Paro nacional: Hay posturas divididas en los bloques respecto a propuestas de revocar el estado de excepción y que la Asamblea medie en crisis

Dos puntos tiene el orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional convocada por su presidente, Virgilio Saquicela, para las 17:15 de este 20 de junio: analizar el Decreto Ejecutivo 455, con el cual se dispuso el estado de excepción entre tres provincias (Pichincha, Cotopaxi e Imbabura) a causa del paro nacional organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el gobierno de Guillermo Lasso; y tratar una resolución para que el pleno llame a ambas partes a una mesa de diálogo en la institución para el 21 de junio y se solucionen los conflictos.

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Saquicela dio paso a esta sesión por pedido de un grupo de 72 asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) y otros independientes que quieren que se derogue el citado decreto por considerar que atenta contra los derechos humanos de los manifestantes.

El artículo 166 de la Constitución señala que el Ejecutivo debe notificar el documento a la Corte Constitucional y al Parlamento. “La Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional”, señala. Para ello se necesitan 70 votos.

Las posturas respecto a ambos puntos del orden del día están divididas en los bloques legislativos.

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Por un lado, UNES apoya ambos temas. El Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID) rechazan el primero y apoyan el segundo; PK apoya el primero, pero pone reparos al segundo. Y el oficialismo, aglutinado en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), se opone a los dos.

Juan Cristóbal Lloret, de UNES, explicó que el estado de excepción limita una serie de derechos de los ciudadanos que afectan sus libertades, y por ello hay que revocarlo.

Agregó que el Gobierno emitió dos decretos con el mismo número; en el primero se limitaba el derecho a la comunicación, “algo que nunca se había visto”; y si bien luego este acápite se retiró mostró la intención que se tenía. Además se utilizan términos como el “uso de la fuerza letal”.

En el segundo punto, Lloret dijo que el espíritu de esa resolución es que la Asamblea reciba a los actores sociales que están movilizados y al régimen, y que de esos diálogos surjan propuestas para solucionar la crisis.

En el pleno, adelantó, UNES planteará una serie de salidas para atender a las diez demandas de la Conaie porque son una “oposición propositiva”.

Esteban Torres y Marlon Cadena, jefes de bancadas de PSC e ID, coincidieron en que sus partidos no apoyarán que se levante el estado de excepción.

Torres señaló que no hay razones para ello, puesto que ya se retiró del texto un artículo inicial que limitaba la libertad de información. En un comunicado, el PSC indicó que decretar estados de excepción es una atribución constitucional del mandatario, y que el éxito o fracaso de esa medida dependerá solamente de él.

Agregó que se le propuso a Saquicela que más allá de la decisión de levantar o mantener el estado de excepción debería haber “la mediación necesaria conformando incluso una comisión con delegados de la Asamblea para bajar las tensiones”.

De igual manera, la ID emitió un comunicado en el que dice que si bien comprende y apoya la protesta social como un derecho ciudadano, “jamás justificaremos la violencia venga de donde venga” e invitó a los actores en conflicto a dialogar.

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En ese sentido, Cadena indicó que los legisladores “representamos a muchos sectores del país y hay mucha gente, sobre todo en Quito, que si bien creemos que es legítimo el paro, no podemos aceptar que se saquee o se cometan actos vandálicos”.

Respecto a la mediación, señaló que “toda buena iniciativa es bienvenida”, especialmente si viene de la Asamblea que es “una institución donde se procesa la política del país”.

Salvador Quishpe, coordinador del bloque de PK, expresó que si bien ellos votarán por la derogatoria del decreto 455, esto no es suficiente para atender las demandas de los sectores sociales. “Con o sin decreto, la movilización no se va a detener”, señaló.

Respecto a la propuesta de que la Asamblea sea mediadora indicó: “Nosotros ni de lejos podemos pensar en ser mediadores. El pueblo ecuatoriano está movilizado reclamando al Estado que garantice sus derechos. Y el Estado es el Ejecutivo, sí, pero también es la Asamblea, los municipios, las prefecturas. Mal pueden los representantes del Estado que estamos en mora con el pueblo ser mediadores, sino que tenemos que comprometernos a atender sus demandas”.

En el caso del Parlamento, le corresponde legislar para beneficiar a los sectores sociales.

Desde el oficialismo, Ana Belén Cordero indicó que, obviamente, apoyan las medidas del Gobierno, por lo cual no votarán a favor de revocar el decreto 455, pues lo que este busca, entre otras cosas, “es proteger a Quito que se ve amenazada por manifestantes que no necesariamente ejercen de forma pacífica su derecho constitucional a la resistencia”.

A la Asamblea se le olvida, agregó, que la Corte Constitucional debe pronunciarse todavía sobre el fondo del decreto, lo cual está previsto en la Carta Magna.

Cordero señala que sería “ingenuo pensar” que una Asamblea deslegitimada y venida a menos, que no tiene la experticia de mediadora, va a propiciar un diálogo real. “Meter a los manifestantes y al Gobierno en el mismo sitio provocará un caos interno para alegar una conmoción interna y avanzar con la destitución del presidente Lasso”, reflexionó.

La legisladora recordó, asimismo, que el mandatario solo tiene la obligación de acudir a la Asamblea en dos situaciones: para presentar su Informe a la Nación los 24 de mayo de cada año, y cuando es sometido a un juicio político.

Votos en juego

UNES: según Juan Lloret, son “47 orgánicos” más “Ecknner Recalde, que por lo general termina coincidiendo con la Revolución Ciudadana”. Total, 48.

Pachakutik: 25. En esta ocasión, todo el bloque votará unido, incluso el ala denominada ‘rebelde’, afirma Salvador Quishpe.

PSC: son 15, dice Esteban Torres.

ID: “10 orgánicos”, cuenta Marlon Cadena. Hay cinco más que llegaron por la ID, pero ya son independientes, ellos podrían votar con los que impulsan que se eche abajo el decreto 455, señala.

BAN: son 26, afirma Cordero.

El resto corresponde a legisladores independientes. (I)