Que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) haya resuelto declarar la lucha contra la corrupción como “objetivo primordial y estratégico del Estado”, el pasado 22 de junio, no es suficiente para resolver esta problemática, pues no solo debe reconocerse sino ejecutarse estrategias con acciones prácticas que generen soluciones reales, señalan analistas consultados por este Diario.

La resolución del Cosepe tiene nueve artículos; está suscrita por el mandatario Guillermo Lasso, quien lo preside, y algunos de sus integrantes. No consta la rúbrica del titular de la Asamblea Nacional, que es parte del grupo, porque esta fue disuelta por Lasso el 17 de mayo anterior.

El primer punto del documento es declarar el combate de la corrupción como “materia principal de atención del Estado” ya que atenta contra sus elementos estructurales, especialmente la seguridad y desarrollo del pueblo ecuatoriano.

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Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), considera que más que ser o no positiva la declaratoria es “de expectativa”, pues la ciudadanía espera que no sea un pronunciamiento “solo de palabras sino que se aplique”.

“Espero y aspiramos como CNA a que sea efectivamente una estrategia de Estado para el mediano y largo plazo. Además, anhelamos que no sea solamente una postura para «lavarse las manos» frente a la inoperancia del actual régimen sobre la materia de anticorrupción. Esperamos que no sea solo un discurso de despedida de los funcionarios y del presidente Lasso”, subraya.

En tanto que Roberto Gómez, expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, dice que la lucha contra la corrupción tiene que ser constante y debe utilizar todos lo medios a su alcance, además coincide con Rodas en que más allá de la declaratoria esta debe llevarse a la práctica de manera efectiva.

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“La lucha contra la corrupción tiene que ser perenne, debe utilizar todos los medios a su alcance, pero además tiene que ser una lucha efectiva no solamente de palabras o de impacto. Tiene que verse resultados porque la corrupción es un problema que ha estado afectando, ya desde hace mucho tiempo, a todas las esferas del Ecuador. Prácticamente se puede decir que la corrupción se ha puesto de moda, y la gente considera que quien no se aprovecha de los recursos públicos es un tonto... esa mentalidad hay que cambiar, pero de manera efectiva tanto con las entidades del Gobierno como del Poder Judicial”, explica.

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Cosepe, recomendó incluir en el pensum educativo materias relacionadas a valores. Foto de Archivo Foto: El Universo

Enfrentar la corrupción presente en el país, para Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es una política indispensable en cualquier Estado responsable. No obstante, cree que una declaración no es suficiente puesto que debe demostrar su efectivad mediante acciones contundentes y también involucrar el compromiso de todas las instituciones judiciales del Estado.

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“Toda política en un Estado responsable indudablemente involucra la declaratoria de la lucha contra cualquier acto de corrupción en administración pública, pero una declaración no es suficiente en un Estado responsable. Tiene que venir de la mano con una serie de decisiones políticas serias, duras y firmes para poder llevar a cabo esta declaratoria, y esto viene de la mano con un plan estratégico con una programación de ejecución en seguridad y lucha contra la corrupción”, asevera.

Otro punto mencionado en la resolución fue instar a que la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria participen en esta esta lucha contra la corrupción.

Al respecto, Rodas sostiene que los colectivos civiles sí son fundamentales para combatir la corrupción, pero el Gobierno ha tardado en tomarlos en cuenta.

“La sociedad civil es importante para la lucha contra la corrupción, pero se han dado cuenta ya cuando están de salida, dos años después. Además, hay un contrasentido que en la Secretaría Anticorrupción se nombre a una funcionaria que es de la Presidencia, que va a barrer el problema bajo la alfombra. Esto es un contrasentido, todo debe hacerlo la sociedad civil. Si toman personajes en esta lucha no puede estar involucrados con el Gobierno, eso no aporta en nada porque no demuestra transparencia”, manifiesta.

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El régimen designó en esta semana a la exlegisladora oficialista Ana Belén Cordero como secretaria de Política Anticorrupción. En una entrevista con EL UNIVERSO ella dijo que su gestión se enfocará en tres temas: continuar con el mapeo de los riesgos de corrupción en las entidades públicas, dictar cursos de ética pública a los funcionarios estatales, y habilitar un canal de denuncias para la ciudadanía.

Por otra parte, el Cosepe también recomendó al presidente Lasso que disponga al Ministerio de Educación incluir el pénsum de estudios del sistema educativo nacional “materias que formen en valores morales, cívicos, principios de convivencia y respeto a la ley».

Para Gómez, este cambio en la malla educativa sí es necesaria, especialmente para alumnos de último año. Opina que si esto se llega a concretar, los estudiantes podrían crear conciencia de lo que significa “andar por malos pasos”.

“Desde hace muchos años he venido sosteniendo la idea de que a los estudiantes de sexto año se les dé una capacitación en donde se les presenten todas las figuras que se contemplan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se les describa como están penadas. La gente cree que solo es delito robar o asesinar, pero en el COIP existen por lo menos unas 400 figuras delictivas que la gente desconoce, entonces estos jóvenes caen fácilmente en el delito. Es necesario que dentro del pénsum se imparta el contenido de esta ley”, expresa.

Con esto también coincide Ulloa. “Se deben incorporar materias que involucren el civismo y materias que hablen sobre los problemas y las consecuencias de permitir que desde cualquier punto de vista se dé acceso a la corrupción en la administración pública, es importante incorporar materias relacionados con este tema, al igual que la cívica”, afirma.

Cordero comentó a este Diario que se está trabajando con el Ministerio de Educación y la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia) en una reforma curricular para incluir una asignatura que se refiera a temas de valores.

Posturas de los actuales candidatos a Presidencia frente a la corrupción

Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, y Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señalan que es indispensable que los ocho binomios presidenciales que se han postulado para los comicios anticipados del próximo 20 de agosto expliquen al país sus propuestas para luchar contra la corrupción.

Rodas recordó que, hace pocos días, la Comisión presentó una carta abierta a los aspirantes a la Presidencia. “Hoy nos aprestamos a elegir nuevas autoridades. Como tantas otras veces las ofertas de campaña tienden a encubrir el debate sobre los problemas estructurales más acuciantes. Entre ellos, la corrupción generalizada. En ese escenario, la CNA requiere de los candidatos a la Presidencia de la República una postura clara, transparente, respecto a sus propuesta para sanear la administración del Estado. No es el momento de transformar la lucha anticorrupción en una mercancía electorera”, decía el comunicado.

Ulloa indica que la lucha contra la corrupción no debe tener una bandera política y que más bien debería avanzar de manera simultánea y uniforme independientemente de quien llegue a la Función Ejecutiva. Y que los posibles gobernantes deben tomar esta materia de forma comprometida, pues considera que es esta lucha tan vital como la respiración.

Comisión Anticorrupción invitó a los candidatos presidenciales a dialogar sobre sus propuestas

“La planificación o la ejecución de ese plan podría cambiar, pero las bases fundamentales para poder combatir la corrupción deben ser homogéneas independientemente de la bandera, el partido o el movimiento que lidere el Ejecutivo. En el Estado de derecho que vivimos con las normativas constitucionales y supranacionales (los tratados internacionales), involucra una necesidad y obligatoriedad para que los candidatos se comprometan fielmente con esta lucha, eso no tiene que estar supeditado a un papel, ese tiene que ser tan necesario, mecánico y automático como la respiración; es así de práctico”, concluye. (I)