Con observaciones de todas las bancadas, el proyecto de ley urgente de competitividad energética pasará a un segundo debate en la Asamblea Nacional, y en el debate los legisladores pidieron a la Comisión de Desarrollo Económico recoger las observaciones presentadas y que no sea un pasar el tiempo en el debate si se insiste en el texto inicialmente remitido por el Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, del sector del Gobierno, destacó que el proyecto busca impulsar la actividad energética como un pilar estratégico de la economía del país. Y si no se aprueba esta ley, advirtió, para el 2027 “seguiremos produciendo los mismos 28.864 gigavatios por hora”. Dijo que desde el 2021 ya existe un déficit y se estima que esta demanda ascenderá a 38.663 gigavatios hora.
En materia tributaria, Centeno dijo que esta ley urgente no significa un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos, por el contrario, trae incentivos y estímulos para hacer una transición a energía renovable y limpia; para ello, se propone que la importación de maquinaria agrícola tendrá 0 % de tasas arancelarias cuando use energía limpia, y se plantea el 100 % de deducciones en todos los gastos en un sistema de autoabastecimiento de energía renovable, con ello, cualquier empresa que autoabastezca de energía eléctrica podrá pagar menos impuesto a la renta.
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Igualmente, el proyecto plantea una y tarifa del 0 % del IVA, en todos los materiales y sistema de energía solar, esto incluye paneles, reguladores de carga, baterías y cableado.
Resaltó que la ley abre las puertas a la inversión privada a toda la cadena energética, esto es generación, transmisión y distribución de energía. Y esto es lo que mantiene en retraso al país, dijo.
La norma en debate prevé la simplificación de la tramitología y de la burocracia para invertir en la cadena energética, pues se devuelve la competencia a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Energía para emitir títulos habilitantes y permisos ambientales, pues actualmente en el Ecuador solo en permisos ambientales para proyectos de generación pueden tomar hasta cinco años, y la norma en debate pretende reducir a la mitad de la demora.
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Aclaró que con los cambios introducidos en la ley urgente no significará un incremento en la tarifa eléctrica, todo lo contrario, lo que se busca es dotar de energía a las 124.000 familias que no tienen energía.
El vicepresidente de la mesa de Desarrollo, Blasco Luna (RC), advirtió que su partido está de acuerdo en permitir la participación del sector privado en inversión de nuevos proyectos para generación, distribución y comercialización, pero se debe garantizar que se hará bajo la rectoría del Estado, y no al libre albedrío.
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En torno a las inversiones en nuevos proyectos hidroeléctricos, añadió Luna, se debe permitir la participación de gobiernos soberanos que pueden prestar el servicio a una menor tasa de interés y a largo plazo.
Esta ley no puede prestarse para un incremento en las tarifas de energía eléctrica y resaltó que esta ley no puede nuevamente garantizar la creación de zonas francas, en producción, distribución y comercialización de energía, la creación de zonas francas ya se aprobó en la primera ley urgente y no se apoyará este cambio.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz (RC), planteó siete observaciones al proyecto en las que resaltó que el Estado debe seguir con la rectoría en aspectos de distribución y servicio de alumbrado público, pidió revisar el texto referente a la tarifa de energía, porque la reforma plantea incentivos para quienes se autoabastezcan de este recurso, que en la práctica podría implicar que los industriales paguen menos por consumo de energía y que los hogares aumenten su tarifa.
Referente a la participación de la iniciativa privada en la comercialización y distribución de energía de manera excepcional, la legisladora Veloz dijo que se debe tomar en cuenta lo que dispone el articulo 316 de la Constitución, que establece el orden de prelación para la participación en el sector eléctrico; por lo tanto, primero debe analizarse la participación de empresas de economía mixta, y luego al sector privado.
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Su coideario Leonardo Berrezueta dijo que preocupa en la ley la inversión privada en materia de transmisión y distribución eléctrica, que se encamine en una excepcionalidad y que luego se constituya en una regla general, por lo tanto, se debe regular que la inversión privada tenga plazos y no más allá de seis meses.
El jefe de la bancada del PSC, Vicente Taiano, señaló que la ley genera incentivos interesantes para tener más alternativas en materia de generación, y que plantearán cambios, por ejemplo, en el no pago de intereses por servicio de energía eléctrica, pues el bloque cree que es importante ir más allá de las provincias de Esmeraldas y Manabí, se debería beneficiar al sector agropecuario.
Luzmila Abad, del movimiento Pachakutik, aclaró que esta ley permitirá recuperar cartera vencida y que esos recursos deberían invertirse en proyectos de transmisión y distribución de energía, y lo que se espera es que eso no represente un cambio en los precios de energía, peor aún que esta ley sea el paso a la privatización de la energía.
La representante de Morona Santiago indicó que hay que abrir una fiscalización a las empresas públicas relacionadas con la generación y distribución de energía.
Añadió que en medio de la crisis, en su provincia, se aprobaron dos concesiones para la generación de energía hidroeléctrica, pero eso no ha provocado desarrollo a la provincia porque sigue siendo una población con el más alto índice de desempleo y violencia con la mujer y la familia. (I)
