NOTICIAS

Publicidad

Pablo Celi asegura que en el caso Las Torres es ‘víctima de una confabulación penal fraudulenta’ y de un ‘fraude premeditado, políticamente conducido’

El excontralor Pablo Celi es una de las once personas a las que se les inició el 4 de abril pasado una audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada.

QUITO (22-11-2022).- En la Corte Nacional de Justicia, el excontralor Pablo Celi ingresó a la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres para rendir su testimonio como parte de su defensa. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Publicidad

Actualizado el 

“Soy víctima de una confabulación penal fraudulenta impulsada por la fiscal general del Estado (Diana Salazar)”, “soy víctima de un fraude premeditado, políticamente conducido, orientado a mi proscripción como autoridad de control, a la intervención sobre la Contraloría General del Estado (CGE), a echar abajo las decisiones que tomé como autoridad de control para ordenar el uso de los recursos públicos del Ecuador en circunstancias en donde el país atravesó una crisis institucional significativa”.

La primera hora y media del testimonio rendido este martes 22 de noviembre por el excontralor Pablo Celi, uno de los once llevados a juicio por el delito de delincuencia organizada, como parte del caso Las Torres, giró en torno a ese argumento de que él jamás debió ser uno de los acusados, sino que tuvo que ser visto como una víctima de la clara intencionalidad y el cálculo político destinado al condicionamiento del control institucional al que se ha sometido el país precisamente después de su detención.

El testimonio de Celi fue uno de los medios de defensa utilizados por el abogado que lo representa, Marcelo Ron, para reforzar su teoría de que su cliente es inocente y una víctima de situaciones políticas. Ron en cinco días evacuó la prueba testimonial y pericial propuesta (quince personas) y expuso cerca de 30 pruebas documentales, de las cuales tres fueron rechazadas por la Fiscalía por no cumplir con los requisitos.

Publicidad

Fiscalía probará que en el caso Las Torres existió un ‘grupo organizado’ para desvanecer glosas y obtener beneficios económicos; la defensa de Pablo Celi habla de persecución política

“Yo reitero mi absoluta inocencia y mi no participación en los hechos que se me atribuyen, no tienen ninguna vinculación probada más allá de especulaciones malévolas. (...) Como contralor del Estado actué siempre en función a la ley expresa y al cumplimiento del debido proceso. (...) Jamás he solicitado ningún tipo de favor, dádiva ni mucho menos beneficio económico por decisiones que deba emitir la CGE”, aclaraba un molesto Celi.

El excontralor descartaba cualquier manipulación en los procesos de desvanecimiento de glosas, asegurando que la institución que dirigió está sujeta a sistemas informáticos y físicos de control documental. Refirió que ninguno de los procesos depende de su sola disposición y además les dijo a los magistrados que él se enteró de los hechos que se tratan en este expediente ya siendo procesado y no con anterioridad.

“Si ustedes, magistrados, me preguntan por los hechos, los conozco exclusivamente en los términos de este proceso. Cuando me detuvieron en un acto atropellador, abusivo e ilegal, no tenía ninguna idea de la mención que se hacían a asuntos de Petroecuador, de los que yo no tenía conocimiento ni relación alguna”, mencionó.

Publicidad

Para la fiscal Diana Salazar en este caso existe un “grupo organizado y estructurado” que operó a través de la CGE, la Secretaría de la Presidencia y la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.

“Cuando el interés propio reemplaza al servicio público, la sociedad colapsa bajo el peso de la corrupción”, señaló Salazar en la exposición de los alegatos de apertura de este caso que está en manos de un tribunal de juicio integrado por el juez Walter Macías, presidente de la Sala, y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, todos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Publicidad

Salazar señaló que la Fiscalía buscará la condena justa para hechos delictivos cometidos con la conformación de un grupo estructurado integrado por trece personas con características especiales, como el ser funcionario público en tres instituciones estatales: la CGE, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República, y con personas particulares que en su mayoría mantenían vínculos familiares y relaciones de amistad con quienes lideraban el grupo delictivo.

La Fiscalía ha insistido en que en el ejercicio de mando y liderazgo se encontraban el excontralor subrogante Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Según la institución acusadora, Pablo Celi supuestamente recibió $ 500.000 y a Flores en efectivo se le habrían entregado $ 40.000.

