A representantes de organizaciones civiles y no gubernamentales les causa preocupación una estrategia de la Secretaría de Integridad Pública, que establece ciertos parámetros para su funcionamiento, porque consideran que podría dar cabida a intervenciones y limitaciones por parte del Gobierno al trabajo que realizan. Además, critican que la iniciativa no fue previamente consultada ni divulgada para su elaboración.

Señalan que el contenido es ambiguo, poco preciso, podría dar paso a interpretaciones subjetivas y hasta derivar en decisiones arbitrarias de las autoridades.

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Se trata de la Estrategia de Integridad para las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que fue presentada el 18 de junio y se publicó en el Registro Oficial el 8 de julio.

Su presentación estuvo a cargo de José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, quien destacó que el texto no solo representa un “hito en la lucha contra la corrupción”, sino que refuerza el compromiso con la transparencia y la ética, “no solamente desde las administraciones públicas, sino también organizaciones que desde la sociedad civil suman esfuerzos para mejorar lo público”.

El documento contiene 17 páginas. Aborda valores para el servicio público y principios institucionales de integridad pública (que también abarcan a la sociedad civil y afines).

Señala que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) “suelen recibir un estatus especial”, que incluye beneficios tributarios, como exención de impuestos, así como acceso a contratos públicos. Su financiamiento también proviene de fondos de empresas o particulares.

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La estrategia apunta que “el gobierno, las empresas y el público en general esperan que las OSC actúen en alineación con su misión, demuestren integridad y sean dignas de confianza, y que muestren una conducta ejemplar en toda la organización. Por lo tanto, la integridad pública no solo es una preocupación para los gobiernos y las empresas, sino que también es clave para garantizar la legitimidad de las OSC”.

El tema que llama la atención, y preocupa, es el apartado sobre doce “acciones estratégicas” que deben cumplir las OSC y las ONG. Las organizaciones deben presentar un informe de rendición de cuentas una vez al año; si no lo hacen, corren el riesgo de perder su personería jurídica.

A criterio de los voceros consultados por este Diario, son enunciados generalistas que pueden dar cabida a “abusos del poder estatal”.

Las doce acciones estratégicas son promover la justicia y la igualdad; fomentar el ejercicio de los derechos de la mujer y la equidad de género; trabajar por un planeta sano; un cambio positivo duradero; trabajo basado en las personas; fortalecimiento de alianzas; incidencia para cambios estructurales; apertura organizacional; empoderamiento y eficacia del personal; manejo de los recursos; toma de decisiones de manera receptiva; y, liderazgo responsable.

Se establece una definición por cada estrategia y se mencionan “algunas acciones específicas” que deberían ejecutar las organizaciones.

Por ejemplo, en el punto sobre “un cambio positivo duradero” se describe que las organizaciones deben ponen en práctica estrategias a largo plazo, con un “enfoque inclusivo y a largo plazo, que aborde las principales causas de los problemas actuales y se centre en el logro de impactos sostenibles”. Esto “contribuirá a aumentar la confianza en las OSC y su legitimidad”.

Asimismo, en “incidencia para cambios estructurales” se señala como una acción específica que las organizaciones usan diversas estrategias, “como la presión de la gente, la sensibilización, la movilización de la opinión pública, el asesoramiento experto, el trabajo en red, el cabildeo y otras”.

A continuación de las doce accione se establece la “propuesta para el seguimiento, monitoreo y evaluación”. La Secretaría de Integridad, con el apoyo del Ministerio de Gobierno y las entidades rectoras que trabajen con las OSC y las ONG, se encargará del monitoreo de forma periódica, para lo cual empleará una “herramienta” que medirá las “acciones, indicadores y metas”.

Se advierte que en caso de no cumplimiento de las acciones establecidas en el texto, la Secretaría de Integridad dejará constancia en un reporte anual, “perjuicio de las medidas administrativas, civiles y penales a las que hubiera lugar”.

En el evento de presentación de la estrategia estuvo presente la directora ejecutiva de Grupo Faro, Gabriela Suárez, quien, según un boletín de prensa, “resaltó el compromiso que tienen las organizaciones de la Sociedad Civil para seguir trabajando en el fomento de una práctica ética y transparente, con el fin de obtener confianza para ser actores críticos, cuestionadores y demandantes de una ética pública”.

