El presidente Daniel Noboa ha entregado garantías soberanas tanto a gobiernos provinciales como a alcaldías del país. Si bien estas son requeridas para acceder a créditos de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en las últimas semanas se ha abierto el debate respecto a si detrás de concederlas habría una estrategia política del Ejecutivo.
Estos avales se han entregado en eventos organizados por autoridades como la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, o el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y han servido para ahondar más las diferencias entre el expresidente Rafael Correa, líder de Revolución Ciudadana (RC), y el primer mandatario.
No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha asegurado que no se trata de “un tema político” y que estos avales corresponden a una nueva etapa crediticia con el multilateral tras haber cancelado compromisos anteriores, lo que permitió que se abran oportunidades adicionales para nuevos créditos tanto para el Gobierno Nacional como para los gobiernos seccionales e incluso para entidades privadas.
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“Luego de un análisis técnico de estas entidades se otorgan las garantías a estos proyectos como es el caso de Guayas para promover la vialidad, riego y fortalecer la producción agrícola”, explicó Vega en una entrevista con radio Centro.
El ministro aclaró también que, además de los gobiernos locales, han accedido a créditos de la CAF instituciones bancarias privadas y carteras de Estado como el Ministerio de Obras Públicas.
La nueva etapa de créditos con este multilateral corresponde a que Ecuador pagó un “crédito puente” de unos $ 800 millones que estaba pendiente.
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Esos avales que está entregando el país no implican que el Ejecutivo cambie su rol o pase a ser ejecutor de la obra que se quiere financiar. Su papel se enmarca en el de un garante y si el deudor principal no cumple con su obligación, la responsabilidad recae en la Presidencia de la República.
En el artículo 146 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se establece que “el Estado Central, a nombre de la República del Ecuador, podrá otorgar garantía soberana a favor de entidades y organismos del sector público, que contraigan deuda pública para el financiamiento de proyectos y programas de inversión en infraestructura, o para proyectos, programas de inversión que generen la rentabilidad necesaria para el servicio de la deuda”.
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Asimismo que “la garantía del Estado únicamente podrá autorizarse cuando la entidad u organismo del sector público, inclusive las empresas del Estado, sus subsidiarias o filiales, evidencien que cuentan con capacidad de pago de la deuda respectiva”.
“Las garantías soberanas no son una obligación. Es un esfuerzo que hace el Gobierno central de usar su capacidad de endeudamiento para otorgarle a los GAD y así se puedan hacer obra en una totalidad determinada”.
Estas garantías soberanas ha entregado el Gobierno
- El pasado 10 de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmó junto con el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, el aval para viabilizar el crédito de $ 50 millones gestionado desde ese municipio a la CAF para ejecutar la ejecución del denominado megaproyecto hidrosanitario que beneficiará a al menos 50 sectores de la ciudad.
- El 15 de julio, Noboa entró otro aval soberano para que la Prefectura de Manabí acceda a un crédito de $ 43,4 millones que será usado para la construcción de tres obras viales en la provincia. Se trata de tres ejes viales. Uno es la vía Calceta-Quiroga-El Desvío, que incluirá el acceso al campus de la Universidad Eloy Alfaro, ubicado en la localidad de Pichincha.
- El presidente Daniel Noboa entregó la garantía soberana al Municipio de Guayaquil para obtener el crédito que permita construir el quinto acueducto, que dotará de agua a Monte Sinaí y sus alrededores. La obra cuesta $ 95,9 millones y el crédito tiene una tasa de interés del 3 % anual.
- La más reciente fue este 22 de julio. El presidente Daniel Noboa entregó la garantía soberana a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, para un préstamo de $ 50 millones con la CAF, a 15 años plazo, para financiar el programa integral de desarrollo social y productivo de la provincia. (I)