Defensa de Pablo Celi aspira a que el caso China CAMC se acumule a la causa en juzgamiento Las Torres; el miércoles se reinstala la audiencia por el delito de cohecho

A Celi el tribunal de juzgamiento no le permitió usar documentos para exponer su testimonio y eso, para el exfuncionario público, le significaba que se lo estaba tratando con desigualdad. El excontralor pretendía hacer uso de anotaciones hechas a lo largo de toda la audiencia de juzgamiento a la que ha asistido de manera presencial. La etapa de juicio en este caso se instaló el 4 de abril pasado.

Mercelo Ron señaló al final de la primera parte del testimonio de Pablo Celi que lo que su cliente está haciendo es sacar a relucir la verdad procesal, está demostrando “cómo la Fiscalía montó este caso y cómo armó un proceso en menos de 24 horas, cómo alteró documentos para detener a Pablo Celi y luego todo lo que ha venido haciendo a continuación para poder mantener este juicio”.

Publicidad

Para el abogado, muestra de todo lo hecho por la Fiscalía es el uso dado a la cuenta institucional de Twitter “para falsear la verdad, para enviar información tergiversada a los medios y de esta forma causar una sentencia mediática que no se compadece con la verdad procesal”.

Celi al igual que su abogado consideran que quienes están como testigos protegidos en este caso son los verdaderos autores de la delincuencia organizada. A quienes se refieren es al exasesor de Petroecuador Raúl De la Torre, al empresario inmobiliario Roberto Barrera y al accionista de la empresa Nolimit José Luis De la Paz, todos condenados en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador.

José Luis De la Paz incluso en su testimonio en Estados Unidos dice que desde el año 2012 ya venía pagando coimas en Petroecuador, es decir, es una organización que ya venía dándose en el tiempo. Hay delito, pero Pablo Celi no tenía ningún conocimiento de los hechos”, expresó al respecto Ron.

Quito 21de noviembre 2022. Los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa integran el tribunal de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada, caso conocido como Las Torres. API - DANIEL MOLINEROS Foto: API

El excontralor Celi recordó que en este caso se ha hecho uso de una investigación penal que no le corresponde. “Aquí ni ha existido una investigación contra Pablo Celi como corresponde como autoridad. Se ha usado de manera absolutamente engañosa una investigación sobre otro delito: lavado de activos, sobre otras personas: dos delincuentes confesos sentenciados ya en Estados Unidos. Respecto de esta investigación que luego se usa para acusarme, nunca fui informado de la realización de esta investigación en el sentido inculpatorio a Pablo Celi”.

En la segunda parte del testimonio, la cual duró más de dos horas, Pablo Celi inició explicando que no tenía ningún tipo de relación, ni conocía a ninguno de los restantes porcesados, obviamente exceptuando de ello a su hermano Esteban Celi.

Ya en la parte del interrogatorio, de la cual no quisieron ser parte los abogados del resto de procesados, la fiscal Diana Salazar realizó varias preguntas respecto a información sobre conversaciones por chat, documentos, entre otros, que era parte del expediente y habían sido ubicados en el teléfono personal del excontralor.

En un inicio Celi señaló que respondería a todas preguntas que se le hagan e incluso recordó haberle indicado a su abogado que no se opusiera a ningún cuestionamiento que se haga. Eso cambió en un punto del interrogatorio, ya casi en la parte final, pues el excontralor indicó que no iba a reponder ninguna pregunta que tenga que ver con chats en su teléfono personal, porque, desde su perspectiva, estaban “fuera del pedido, no tenían que ver con el tema y estaban siendo usados incriminatoriamente”.

“Si se iban a usar los chats de mi teléfocno, la fiscal (Diana Salazar) debió desmaterializar también los chats que ella mantenía conmigo, donde sí existen pedidos específicos también”, explicó Celi poco antes de que concluya el testimonio en el que reconoció que su hermano Esteban Celi lo visitaba “ocasionalmente” en las oficinas de Contraloría, pero que eso tenía que ver con el período de agonía de su madre.

Inmediatamente terminó el testimonio, el juez ordenó un receso. Ahí la prensa intentó hablar con Celi respecto a qué pedidos se refería le hizo la fiscal Salazar, pero no se permitió que el excontralor se dirija a la prensa. (I)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?

Publicidad

Publicidad

Publicidad