El próximo lunes, 28 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para primer debate elaborado por la Comisión Especializada Ocasional para el Proyecto de Reforma de los artículos 110 y 115 de la Constitución. El informe fue aprobado por los votos de los cinco legisladores integrantes de la Comisión Ocasional: Lucía Posso, Paola Parrales, presidenta y vicepresidenta de la mesa, Lourdes Alarcón, Nathaly Farinango y Alberto Rodríguez.
El tratamiento del informe se dará a cinco meses de que el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 467 con el proyecto de reforma parcial a la Constitución a los artículos 110 y 115. Con la propuesta se busca eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto a las organizaciones políticas para financiar su funcionamiento y la campaña electoral.
El primer mandatario remitió el proyecto de reforma parcial el mismo día en que la Corte Constitucional hizo público su dictamen de que sí es viable que la Asamblea Nacional discuta la propuesta de reforma parcial para eliminar la asignación de fondos públicos que reciben los partidos y movimientos políticos.
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El proyecto remitido por el Ejecutivo pretende modificar el artículo 110 de la carta magna, el cual establece que los partidos y movimientos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes; y, en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.
Insumos para que el pleno de la Asamblea debata sobre la propuesta de reforma
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Dentro del análisis y razonamiento realizado por los miembros de la Comisión se aclara que ellos han efectuado un trabajo minucioso, responsable y consciente de la importancia, complejidad y sensibilidad que caracteriza al tema. “Considerando la diversidad de posturas y argumentos expresados durante las sesiones de trabajo, y reconociendo las múltiples implicaciones económicas, políticas, sociales y jurídicas involucradas, la Comisión ha optado por proporcionar un informe que recoja y exponga objetivamente todos los argumentos vertidos en las intervenciones realizadas”, se indica en el documento.
Como parte de las conclusiones, la Comisión habla de que el debate sobre esta reforma constitucional requiere un abordaje amplio, riguroso y fundamentado en la diversidad de perspectivas. Por ello, lo que hacen los integrantes de la mesa ocasional es poner a consideración del pleno del Legislativo este informe, con el fin de garantizar una discusión integral y democrática que valore tanto la importancia del financiamiento público a las organizaciones políticas como la necesidad de optimizar el uso de los recursos estatales.
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Se deja constancia de que en el análisis se ha tomado en cuenta la preocupación del Ejecutivo por asegurar una administración eficiente, racional y transparente del gasto público, alineada con las prioridades estratégicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo; así como también la preocupación de los miembros de la Comisión de fomentar un debate amplio y democrático que recoja las diversas perspectivas de actores políticos, académicos, ... para que puesta en consideración del pleno de la Asamblea Nacional, la decisión final responda a las expectativas democráticas y al interés nacional.
Con base en el tratamiento realizado en el análisis, la Comisión Ocasional recomienda remitir este informe a la Presidencia de la Asamblea a fin de que sea distribuido a las asambleístas para que tenga lugar el trámite respectivo y el correspondiente debate parlamentario respecto del Proyecto de Reforma Parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución.
Según los comisionados, la tarea fundamental que se propusieron fue ofrecer al pleno del Legislativo un insumo equilibrado, completo y objetivo que permita una discusión profunda, informada y pluralista. Este enfoque respondería al interés de respetar y promover los principios democráticos, garantizando que todos los criterios sean considerados adecuadamente antes de tomar cualquier decisión definitiva.
En el análisis se ha considerado prioritario que la deliberación en el pleno abarque no solamente las dimensiones políticas inmediatas, sino también un análisis riguroso sobre el impacto económico y social, así como sobre los aspectos relativos a la transparencia y fiscalización financiera.
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Los argumentos que se resaltan
De los argumentos planteados durante el tratamiento del proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución en el informe se destaca:
1.- La relevancia política y social del financiamiento estatal a organizaciones políticas como una herramienta clave para asegurar la equidad en la participación democrática.
2.- Se señaló que la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos permitiría redistribuir recursos públicos a sectores con necesidades más urgentes, como educación, salud o programas sociales prioritarios, en un contexto caracterizado por limitaciones presupuestarias y déficit fiscal persistente. Por otra parte, se indicó que aunque el monto del financiamiento representa una proporción relativamente pequeña del Presupuesto General del Estado, su redistribución podría generar impactos positivos en áreas específicas de atención ciudadana.
3.- Algunas intervenciones manifestaron preocupación respecto a la equidad en la participación política, argumentando que eliminar la asignación estatal podría afectar especialmente a partidos nuevos y minoritarios que no cuentan con fuentes privadas sólidas de financiamiento. Se alertó sobre el riesgo de incrementar la influencia de fuentes privadas de financiamiento, lo que podría llevar a la concentración de poder económico y a posibles influencias indebidas en las campañas electorales.
4.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y otros participantes enfatizaron la necesidad de fortalecer mecanismos de control y transparencia sobre el financiamiento privado que recibirían los partidos políticos si se aprueba la reforma. Se resaltó que el financiamiento privado incrementa potencialmente los riesgos de lavado de activos y financiamiento ilícito, por lo cual se deberían establecer controles rigurosos para asegurar la licitud de los recursos que ingresen al sistema político.
5.- Representantes del Ministerio de Economía indicaron que, aunque los montos involucrados pueden parecer relativamente bajos en términos porcentuales dentro del Presupuesto General del Estado, la evaluación del impacto real requiere un análisis exhaustivo sobre cómo estos recursos podrían emplearse efectivamente en otros sectores. Se sugirió que cualquier ahorro obtenido debería dirigirse prioritariamente a sectores identificados como estratégicos o urgentes, según el Plan Nacional de Desarrollo. (I)
