El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Byron Guillén, Luis Rivera y Mercedes Caicedo, de forma unánime, la tarde de este jueves dio a conocer su resolución oral de aceptar el recurso de apelación a la prisión preventiva que interpuso el procesado en el caso Las Torres y exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana.

El 9 de julio pasado Orellana fue vinculado al caso en el que se investiga el delito de delincuencia organizada junto con Martha Barrezueta, esposa del empresario Roberto Barrera, quien fue sentenciado en 2019 en Estados Unidos por haber sido parte de una red de corrupción en Petroecuador que operó entre 2018 y 2019.

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Fiscalía aseguró en ese momento que existían los elementos de convicción suficientes de la participación de Orellana en calidad de autor directo del delito de delincuencia organizada y por ello solicitó se lo vincule al caso Las Torres. El juez de la CNJ que estuvo a cargo de la audiencia de vinculación, Javier de la Cadena, accedió al pedido y le ordenó la medida cautelar de prisión preventiva.

Al no estar de acuerdo con la decisión, Orellana apeló y el Tribunal de la Corte Nacional que revisó el recurso le dio la razón, argumentando que el auto de prisión preventiva emitido el 9 de julio de 2021 no cumplen los requisitos descritos en los numerales 2 y 3 del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Por lo tanto se revoca el auto de prisión preventiva dictada por el juez y consecuentemente se dispone dejar sin efecto la boleta de localización y captura emitida contra Mauricio Orellana, para lo cual se deberá oficiar a las autoridades correspondientes”, refirió el presidente del Tribunal de Apelación, Byron Guillén, durante la lectura de la resolución.

En lugar de la orden de prisión preventiva, explicó el juez Byron Guillén, Mauricio Orellana deberá presentarse obligatoriamente ante el juez de la causa los lunes de cada semana, además tendrá la prohibición de salida del país y deberá colocarse el grillete electrónico.

Pese a que el exgerente de Refinación y exordenador de gasto de la EP Petroecuador Mauricio Orellana aseguró en su versión dentro del caso Las Torres que recibió presiones de José Raúl De la Torre, familiar del excontralor Pablo Celi, para agilizar los trámites de pago de la empresa Nolimit C. A., el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, aseguró que no existe ningún rastro de que esas presiones fueron denunciadas a las autoridades judiciales o a sus superiores en Petroecuador.

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Según los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, Orellana en el ejercicio de sus funciones como ordenador de gasto facilitó el pago de ocho facturas a Nolimit por $ 35,6 millones entre febrero y octubre de 2019. La información fue entregada por Petroecuador y Pedro Crespo, gerente general de Nolimit, e incluiría una factura de mayo de 2019 por un pago de $ 22,7 millones por concepto de planilla de liquidación de obligaciones.

El cambio de medida cautelar para Orellana llega a cinco días de que se realice la audiencia de evacuación y preparatoria de juicio dentro de la causa (el 7 de septiembre próximo), además de la audiencia de procedimiento abreviado que solicitó la Fiscalía para Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi. (I)