El retiro de firmas de respaldo de al menos 34 asambleístas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Gente Buena y antes Construye provocó el archivo del juicio político en contra de tres exsecretarios de Estado del gobierno de Guillermo Lasso, quienes esperaban el turno para defenderse de las acusaciones de supuesto incumplimiento de funciones.

La Comisión de Fiscalización procedió a archivar los juicios en contra de los siguientes exfuncionarios: Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial; Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt, motivado por la legisladora María Fernanda Araujo; y, Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas, planteado por la oficialista Inés Alarcón.

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En el caso del exsecretario de la Administración Pública Sebastián Corral, el juicio fue presentado el 14 de marzo de 2024 por la legisladora Patricia Núñez (RC), con 41 firmas de respaldo, por supuesto incumplimiento sistemático de funciones, al ocupar el cargo en el gobierno de Guillermo Lasso cuando ostentaba la calidad de accionista y directivo activo de las empresas de comunicación Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil.

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En este proceso, 26 legisladores de la bancada correísta, entre el 27 y 29 de junio, retiraron su firma de apoyo, con lo cual la Comisión de Fiscalización determinó que no se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 131 de la Constitución y 79 de la ley orgánica de la Función Legislativa.

Tras conocer el retiro de firmas, el legislador Ronal González (RC) mocionó el archivo de la solicitud de juicio y obtuvo siete votos a favor y uno en contra.

El juicio político en contra de la exsecretaria de la Senescyt Andrea Montalvo lo presentó la asambleísta oficialista María Fernanda Araujo, con el respaldo de 35 firmas, por supuesto incumplimiento de funciones en la gestión y ejecución del cronograma de admisión a institutos y a conservatorios públicos. También fue responsabilizada por la celebración de un convenio de pago derivado de sus omisiones, causando erogaciones económicas y contingentes legales a la institución.

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Pero el fin de semana, cuatro legisladores de la bancada del Partido Social Cristiano: Henry Kronfle, Roberto Cerda, Jorge Acaiturri y Marcelo Achi, retiraron la firma de respaldo, por lo que el pedido de juicio se quedó con 31 de 35 firmas que se necesitan, por lo tanto la asambleísta Sofía Espín (RC) mocionó el archivo del juicio y obtuvo seis votos a favor y tres en contra.

En este proceso, el oficialismo intentó incluir firmas de respaldo al juicio una vez que se retiraron algunas, pero la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre (RC), pidió la asistencia del secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, quien sostuvo que el único momento para completar la solicitud de juicio es en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por lo tanto, la Comisión de Fiscalización no es competente para recibir nuevas firmas, porque ya está fuera de tiempo para completar el requisito.

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Respecto del juicio político al exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena, solicitado por la legisladora Inés Alarcón (ADN), se lo acusa de incumplir funciones por supuestas omisiones en el manejo de la caja fiscal y falta de transparencia en las cifras de las finanzas públicas, de realizar la transferencia de $ 75 millones del Fondo Común Amazónico al Ministerio de Finanzas y por la falta de pago a los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales.

La proponente del juicio contra Arosemena, Inés Alarcón, también intentó introducir un alcance con nuevas firmas de respaldo, pero nuevamente el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, reiteró que la Comisión de Fiscalización no puede aceptar el alcance propuesto y que el artículo 80 de la ley orgánica de la Función Legislativa establece los plazos para hacerlo.

En este juicio político se presentaron con 35 firmas, pero el fin de semana cuatro legisladores retiraron su apoyo: Roberto Cerda y María Fernanda Jiménez (PSC); Alexandra Castillo (antes Construye) y Adriana García (Gente Buena).

El legislador Lenin Rogel (PSC) mocionó el archivo del pedido de juicio y obtuvo seis votos a favor y tres en contra. (I)

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