Los jueces provinciales Patricio Vaca Nieto (ponente), Patlova Guerra Guerra y Wilson Lema Lema integrarán el tribunal de Pichincha que revisará la apelación planteada por la Fiscalía contra la presentación periódica dispuesta para José Serrano y Xavier Jordán, ambos procesados como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El sorteo de ley se dio el 8 de octubre pasado, luego de que la jueza penal Luz María Ortiz revocara parcialmente el auto emitido por su antecesora en el caso Magnicidio FV, la magistrada Daniela Ayala, y diera paso al recurso de apelación interpuesto por la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos.

El pasado 1 de octubre, Ortiz, mediante una providencia, explicó que revoca parcialmente el auto de Ayala, el cual fue emitido el 11 de septiembre pasado, especialmente respecto al numeral cuarto, en el que se negó el recurso de apelación interpuesto por la fiscal Hidalgo contra la medida de presentación periódica dispuesta para Serrano y Jordán.

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En lugar de esa decisión, la jueza que reemplazó a Ayala en la causa ordenó que, una vez la Fiscalía apeló de manera oral la decisión que versa sobre las medidas cautelares, en la audiencia del 3 de septiembre pasado, se disponga que se remita de manera urgente el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para que conozca el recurso de apelación y resuelva lo que en derecho corresponda.

Siendo jueza del caso Magnicidio FV, Ayala negó, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra las medidas cautelares dispuestas para Serrano y Jordán. Las presentaciones periódicas ordenadas para ambos debían ser cumplidas en la delegación diplomática de Ecuador en Miami (Estados Unidos), lugar en el que están radicados los dos procesados.

De lo que se conoce, hasta el momento, Jordán se ha venido presentado una vez por semana en el consulado ecuatoriano en Miami, y de eso existirían las constancias respectivas. En cambio, Serrano no ha cumplido la medida, pues aún no se resuelve su situación migratoria en Estados Unidos, por lo que, desde el 7 de agosto pasado, permanece internado en el Centro de Procesamiento Krome, que es parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La jueza Romy Lerner tiene a cargo el caso en el que se deberá dilucidar cuál es el estatus migratorio de Serrano en Estados Unidos.

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La decisión de Ayala fue notificada tres días después de que se cerró el plazo para presentar la apelación y a los ocho días de que se inició una instrucción fiscal de tres meses por el asesinato, al estilo sicariato, cometido el 9 de agosto de 2023 contra el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye.

Además de José Serrano, exministro del correísmo, y el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán, la Fiscalía procesa por el delito de asesinato al exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y al condenado a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo.

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QUITO (25-02-2025).- Frente a la Fiscalía de Pichincha, familiares y amigos piden justicia por el asesinato del excandidato a la Presidencia Fernando Villavicencio. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Un día después de notificar su decisión, la jueza Daniela Ayala fue suspendida por tres meses sin sueldo con el voto favorable del entonces presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y la hoy exvocal Yolanda Yupangui. Solo la entonces vocal Solanda Goyes no apoyó esta resolución.

La suspensión contra Ayala se concretó el 12 de septiembre pasado, tras una denuncia interpuesta por el fiscal general encargado, Wilson Toainga, por una falta disciplinaria grave, contemplada en el numeral 1 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en la actuación de la jueza durante la audiencia de formulación de cargos, del pasado 3 de septiembre, contra los cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según Toainga, en la diligencia Ayala, como jueza, cuestionó la actuación de la fiscal Ana Hidalgo. Por ejemplo, dijo que “la Fiscalía no debía ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno”; es decir, “emitió opiniones y comentarios personales que se alejan totalmente de su rol y constituyen agresiones contra la representante de la institución”.

Con la salida de Ayala, la jueza Ortiz asumió la causa desde el 15 de septiembre pasado. Casi inmediatamente, la fiscal Hidalgo le solicitó que señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de sustitución de medidas cautelares personales dictadas en contra de José Serrano y Xavier Jordán.

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La defensa de Jordán solicitó que se revoque parcialmente la providencia con la que se dio paso a la apelación de la Fiscalía contra las medidas cautelares. La jueza Ortiz negó el pedido señalando que ya se había pronunciado sobre ese tema y que había fundamentado de manera precisa la decisión.

Por otra parte, la fiscal Ana Hidalgo está a la espera de que la jueza Ortiz defina una fecha para que en audiencia se escuchen los testimonios anticipados de dos personas que tienen información importante para la investigación que busca definir a los autores intelectuales del asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio.

Luego de casi un mes de abierta la etapa de instrucción fiscal, el 3 de septiembre pasado, la Fiscalía busca que se recepten los testimonios anticipados de Ronal Patricio H. R., exagente de investigaciones conocido con el alias de Jonathan, y de Marcelo Nicolás L. S., testigo protegido en el caso Metástasis y cercano al narcotraficante Leandro Norero cuando estuvo en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi.

Hidalgo fundamenta su pedido en lo referido en la norma respecto a que el juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio.

Justamente alias Jonathan, quien rindió versión el pasado 11 de septiembre y se encuentra en la denominada Cárcel 4, ha sido ingresado en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos manejado por la Fiscalía; mientras que el ecuatoriano Marcelo Nicolás L. S., que versionó el 25 de septiembre último desde el Consulado de Ecuador en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), se encontraría fuera del país, lo que imposibilitaría físicamente que comparezca a rendir su testimonio en una eventual audiencia de juicio.

“Esta Judicatura se encuentra realizando los trámites administrativos respectivos, en conjunto con la Coordinación de Gestión Procesal, para que se lleve a cabo la recepción del testimonio anticipado, debido a que se trata de un caso excepcional, en el que la comparecencia en la cámara de Gessel no es factible. Por lo que, una vez coordinada la diligencia solicitada, se resolverá su petición conforme derecho”, respondió ante el pedido Ortiz. (I)