Prevención de la corrupción en el sector público, eje de las propuestas de los presidenciables

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, estudio que todos los años realiza la ONG Transparencia Internacional (TI) a nivel mundial, Ecuador obtuvo una calificación de 32 sobre 100, ubicándose en el puesto 121 de 180 países que constan en el ranking .TI clasifica a 180 naciones de acuerdo con la percepción de corrupción en el sector público. El lugar que ocupa un país se define a través de trece evaluaciones realizadas a expertos y encuestas a ejecutivos de empresas. El IPC se lo califica en una escala del 0 al 100, en la que el cero significa ‘muy corrupto’ y el 100 corresponde a ‘muy transparente’.Según este documento, que se hizo público en febrero pasado, Ecuador pasó de 30 a 32 puntos, es decir, ahora el país es percibido como más corrupto.En 2016 se obtuvieron 31 puntos. La puntuación de Ecuador ascendió progresivamente desde 2017 hasta 2020, cuando alcanzó su pico máximo de 39 puntos. Para 2021 descendió 3 puntos y en 2022 esta cifra se mantuvo. Por su parte, en 2023 y 2024 la calificación bajó 2 puntos cada año.En el informe se argumenta que la calificación obtenida en 2024 obedece a que se produjo un posible involucramiento de las autoridades de justicia en redes de corrupción y delincuencia organizada que se articulan para evadir a la justicia a través de sobornos, falsificación de pruebas e informes, lavado de activos y asesinatos. Tal como sucedió en los casos Metástasis y Purga.Otro factor determinante sería la inestabilidad institucional que se manifiesta en los atrasos en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia y que no se convoca al concurso de méritos y oposición para la elección de una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.A esto se suma, según el informe, que instituciones como el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo, entre otras, están dirigidas por autoridades encargadas o en funciones prorrogadas.Además, en el documento se explica que se han dado vulneraciones a la Constitución, infracciones legales, abuso de poder y golpes a la democracia, entre otros factores que perjudicaron el puntaje en la evaluación del Estado de derecho, la democracia y la competitividad.En este escenario, los candidatos presidenciales Luisa González, de la alianza Revolución Ciudadana-RETO, listas 5-33, y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN),lista 7 , han planteado una serie de acciones para fortalecer la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno que presentaron en el Consejo Nacional Electoral (CNE).En el programa de González hay al menos quince puntos en ese tema; mientras que el otro habla de la importancia de la transparencia a lo largo de todo el texto y detalla brevemente los ejes de trabajo. La mayoría está orientada a la prevención de la corrupción en el sector público con reformas legales, institucionales y políticas públicas. Desde la visión de Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Anticorrupción , los planes de trabajo de los presidenciables son bastante “generales”, con declaraciones y medidas “obvias” que ya se han usado pero que no han dado resultados.Rodas señala que la problemática de la corrupción es estructural y, por tanto, el nuevo mandatario está obligado a dar soluciones, igualmente, con una mirada estructural.“Esto significa generar un sistema nacional anticorrupción, que no es solo un hecho mediático de corto o mediando plazo, sino que implica establecer líneas de acción en varios ámbitos y espacios; desde la educación y la revalorización de la ética y el civismo en los estudiantes hasta fortalecer instituciones como la Fiscalía y abolir la existencia de ese engendro que es el Consejo de Participación Ciudadana, en donde, por repartirse el país a manera de pastel, se cae en la corruptela”, señala el activista, para quien además es importante que haya compromisos para evitar la impunidad.Rodas señaló que “hay que olvidarse de esas oficinas anticorrupción que se crean en los Gobiernos, porque son espacios que lo único que hacen es barrer bajo la alfombra y finalmente no sirven de nada”.En el gobierno de Rafael Correa se creó la Secretaría de Transparencia de Gestión, que existió entre 2007 y 2013, y tuvo siete titulares; luego fue absorbida por la Secretaría de la Administración.Luego, en el régimen de Lenín Moreno se creó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, que trabajó entre 2019 y 2020, y que también después fue absorbida por la Secretaría de la Administración. Tuvo dos titulares.En el de Guillermo Lasso se creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, que tuvo dos titulares y que funcionó hasta la muerte cruzada.En el gobierno de Noboa funcionó, primero, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, que luego se transformó en Secretaría de Integridad Pública.