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Lo que se viene en el concurso de Contralor General que organiza el Consejo de Participación Ciudadana

Para el concurso de Contralor se inscribieron 117 personas, y para el de Defensor Público, 54, según datos del CPCCS.

Fachada del edificio de la Contraloría General del Estado en Quito. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

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Ciento diecisiete personas se inscribieron para participar en concurso para contralor general del Estado que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Para el concurso de Defensor Público, en cambio, se registraron 54.

La información fue confirmada esta mañana por el presidente del organismo, Hernán Ulloa, en su cuenta de Twitter. “Hicieron todo para que fracasen los concursos, pero la ciudadanía confía en nosotros”, comentó.

Ulloa informó que se presentaron, en el primer caso, 201 formularios de inscripción, pero quedaron en firme 117. Son 22 mujeres y 25 hombres. En el segundo caso, se presentaron 102 formularios y se oficializaron 54; 10 son mujeres y 40 hombres.

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Los nombres de los aspirantes no se hicieron públicos. Han trascendido algunos, como el del exsecretario del Consejo de Participación Transitorio Darwin Seraquive; o el exdirigente del partido Sociedad Patriótica y microempresario Raymundo Ycaza, que van por la Contraloría.

Ulloa dijo a este Diario que las Comisiones Ciudadanas de Selección -conformadas por el CPCCS- que llevan adelante los concursos serán las que divulguen la información definitiva, que podría cambiar cuando lleguen datos de las embajadas de Ecuador en el exterior.

En el caso del concurso del Contralor, una vez cerrada la etapa de postulaciones, el 2 de diciembre próximo arrancará la fase de admisibilidad, que consiste en la revisión de los expedientes de los candidatos para verificar que cumplan con los requisitos legales y que no estén incursos en inhabilidades y prohibiciones. Esto terminaría el 15 de diciembre.

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Luego, hasta finales de diciembre habrá una fase de reconsideración a la que pueden aplicar aquellos que resulten inadmitidos. Con esos resultados, se prevé que el 11 de enero del 2023 se elabore el informe de postulantes admitidos y se aprobaría la resolución.

La siguiente etapa será la calificación de méritos, que se iniciaría el 16 de enero y se extendería hasta el 27.

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El 6 de febrero se prevé empezar con la organización del examen de oposición y oral, para lo que se convocará a las universidades a proponer los académicos que elaborarán los cuestionarios y los casos hipotéticos sobre los que los participantes resolverán de forma oral.

Entre febrero y marzo se avanzaría en procesos administrativos para preparar estos exámenes y el 27 de marzo se convocaría a los candidatos a rendir el examen escrito.

El 3 de abril rendirían el examen práctico y al siguiente día se publicaría el informe de calificaciones. El 10 de abril se recibirán los pedidos de recalificación, para once días después, es decir el 21 de abril, se elaboraría el informe final de calificación de méritos y exámenes y se lo enviaría al pleno del CPCCS para que resuelva sobre esto y convoque a la etapa de escrutinio público, cuyo objetivo es que la ciudadanía objete a los participantes por falta de probidad e idoneidad para ocupar ese cargo.

El 24 de abril se abriría la convocatoria a impugnaciones, las que serán resueltas por la comisión ciudadana y por los vocales del Consejo.

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Aquellas impugnaciones que sean aceptadas se sustanciarán en audiencias públicas desde el 9 de mayo, en las que los impugnantes e impugnados presentarán sus pruebas de cargo y descargo.

El 25 de mayo se conocería el informe final de impugnaciones, en el que se determinará cuáles son aquellos ciudadanos que serán descalificados y los que pasan a la fase final.

Con ello, el 26 de mayo se elaboraría el informe final de calificaciones de méritos y de los exámenes orales y escritos y la resolución sobre las objeciones ciudadanas.

Este documento se enviaría al pleno del Consejo de Participación para que el 29 de mayo se determine la puntuación final de todos los candidatos que hayan superado las diferentes fases y de esta forma se resuelva cuál es el candidato que obtuvo la más alta calificación y se proceda con la designación.

El 30 de mayo se remitiría dicha resolución a la Asamblea Nacional para que convoque a la nueva autoridad a posesionarse y empiece su periodo de cinco años, como lo determina la Constitución.

Los concursos de estas autoridades se desarrollan en medio de una crisis política en el CPCCS. Los vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, pero un juez constitucional otorgó una medida cautelar -dentro de una acción de protección- que suspendió los efectos de la decisión legislativa. (I)




Redacción
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