solicitó su disponibilidad y nunca se fue, es quien dispuso la disolución del equipo de investigación.

En el proceso de investigación, añadió Villavicencio, se confirmó que el presidente de la República conoció este documento en julio de 2021. (I)