Un quebranto en el estado de salud de la exasambleísta por la provincia de Loja, Nivea Vélez, acusada del delito de concusión, obligó a que se suspenda, poco después de haberse instalado la mañana de este jueves, el cuarto día de audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia. La diligencia se reinstalará el próximo miércoles 4 de mayo, a las 08:30.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga ha presentado en estos días ante el Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, su prueba testimonial y documental para sustentar su acusación contra Vélez.

Fiscalía presenta testigos y peritos para demostrar que exasambleísta Nivea Vélez exigió dineros para financiar gastos de su movimiento

Al momento de la suspensión en la audiencia participaba la defensa de la exlegisladora, presentando la prueba pericial y testimonial con que cuenta para asegurar que su cliente es inocente.

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Javier Manzanillas, abogado de la exlegisladora, ha explicado que en esta etapa ellos presentarán pruebas que revelaran la inocencia de su cliente, aunque cree que con la misma prueba de cargo que va a presentar la Fiscalía se determinará que Vélez no ha cometido ningún delito. “Esperamos que la justicia brille y hacer justicia significa emitir una sentencia absolutoria”.

La Fiscalía ha llamado a testificar a ocho peritos y catorce testigos que confirmaron los detalles de la teoría del caso. Por ejemplo, un perito contable que practicó una pericia a los movimientos bancarios de la procesada y a otros movimientos financieros mencionados en la investigación.

En su testimonio brindó detalles sobre el dinero que se transfirió y depositó a la cuenta de la exlegisladora, por parte de sus subalternos en su despacho como asambleísta y de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Según el perito, los valores movidos de forma constante iban desde los $ 20 hasta los $ 1.000.

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También se habría confirmado la existencia de una cuenta conjunta entre dos de sus entonces funcionarios, la cual fue creada por disposición de Nívea Vélez para recabar los valores exigidos a los integrantes de su equipo. Las investigaciones definirían que este dinero habría sido destinado a solventar gastos del movimiento político “Convocatoria”, en Loja.

Manzanillas afirma que no han existido tales “diezmos” y recordó que dentro del proceso han rendido versiones varios de sus asesores y todos, a excepción del denunciante, niegan que Nivea Vélez les obligó o les pidió alguna cantidad.

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La Fiscalía también llamó a testificar a los agentes de operaciones de distintas entidades financieras, en las que la procesada y las personas que fueron nombradas en la investigación eran titulares de cuentas. Además, se escuchó el testimonio de cuatro personas, tres de las cuales trabajaron para la exlegisladora en el movimiento político y en su despacho en la Asamblea, quienes confirmaron las gestiones que se efectuaban con el dinero de las ilegales exigencias.

Otra testigo convocada explicó que aseguró como patrono en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a varias personas que no conocía, pero que trabajaron para Vélez. Esto lo habría hecho a través del negocio que tenía en la ciudad de Loja. La testigo tampoco conocía el origen del dinero destinado a sueldos y aportes al IESS.

Dos conjueces y un juez de la CNJ decidirán la inocencia o culpabilidad de Nivea Vélez; la exasambleísta es acusada del delito de concusión

Toainga el miércoles último presentó la prueba documental de la Fiscalía. Oficios, informes, copias certificadas, memorandos y declaraciones patrimoniales juramentadas, además de contratos ocasionales de los excolaboradores de la procesada en la Asamblea, que acreditan la relación laboral que tenía con ellos y en la que se evidencia que dependía de Vélez la continuación o terminación de dichos contratos, fueron expuestos en audiencia.

A estos se sumaron certificaciones bancarias de cuentas, depósitos, transferencias y movimientos realizados por la procesada y las personas mencionadas en la investigación, que probarían la entrega de dineros exigidos de forma irregular a sus trabajadores. En total, la Fiscalía presentó 125 pruebas documentales. (I)

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