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Un examen final, una prueba teórica y otra práctica definirán calificación final de aspirantes a jueces especializados en corrupción y crimen organizado

En septiembre pasado arrancó en Quito el Curso de Formación Inicial al que accedieron 36 aspirantes a jueces especializados en el juzgamiento de 44 delitos.

El Consejo de la Judicatura viene realizando desde finales de marzo pasado el concurso público para seleccionar catorce jueces especializados en el juzgamiento de delitos contra la corrupción y el crimen organizado. Foto: Cortesía Consejo de la Judicatura

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Obtener como mínimo 80 puntos sobre 100 y tener un 80 % de asistencia es lo que únicamente les permitirá aprobar el Curso de Formación Inicial que siguen los 36 aspirantes a uno de los catorce cargos a jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Esto es parte del proceso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ) para cumplir un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el cual fue aprobado por la Asamblea Nacional en 2020.

Desde el 26 de septiembre pasado están corriendo los 52 días de formación que se determinaron dentro del proceso para seleccionar a quienes integrarán la nueva Unidad Judicial Especializada que conocerá 44 tipos penales: 37 delitos relacionados con el crimen organizado y 7 delitos que tienen que ver con corrupción.

Danilo Caicedo, director nacional de la Escuela de la Función Judicial, anota que el concurso público que se dio es independiente del curso de formación, pues el primero da al proceso los alumnos, mientras que el segundo es autónomo y de entre los estudiantes se establecerán los mejores puntajes de donde saldrán los futuros jueces y quienes quedarán en el banco de elegibles.

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El 72 % de los postulantes a jueces especializados en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado proviene de la carrera judicial

“El aspirante puede haber quedado número uno en el concurso y en el curso quedar fuera, porque en el curso lo que se mide es lo académico, el rendimiento en exámenes finales, el rendimiento en exámenes teóricos y el rendimiento en el examen práctico, así lo determina la ley”, explicó Caicedo.

La evaluación de quienes están en el Curso de Formación Inicial se divide en tres factores, según Caicedo. En el primero se tienen los exámenes finales por cada asignatura y hay 30 puntos en juego, es decir, por cada una de las 16 asignaturas van a tener los aspirantes un examen final durante los días del curso.

Hay otros 30 puntos adicionales para una evaluación mediante una prueba teórica. Aquí los postulantes rendirán una prueba a partir de un banco de preguntas elaboradas por los propios docentes del curso. Las consultas serán tomadas de manera aleatoria y en un ambiente controlado sorteadas, para que luego sean respondidas por los aspirantes. Esto sucederá en Quito y será presencial.

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Los restantes 40 puntos serán producto de una evaluación práctica. Caicedo señala que el COFJ determina que esto debe darse mediante una simulación de audiencia. Por ello, dice el director, van a construirse casos prácticos con particularidades para cada instancia; es decir, los casos estarán dirigidos para quienes aspiran a ser jueces de Unidad Penal, otros para quienes pretenden un cargo como juez de Tribunal de Juzgamiento y finalmente para quienes buscan ser jueces de Sala Especializada de Corte Provincial.

La planificación daría para que no se repita ningún caso en el simulacro de audiencia y quienes van a juzgar serán los propios docentes.

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Actualmente existen diez aspirantes a dos puestos como jueces de Unidad Judicial Penal; doce postulantes a los seis cargos como jueces de Tribunal de Juzgamiento; y 15 profesionales que buscan una de las seis plazas como jueces de Sala Especializada de Corte Provincial.

Caicedo anota que cada uno de los postulantes está luchando por judicaturas concretas dentro de estas tres instancias: Unidad, Tribunal y Sala de Corte Provincial. Esto significa que quienes queden primeros en cada una de las tres listas son los que accederán al número que se necesita de jueces, es decir, de la lista de aspirantes a Unidad Penal los dos primeros puntajes accederán a los puestos; quienes pretendan un cargo como juez de Tribunal de Juzgamiento serán los primeros seis y, finalmente, para Sala de Corte Provincial, los primeros seis mejores de la lista.

El resto de profesionales que no accedió a una de las catorce vacantes, pero aprobó el Curso de Formación Inicial, quedará en el banco de elegibles. “El banco de elegibles es necesario por diferentes razones y más pensando en la responsabilidad que van a tener estos jueces se necesita tener un banco de elegibles”, señaló Caicedo.

Físicamente la Unidad Judicial ocupará un área específica en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y cada uno de los catorce jueces seleccionados, así como su equipo de apoyo, contará con un esquema de seguridad apropiado a las tareas por desempeñar.

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Danilo Caicedo: En este curso de formación inicial hemos puesto énfasis en materias especializadas

Como trascendental ha definido a la creación de esta Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado el presidente temporal del CJ, Fausto Murillo. “La corrupción se combate con cero impunidad. Caso que se inicia, caso que debe llegar a ratificar la inocencia o a condenar de acuerdo con el grado de responsabilidad y participación. Ese es uno de los objetivos, a fin de que el país tenga la certeza y la seguridad jurídica de que los delitos de corrupción y el crimen organizado no quedarán en la impunidad. Ese es el reto y la misión de estos nuevos jueces”.

Como muestra de la rigurosidad que ha tenido el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana, Murillo destaca que el proceso arrancó con 425 postulantes y hoy quedan habilitados para el Curso de Formación Inicial solo 36.

Para mediados de noviembre próximo, luego de los 52 días de capacitación, los 40 funcionarios que laborarán en esta sede judicial, entre los cuales están incluidos los catorce jueces, empezarán su trabajo en su sede en Quito, pero tendrán un alcance nacional. (I)

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