Nueva mayoría se agrupa en el Consejo de Participación Ciudadana para preparar la designación del vocal del Consejo de la Judicatura

Una nueva mayoría de seis contra uno se conformó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con un fin: designar a un nuevo vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela.

Este 31 de agosto, seis miembros del Consejo de Participación Ciudadana sintonizaron con la sustanciación del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura que empezará en la Asamblea Nacional, por lo que buscan preparar los mecanismos legales para instalar una sesión y conocer la terna que envió el presidente de la Corte, Iván Saquicela.

Con ello, Hernán Ulloa, quien preside por el momento el organismo, se quedó sin el respaldo de tres de sus colegas con los que hacía mayoría desde febrero pasado: María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Al contrario, los tres consejeros se reunieron con quienes eran sus oponentes: Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, y emitieron un comunicado pidiendo sesionar para conocer la terna e iniciar el proceso de selección.

Este suceso ocurrió a propósito de una sesión que debía producirse este miércoles, pero que Ulloa suspendió.

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En un hecho poco habitual, en el salón de sesiones en Quito estuvieron presentes los seis consejeros. Solo Ulloa no asistió, y envió a la secretaría general un oficio en el que notificó que se encontraba atravesando una calamidad doméstica y no podría acudir para instalar la plenaria.

Los otros seis vocales se quedaron por unos minutos en la sala tomándose fotografías y bromeando, hasta que por iniciativa de Javier Dávalos fueron a su despacho para tomar una resolución.

Minutos después, publicaron un comunicado conjunto en el que pidieron a Ulloa sesionar para conocer la terna remitida por Saquicela.

Iván Saquicela remitió el 19 de agosto una segunda nómina de candidatos para que se elija a su delegado ante el Consejo de la Judicatura y lo presida, conforme el artículo 179 de la Constitución. Esta terna está compuesta por Maritza Romero Estévez, Antonio Tello Sarmiento y Fabiola Gallardo Ramia.

El documento exige al CPCCS nombrar a su vocal debido a que el juicio político que se sustanciará en el Legislativo podría terminar con la destitución y censura de Fausto Murillo, presidente (e) de la Judicatura; Maribel Barreno y Juan José Morillo; y la censura de María del Carmen Maldonado, que renunció a esa función.

De acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, la Judicatura se compone por cinco vocales, delegados de ternas que remitan cinco instituciones del Estado: la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante la presidirá.

Esta es la segunda vez que el titular de la CNJ envía su terna. La primera vez lo hizo en mayo, cuando postuló a Alberto Ordóñez Aray, Paola Jarrín Aldaz y Andrés Valencia Arévalo. El proceso de selección no comenzó y Saquicela retiró su propuesta reclamando la falta de voluntad del Consejo de Participación Ciudadana para proceder.

La semana anterior, Ulloa preveía someter al debate de los consejeros el conocimiento y el posible inicio de la elección del delegado de la CNJ ante la Judicatura. Pero la sesión no se instaló.

Su criterio personal es que se espere una respuesta de la Corte Constitucional (CC) a una acción extraordinaria de protección que planteó el vocal suplente de la Judicatura Álvaro Román, quien demanda ser principalizado y asumir la presidencia, luego que María del Carmen Maldonado renunció.

Ulloa argumenta además que existe un fallo que blindó la designación de varias autoridades de control del Estado, entre ellas las de la Judicatura, y que realizó el extinto CPCCS de Transición, por lo que no sería viable nominar nuevas autoridades.

En todo caso, en el interior del CPCCS no se descarta que los seis consejeros que están en la mayoría se autoconvoquen y apelen la presidencia de Ulloa para conocer la terna de Saquicela.

Esto, en un contexto en el que los consejeros Rivadeneira, Bravo y Estupiñán enfrentarían un juicio político en la Asamblea Nacional, que fue aprobado en la Comisión de Fiscalización el lunes último; a lo que se suma que los tres buscan ser reelegidos en sus cargos en las elecciones seccionales de febrero del 2023, que organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Si el juicio político se sustancia, los tres consejeros —incluido Hernán Ulloa, quien no se inscribió como candidato a la reelección— podrían ser destituidos y censurados, cuya sanción es la prohibición de ejercer cargo público por dos años. (I)