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Tribunal revierte la nulidad del caso en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada; la Judicatura suspendió a la jueza Verónica Medina

Los jueces de la Corte Provincial de Pichincha aceptaron por unanimidad la apelación presentada por la Fiscalía. La Judicatura también investigará a abogados.

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley son investigados por delincuencia organizada en venta de pruebas para detectar COVID-19. Foto: Archivo

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Los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Ricardo Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano, por unanimidad, aceptaron la apelación presentada por la Fiscalía y revocaron el auto de nulidad dictado por la jueza Verónica Medina en el caso de delincuencia organizada por el que son investigados el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras personas más.

La audiencia para resolver la apelación se instaló este lunes 26 de julio, después de dos horas de retraso. Además de dar la razón a la Fiscalía, el Tribunal declaró negligencia manifiesta de la magistrada. Ahora el caso será asumido por un nuevo juez.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo: “No se trata y nunca se ha tratado de si nos gustan o no las resoluciones, sino de actuar en derecho”. Agregó que el sistema de justicia verificó las actuaciones cuestionadas dentro del proceso.

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Tras la decisión de la Corte Provincial, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dispuso como medida preventiva la suspensión de la jueza Medina y también ordenó revisar las actuaciones de los abogados involucrados en el caso.

El pasado 21 de junio, la magistrada Verónica Medina declaró la nulidad de lo actuado por la Fiscalía en el caso por delincuencia organizada, aludiendo a que se verificó la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa de todos los procesados. Con ello, la causa regresaba a la etapa de indagación previa.

Bucaram y su hijo son sospechosos de haber cometido supuestas actividades delictivas en torno a la comercialización de pruebas rápidas para detectar COVID-19 y mascarillas, entre marzo y octubre de 2020. (I)

Redacción
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