Aunque no hay una fecha definida, será septiembre cuando el movimiento sindicalista reactivará a sus bases para una nueva protesta nacional para demandar al gobierno de Daniel Noboa Azín que dé marcha atrás en su política económica, como el alza de los precios a la gasolina y la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros puntos.

Además, se hace un llamado a la conformación de un frente de unidad nacional para hacer frente a los actores políticos de derecha en el contexto de las elecciones generales de 2025.

En Quito, este 25 de julio de 2024, se desarrolló la XIX convención nacional de los trabajadores conglomerados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en el que se debatió sus preocupaciones sobre los precios de los combustibles, las recientes acciones del régimen respecto de los sindicatos y la contratación colectiva, la inseguridad, el incremento de tributos, el funcionamiento del Seguro Social, entre otros, que serán los ejes de las manifestaciones.

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En la cita participaron directivos de gremios sindicales provinciales, además de actores como Gary Espinoza, presidente de la Confederación de Organizaciones Negras, Indígenas y Campesinas (Fenocin), Nelson Erazo, presidente del Frente Popular; e incluso el presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Gustavo Vallejo.

Tras varias horas de debate y acaloradas declaraciones en contra del presidente Noboa, la convención concluyó con diez resoluciones y una de ellas declararse en asambleas y movilizaciones permanentes en las que se elaborarán resoluciones para exponerlas en una protesta nacional al régimen.

El presidente del FUT, José Villavicencio, explicó que el propósito es recorrer las provincias y reunirse con los movimientos territoriales para discutir las exigencias ciudadanas y de ahí definir la fecha de la movilización.

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Villavicencio aclaró que no se hace en agosto para “no dar de comer al enemigo”, ya que en ese periodo los partidos y movimientos políticos estarán escogiendo a sus candidatos para las elecciones presidenciales del 2025 y quieren evitar que su manifestación sea utilizada con fines políticos. (I)