La situación de los jueces anticorrupción en torno a los procesos judiciales que deben atender y la protección que requieren para el desarrollo de sus funciones motivaron a que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) convoque a una reunión con varios organismos del Estado para analizar medidas que quiten trabas burocráticas legales, para que fluyan las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

La cita se realizó la tarde del martes en las instalaciones de la Corte, en el norte de Quito. El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, dio a conocer que el pleno de la institución emitió la Resolución 7-2023, que dispone que los casos relacionados con actos de corrupción y crimen organizado, sin importar el lugar donde sucedan, deberán ser atendidos únicamente por los jueces de las Unidades Especializadas para el Juzgamiento de los Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, las cuales se encuentran en Quito.

La resolución fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura (CJ), juezas y jueces del país, ministerios del Interior y de Defensa, para que todos los funcionarios y servidores involucrados sean capacitados con la norma.

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Con esta medida se aclaran dudas respecto de la competencia de los jueces, ya que en la actualidad existen inconvenientes para que las investigaciones sobre corrupción lleguen a manos de los magistrados de las unidades especializadas.

En lo medular, Saquicela explicó que la resolución determina que los procesos iniciados con anterioridad al 9 de diciembre de 2022 deberán seguir siendo conocidos y resueltos por los jueces y tribunales que avocaron conocimiento. En tanto, los procesos que arrancaron luego de esa fecha serán tramitados por los jueces de las Unidades Especializadas para el Juzgamiento de los Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

“Incluso si alguno de aquellos procesos está tramitándose ante un juez o tribunal de otra sección territorial del país, hoy por la vigencia de esta resolución el juez tiene la obligación de inhibirse del conocimiento de la causa y pasar el expediente a conocimiento de los jueces anticorrupción”, precisó el titular de la CNJ.

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En la misma línea describió que si la Fiscalía posee elementos respecto de una investigación sobre delitos vinculados a actos de corrupción o crimen organizado y requiere detenciones con fines de investigación, actos urgentes, allanamientos o cualquier trámite, lo deberá solicitar directamente a los jueces anticorrupción.

De igual manera, los jueces de las unidades especializadas tendrán competencia en casos de delitos flagrantes de corrupción o crimen organizado.

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“Si hay un tema de corrupción o crimen organizado en Guayaquil, en Cuenca, en Manta o donde fuere, el trabajo de la Policía con la Fiscalía tiene que hacer llegar el parte, los pedidos, el proceso penal, a los jueces anticorrupción”, recalcó el titular de la Corte e indicó que la norma también dispone que los jueces especializados deben trabajar en turnos de fin de semana.

Saquicela sugirió que el Consejo de la Judicatura designe a más jueces anticorrupción, sobre todo de primer nivel.

A la reunión convocada por la CNJ asistieron Juan Zapata, ministro del Interior; Luis Lara, ministro de Defensa; Paco Moncayo, consejero de Seguridad; Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública; Juan Pablo Ortiz como secretario jurídico de la Presidencia de la República. También se presentaron representantes de jueces y juezas. No acudió Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura.

Zapata celebró la emisión de la nueva resolución. Que el objetivo de tener jueces especializados era un soporte que necesitaba la Policía Nacional. Ratificó el apoyo de la institución para brindar protección a los magistrados y agilizar las investigaciones de las causas.

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El funcionario señaló que la Policía tiene problemas, por ejemplo, en casos de minería ilegal, porque existen jueces que no emiten las órdenes de allanamiento u órdenes judiciales de seguimiento y vigilancia. Estas trabas dificultan que los servicios de inteligencia puedan recabar información para las investigaciones, advirtió.

“No quiero saber por qué no lo hacen, si es por temor, si es por jueces que están en el territorio”, comentó Zapata. (I)