Con la claridad de que estará en el cargo muy temporalmente y de que no podrá cambiar nada sin el apoyo de los restantes cuatro vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) llegó, la mañana de este miércoles, a ocupar el cargo de presidente temporal de la Judicatura Álvaro Román Márquez.

Hace dos días, el pleno de la Corte Constitucional (CC) declaró por unanimidad el “incumplimiento deliberado y sistemático” de la sentencia dada para nombrar al presidente titular del CJ, decidió destituir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y ordenó que hasta que el órgano competente nombre a uno de los candidatos de la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Román Márquez debía ser posesionado como presidente temporal del CJ.

A su llegada al edificio matriz del Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito, Román Márquez señaló que siempre ha sido respetuoso del ordenamiento jurídico vigente y el objetivo de presentar las acciones constitucionales fue justamente para defenderlo.

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Resaltó que su gestión estará basada en cuatro ejes: la capacitación y el fortalecimiento de la gestión de los jueces; trabajar en profundizar la perspectiva de género, es decir, avanzar en la sensibilización de los funcionarios que atienden a la víctimas de violencia de género y revisar la infraestructura; la modernización de la entidad, la revisión del sistema de citaciones y el expediente electrónico; y la transparencia y la lucha contra la corrupción.

“El CJ solamente es un complemento administrativo y disciplinario de la Función Judicial y nosotros deberíamos cambiar el imaginario y no hablar del Consejo de la Judicatura como la institución insignia, sino de la Función Judicial. Desde que se inició el CJ siempre tratan de poner en los edificios el nombre Consejo de la Judicatura, y que los funcionarios, jueces y todos entiendan, ellos no pertenecen al CJ, pertenecen a la Función Judicial. Una de las funciones del Estado no es el CJ, la función es la Función Judicial”, refirió el flamante titular de la Judicatura.

Álvaro Román entiende que él no puede entrar en el CJ y decir que por ser el presidente va a cambiar todo, sino que tiene que someterse un poco a la normativa y a la estructura que se tiene ya establecida. Piensa que la prepotencia debe eliminarse para poder llevar no una relación tensa, sino armónica por la institución.

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Respecto del cambio de directores provinciales y nacionales, en principio el nuevo presidente del CJ les da un voto de confianza a los actuales funcionarios, pero aclara que todos serán evaluados y luego de ese análisis deberán ser retirados de esos cargos si no han cumplido las metas y los objetivos definidos.

En esa línea recordó que existe malestar con la directora provincial del Guayas, por lo que cree que si hay algún problema habría que evaluar a esa directora y a cualquier otro director.

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“Existen muchas expectativas con mi posesión, el gran problema es que si esperan que yo pueda transformar todo esto, no puedo, porque yo soy un voto en el pleno. Son cinco votos en el pleno y de los cuales yo debería tener el apoyo de los otros cuatro para tratar de cambiar esto. Si no tengo el apoyo no puedo transformar”, explicó, y dijo que se deben limar asperezas dentro del pleno del CJ y tratar de trabajar por objetivos fundamentales: fortalecer lo que está hecho, criticar y encontrar los errores que se detecten para poder transformar la institución.

Ante la gran preocupación ante decisiones cuestionadas de jueces como, por ejemplo, Ángel Lindao, de la jurisdicción de La Concordia, el presidente Román Márquez dijo que está por convocar a un pleno del CJ para conocer el informe y la denuncia que ha presentado la Fiscalía General para que se proceda a la suspensión de este juez. Justamente, un día antes, el presidente saliente, Fausto Murillo, anunció que existía ya un informe estructurado respecto al juez Lindao y que solo se esperaba para tratarlo que Román Márquez, como nuevo titular, convoque a una reunión.

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Sobre que hay estas alertas de que jueces tramitan medidas cautelares que las desnaturalizan, Román Márquez cree que se debe capacitar a los funcionarios del sistema penitenciario, pues piensa que no toda sentencia en definitiva de los jueces se debe cumplir, porque no sería una orden de autoridad legítima, orden de autoridad competente.

“Una orden legítima tiene que tener todo revestido desde el punto de vista legal y constitucional. Si a mí me llega una resolución y veo la desnaturalización de la acción constitucional, no procede la acción cautelar cuando yo tengo una sentencia ejecutoriada y hacen esta situación de ponerlo en libertad, el sistema penitenciario no debería acatar esa orden, así sea una orden del juez constitucional. Es decir, no estamos en ese momento desacatando una orden judicial, sino más bien estaríamos creando malos precedentes y malas prácticas, porque hay abogados que abusan y buscan justamente estos jueces que están regados por toda la república”, anotó.

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Román Márquez considera que el 80 % o 90 % de los jueces del país son buenos y a ellos, apunta, se los debe respaldar. Pese a ello reconoce que siempre habrá ese gran problema de tener ciertos jueces que abusan y tratan de aprovecharse de los vacíos. Para enfrentar este tipo de corrupción, anunció que se trabajará para sensibilizar a la ciudadanía de que debe denunciar cuando exista cualquier tipo de error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. (I)