Para garantizar la no interrupción de las actividades institucionales los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberán mantenerse en sus cargos hasta que se perfeccionen sus reemplazos a través del respectivo concurso para la renovación parcial de jueces del organismo que lleva adelante y debe concluir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

Esa fue la respuesta entregada por la Procuraduría General del Estado (PGE),el viernes último, 25 de abril, ante la consulta hecha por los actuales integrantes del TCE sobre la posibilidad de prorrogarse en funciones, ya que el 20 de mayo próximo termina su periodo de seis años para el que fueron electos en el 2019.

Con el pronunciamiento se confirma que deben continuar en sus cargos la presidenta del TCE Ivonne Coloma, así como los jueces Ángel Torres, Guillermo Ortega, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz. 

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Justamente a favor de enviar la consulta sobre la prórroga de funciones a la PGE votaron, el 22 de abril pasado, los cuatro primeros jueces, mientras que Muñoz se abstuvo, asegurando que no era necesario hacer la consulta debido a que existe ya un precedente jurídico.

Tribunal Contenciso

El juez Ángel Torres justificó la consulta a la Procuraduría en que era necesario tener un criterio vinculante de la Procuraduría, tener certezas para incluso justificar las actuaciones de los miembros del Tribunal en el tratamiento de las causas jurisdiccionales en materia electoral. “Hubiera sido lo ideal que el CPCCS, en cumplimiento de sus deberes desarrolle los concursos para reemplazar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral”.

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El pleno del TCE resolvió elevar en consulta a la Procuraduría General su prórroga en funciones, debido a que el Consejo de Participación no hizo el concurso público para elegir a sus reemplazos, ni en la primera renovación en el 2022 ni alcanzará a terminarlo hasta mayo.

Al momento otros cinco organismos del Estado, como la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura o el Consejo Nacional Electoral, funcionan con autoridades prorrogadas y la Procuraduría en esos caso ya ha determinado que aquellos que ocupen un cargo de periodo fijo, pueden mantenerse hasta que se elija a sus reemplazos.

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La consulta hecha a la PGE buscaba tener un pronunciamiento para garantizar la continuidad de las funciones institucionales, más aún cuando se encuentran “atravesando el periodo post electoral generado por las elecciones generales 2025” en las que Ecuador eligió a quienes ocuparán el cargo de presidente y vicepresidente de la República hasta mayo de 2029. (I)