Los cambios que dispuso el Gobierno para reformar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), limitando la capacidad de control sobre entidades privadas que manejan recursos públicos, se contraponen a la Constitución y a las disposiciones de la propia Ley Orgánica, según dos exautoridades de la Contraloría.