Este Diario buscó un pronunciamiento de Suárez, porque la Secretaría promocionó que la estrategia se construyó con el aporte del Grupo Faro; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Las alertas

César Ricaurte, director de Fundamedios; Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH); y, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), cuestionan la iniciativa gubernamental porque podría limitar el derecho a la libertad de asociación.

Los tres observan que, tal como está, la estrategia podría ser un instrumento para interferir y limitar a las organizaciones, como lo pretendió hacer en su momento el gobierno de Rafael Correa con la emisión de los decretos 16 y 739, de los años 2013 y 2015, respectivamente, que fueron observados por organismos internacionales y luego derogados en 2017 por Lenín Moreno.

Además, puntualizan que existen parámetros de control en diferentes instituciones y niveles burocráticos –sin contar a los órganos internacionales cooperantes– a los que deben reportar periódicamente las organizaciones, para rendir cuentas de sus actividades, fuentes de financiamiento y uso de los recursos. Si hay fallas en esos controles, lo pertinente es corregir y mejorar, pero no imponer una estrategia que al no ser consultada resulta inconstitucional.

Ricaurte comenta que es legítimo que desde el Ejecutivo haya preocupaciones por fundaciones que podrían estar siendo utilizadas por el crimen organizado o por corruptos, para tratar de lavar dinero. Sin embargo, por esa misma razón, dijo, se tienen que reforzar los controles, mas no implantar una política ambigua y desconocida por los actores del sector.

Por otro lado, opina que “va a ser muy difícil, sino imposible”, para varias organizaciones reportar el cumplimiento de las doce acciones estratégicas, porque existe una amplia variedad de OSC y OGN que se dedican a diversos campos.

También considera que “es muy abierto y ambiguo” el sistema de monitoreo que se plantea, porque “podría derivar en la intervención del Estado en las actividades de la sociedad civil”.

Para Billy Navarrete, de la CDH, la estrategia de la Secretaría de Integridad se asemeja en el fondo al decreto 16 de Correa. “Vemos que ahora se actualiza esa intención de controlar, por parte del Estado, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, expresa.

Señala que hay “varios temores” por la “discrecionalidad” que podría ejercer de la autoridad del Gobierno para “suspender y censurar” a las OSC.

“Las organizaciones son deliberantes y esa condición es parte del derecho a la libertad de asociación. No siguen un menú de disposiciones del Gobierno, cualquiera que sea su tendencia”, comenta.

El director de la CDH aboga por la derogatoria de la estrategia o que, como mínimo, se suspenda su vigencia hasta que exista un verdadero diálogo con las OSC y las ONG.

Por su parte, Marcelo Espinel dice que la situación con las organizaciones es un tema que no se ha resuelto por varios años y que la nueva estrategia del Gobierno tampoco abona en buscar una solución, sino que “aumenta aún más las alertas al respecto de las limitaciones que pueden darse al trabajo de las organizaciones”.

Espinel apunta que se debe eliminar la estrategia de la Secretaría de Integridad, ya que la situación debe resolverse a través de una ley, “no solo porque lo determina la Constitución”, sino porque existen recomendaciones de otros países en cuanto a la importancia de que Ecuador posea una ley que regule a la sociedad civil, “no mediante una política pública, ni mediante un decreto ejecutivo”, lo cual es inconstitucional.

Menciona que en la Asamblea Nacional está listo para ser votado en segundo debate un proyecto de ley de la sociedad civil, que ha sido discutido los últimos cuatro años. “Es la única forma en la que el Estado ecuatoriano podría estar cumpliendo con lo que han determinado organismos de derechos humanos”, dice.

Al respecto, Ricaurte tiene sus reparos sobre ese proyecto y señala que merece ser analizado con más cuidado.

Respecto de la estrategia, el vocero de Fundamedios cuenta que, a propósito de las preocupaciones, la semana pasada él y un representante de la fundación Diálogo Diverso tuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Integridad. Ricaurte indica que los servidores ofrecieron definir una hoja de ruta para empezar un proceso de diálogo con las organizaciones. (I)