El buró político del Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático (Mover, lista 35) agotará los recursos legales para mantener la personería jurídica y garantizar su existencia frente a la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar el proceso de cancelación por no contar con el umbral de votación que dispone el Código de la Democracia.

A finales de diciembre del año pasado, el pleno del Consejo Nacional Electoral dio inicio al proceso de cancelación de Mover por no cumplir los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 327 del Código de la Democracia, respecto de los porcentajes de votación para mantener su inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas.

La norma señala que, «si las organizaciones políticas de ámbito nacional no obtienen el 4 % de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional; o, al menos, tres representantes a la Asamblea Nacional; o, al menos, el 8 % de alcaldías; o, por lo menos, un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país», incurren en una causal para su cancelación.

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De acuerdo con el examen que se aplicó a Mover, no cubrió esos porcentajes en los dos últimos comicios consecutivos: las elecciones generales del 2021, en las que obtuvieron un porcentaje de votación pluripersonal de 2,9347 % y ningún asambleísta.

En las elecciones seccionales de febrero del 2023 tuvo el 3,7952 % de votación y cuatro alcaldías, por lo que «no cumple» lo establecido en la norma.

La presidenta de Mover, Fátima Campos, calificó de «apurada» la decisión del órgano electoral y aseguró que se defenderán de intereses políticos que estarían detrás de extinguirlos.

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En su opinión, existiría una contradicción en lo resuelto por el Consejo, porque, si estaban analizando iniciar la cancelación, ¿por qué les permitieron participar en los comicios anticipados presidenciales y legislativos de agosto y octubre del 2023, en los que, en alianza con el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), cobijaron la candidatura presidencial de Daniel Noboa Azín?

El asambleísta Jonathan Parra (ADN) y militante de Mover apuntó a que tras esta acción hay «dos mafias o grupos de poder» a los que prefirió no identificar por temor a represalias. Quizás cuando recurran con un recurso judicial ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podría dar los nombres de esas dos estructuras, dijo.

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Parra afirmó que esgrimirán en su defensa los resultados de las últimas elecciones anticipadas para mantener su registro. Esto, pese a que el CNE aprobó un reglamento específico para el desarrollo de ese proceso electoral, en el que determinó que no se contabilizarían los resultados de esa votación para los cálculos de votación y la entrega del Fondo Partidario Permanente, contemplados en los artículos 327 y 355 del Código electoral.

Justificó que el CNE sí cambió la regla sobre la paridad de género para que los binomios presidenciales sean hombre-mujer o viceversa, por lo que esa misma regla podría aplicarse a la agrupación antes llamada Alianza PAIS (AP).

«Esperamos que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral respondan sin presiones políticas. Aquí hay un direccionamiento… Sabemos que estamos peleando en contra de poderes», cuestionó Parra.

El secretario, René Espín, recalcó que «no renunciarán» a interponer acciones legales para defender a su organización, pues creen en “proyectos políticos”; además, reconoció que en los comicios del 2021 no alcanzaron el porcentaje de votación, aunque —según su criterio— en las seccionales del 5 de febrero tuvieron el 4 % de votación requerido por la ley. (I)

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