Al menos 160 días tomaría la organización del concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir al titular de la Contraloría General del Estado, que centra la atención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La Constitución establece que para designar a las autoridades de control, entre estas de la Contraloría, se realice mediante una denominada Comisión Ciudadana de Selección, que la integran cinco ciudadanos elegidos por la ciudadanía y cinco representantes de las funciones del Estado.

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El pleno del Consejo tenía previsto sesionar la noche de ayer para aprobar el reglamento para elegir a esta autoridad, pero se suspendió la cita.

Este reglamento borrador fue sometido a un denominado proceso de “socialización” para supuestamente legitimar el concurso de méritos, esgrimió ayer la presidenta del organismo Sofía Almeida, en una entrevista en el portal web La Posta.

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Durante los ocho días de plazo que se dio para que la ciudadanía y la academia hagan sus recomendaciones, el CPCCS había recibido 20 aportes, según Almeida.

Se desconocía, hasta ayer, en qué consistían dichas recomendaciones y cuáles de ellas fueron acogidas. Aunque según Almeida, se trató de mantener la normativa sobre las bases constitucionales y legales.

En tal sentido, el proceso arrancará una vez que se convoque a integrar la veeduría ciudadana, para lo que se da un plazo de diez días para que los ciudadanos interesados en observar este procedimiento se inscriban. Según las estimaciones, realizar el concurso implicará una asignación presupuestaria de $ 400.000, y se tardaría entre seis y ocho meses.

Los consejeros no han reformado los reglamentos existentes de periodos anteriores para elegir a los miembros de las comisiones.

Por lo que una vez que se publique la convocatoria para que ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil postulen a candidatos para ser uno de los cinco miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, arrancará el concurso público.

Para ello habrá un término de diez días. Los concursantes enfrentarán fases de admisibilidad, revisión de méritos sobre 50 puntos, de los que se escogerá a los 30 mejor puntuados: 15 serán hombres y 15 mujeres.

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De esta nómina, y mediante sorteo público se escogerá a diez personas: cinco principales y sus suplentes para ser parte de la comisión.

Tanto los candidatos de la ciudadanía como de las entidades del Estado enfrentarán la fase de impugnación ciudadana, en la que se los puede cuestionar por falta de probidad o incumplimiento de requisitos.

Mientras transcurre este proceso, el Consejo de Participación -con el apoyo de un equipo técnico- revisará que los representantes de las funciones del Estado no estén incursos en inhabilidades. Según la Constitución y la ley, los comisionados ciudadanos percibirán dietas diarias correspondientes al 3,3 % del salario de un consejero ($ 4.283). Es decir, mensualmente un comisionado percibirá $ 4.230.

De acuerdo con los términos establecidos en los actuales reglamentos, designar a los diez miembros de la comisión tomaría unos 85 días.

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Una vez conformada esta Comisión Ciudadana, el CPCCS publicará la convocatoria para que los interesados se inscriban en el concurso para ser contralor del Estado.

De acuerdo con el proyecto borrador de reglamento que preveía aprobarse ayer, y con los términos ahí establecidos, la organización tomaría alrededor de 80 días.

Deberán verificarse los requisitos, inhabilidades, méritos, que comprenden fases de reconsideración y recalificación en el caso de que los aspirantes se sientan afectados.

Además, los concursantes enfrentarán impugnación ciudadana y prueba de conocimientos.

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En un primer momento, la propuesta de reglamento estipulaba que rindan un examen práctico relacionado con la ejecución de una auditoría, pero en los últimos cambios se lo retiró.

Por lo que solo se establecería una calificación total sobre 100 puntos: 50 para méritos y 50 el examen escrito.

Para la elaboración del cuestionario o banco de preguntas, el CPCCS invitará a las universidades del país a remitir los nombres de catedráticos especializados en distintas áreas. Se elegirá a doce docentes para que elaboren 2.000 preguntas.

Con los resultados de la puntuación sobre méritos y de la prueba de conocimientos, los candidatos podrán solicitar recalificación. El pleno del Consejo de Participación Ciudadana tendrá tres días para resolver; y finalmente, se procederá con la designación de la autoridad.

La resolución con la designación del concursante mejor puntuado se remitirá a la Asamblea Nacional para su posesión, para que esté en funciones por los próximos cinco años. (I)