“Lo que debe favorecerse es la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción”, sostiene. Luis Verdesoto, quien fue secretario de Política Anticorrupción en el gobierno de Lasso , señala que hay tres ejes en los que debería trabajar quien sea el nuevo gobernante.Primero, concretar una institucionalidad en el Ejecutivo que complemente el trabajo de lucha contra la corrupción de las funciones Judicial y de Transparencia y Control Social. “Al Ejecutivo le corresponde no solo dar apoyo a estas instituciones, sino hacer el trabajo preventivo en el sector público, que suele ser un trabajo invisible, porque no tiene la misma publicidad que el acto de corrupción en sí mismo”.Luego, según Verdesoto, es necesario analizar los procesos de gestión pública para detectar los temas y espacios del sector público propensos a actos de corrupción, “hacer seguimientos internos complementarios a la Contraloría, tener mecanismos para obtener información sobre situaciones de calor”.Y, finalmente, establecer relaciones con los organismos encargados de la persecución del crimen transnacional, que actúa por dos vías en el país: la violencia, para obtener ganancias ilícitas; y la corrupción, para blanquearlas. 1. Acordar un pacto ético de toda la sociedad para fortalecer los principios de convivencia social guiados por el bien común. 2. Promover una cultura anticorrupción a través de políticas de prevención, fortalecimiento institucional y apoyo a su sanción justa y socialmente efectiva. 3 . Fortalecer los marcos legales y regulatorios. Establecer normas sólidas que penalicen la corrupción y el crimen organizado, y promover su cumplimiento efectivo. Esto implica mejorar la legislación existente, cerrar vacíos legales y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas. 4. Desarrollar políticas para prevenir la corrupción sistémica en el ámbito público, tales como la selección, evaluación y promoción transparente y meritocrática de los servidores públicos; cumplimiento de los principios constitucionales de los servicios públicos; realineación de protocolos de actuación; mejora de los sistemas de información; un adecuado control previo, entre otros. 5. Promover la transparencia y la rendición de cuentas. Implementar medidas que promuevan la transparencia en la gestión pública y privada, así como la rendición de cuentas de los funcionarios y líderes empresariales. Esto incluye fortalecer los mecanismos de supervisión, auditoria y sanción y garantizar la protección de los denunciantes de corrupción. 6. Fortalecer los sistemas de justicia y aplicación de la ley. Mejorar la capacidad de los sistemas judiciales y de aplicación de la ley para investigar, procesar y sancionar los casos de corrupción y crimen organizado. Esto incluye proporcionar recursos adecuados, capacitar al personal judicial y policial y garantizar la independencia e imparcialidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. 7. Incautar y confiscar activos ilícitos. Implementar políticas y medidas que permitan la incautación confiscación de activos y bienes obtenidos de manera ilícita por actos de corrupción y delincuencia organizada y destinarlos a programas de desarrollo social y lucha contra estos delitos. 8. Establecer sistemas de protección para testigos y denunciantes. Garantizar la seguridad y protección de los testigos y denunciantes de corrupción y crimen organizado mediante incentivos y mecanismos legales para facilitar su cooperación con las autoridades. 9. Promover legislación para sancionar las prácticas de “puertas giratorias”, por la cual un político o funcionario público pase de sus cargos a los directorios de grandes empresas o se beneficien de retribuciones en una y otra manera a partir del ejercicio de su cargo. 10. Promover legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos al visibilizar y permitir el control sobre conflictos de intereses en sus decisiones de Gobierno para favorecer ilegítimamente a sus promotores. 11. Promover legislación para regular los lobbies transparentando su incidencia política. 12. Combatir frontalmente a la corrupción, fortaleciendo la transparencia y la rigurosidad en los procesos de contratación pública. 13 . Promover la integridad en los sectores público y privado. Establecer políticas y medidas que fomenten la ética y la integridad en los sectores público y privado. Esto incluye la implementación de códigos de conducta, la diligencia debida obligatoria y la adopción de estándares anticorrupción normativamente establecidos en las prácticas empresariales. 14. Fomentar la cooperación internacional. Establecer y fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación entre los países para combatir la corrupción y el crimen organizado a nivel transnacional. 15. Realizar campañas de sensibilización y educación ciudadana para concienciar sobre los efectos negativos de la corrupción y el crimen organizado en la sociedad y promover una cultura de honestidad, ética y denuncia de estos delitos. 1. Fortalecer los mecanismos de supervisión del sistema de compras públicas y utilizar análisis de big data para identificar patrones sospechosos y prevenir la corrupción y herramientas para denuncias ciudadanas seguras y anónimas de casos de corrupción y sobreprecios. 2. Promover la honestidad y transparencia en la rendición de cuentas en materia de finanzas públicas. 3. Prevenir la corrupción en las áreas más críticas del sector público, como el Poder Judicial, en el ámbito de la contratación pública entre otros. 4. Promover la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general para fomentar la transparencia, integridad y responsabilidad en todas las transacciones públicas y privadas. 5. Mejorar las prácticas de gobierno corporativo en las empresas públicas, identificando debilidades institucionales y normativas que permitan una gestión independiente, mejorar la rentabilidad y la transparencia de sus estados financieros. (I)

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