Los decretos ley que suscriba el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante este periodo en el que gobernará sin la intervención de la Asamblea Nacional se enmarcarán únicamente en materia económica, como lo determina el artículo 148 de la Constitución.

Tras la disolución de la Asamblea Nacional, resuelta por el presidente Lasso este 17 de mayo, el artículo 148 de la Carta Política le permite gobernar con decretos ley de urgencia económica que previamente deben ser revisados por la Corte Constitucional (CC) para calificar su constitucionalidad.

En esa línea, el ministro del Gobierno, Henry Cucalón, aclaró este miércoles 17 de mayo que la Constitución determina que los decretos leyes solo son de emergencia de económica y se deben circunscribir a esa materia.

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“Siempre deben estar en esa legislación. Deben limitarse a la materia económica. La Corte debe emitir un dictamen de constitucionalidad sobre proyectos económicos. Por ejemplo, no podríamos presentar reformas penales”, refirió Cucalón en declaraciones de prensa.

El ministro detalló que la decisión del presidente Lasso de disolver la Asamblea Nacional obedeció al “sentido de oportunidad y conveniencia” que fue motivado en el decreto 741.

Reiteró que este acto de gobierno se amparó en la Constitución y está “protegida por el ordenamiento jurídico”.

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Ello, frente a recursos constitucionales que están llegando a la sede de la Corte Constitucional para impugnar el decreto de disolución.

“Que se presenten recursos y demandas, las que deben ser canalizadas por la institucionalidad del país. Se debe convocar a elecciones anticipadas en hasta siete días y lo lógico sería que los actores políticos estén presentando sus propuestas para mostrar que sus alternativas son mejores”, dijo.

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Cucalón apuntó a los exasambleístas que hasta este martes 17 de mayo ocuparon una curul en el Parlamento como los “enemigos públicos número uno de Ecuador que durante cinco meses se metieron en esta trama. Generaron tal nivel de caos porque nunca les importó el país creando un manto de impunidad”.

Frente a las implicaciones en el ámbito económico de esta medida presidencial, Cucalón aseveró que a los exlegisladores “nunca les importó el país, sino saciar venganzas personales. Nunca les importó la economía. Pero, una vez que se consolide esto va a haber muchísimas certezas”, indicó.

Con la disolución de la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones nacionales para elegir a asambleístas y presidente de la República para lo que resta del periodo. Es decir, hasta mayo del 2025.

Con ello, los temas legislativos que quedan pendientes los tratará la nueva Asamblea que se instale luego de estos comicios. En ese ámbito, según Cucalón, la ratificación del acuerdo comercial con China deberá esperar el pronunciamiento de la nueva Asamblea Nacional.

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Cucalón narró que durante este miércoles, el Gobierno mantuvo reuniones continuas con su gabinete y con el Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador y descartó que por el momento se esté pasando revista a cambios de ministros. (I)