Verónica Abad, vicepresidenta de la República, no podrá ejercer ningún cargo público por dos años una vez que esté en firme una sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una denuncia por violencia política de género, cuyo fallo es de última y definitiva instancia.
Con tres votos afirmativos y dos salvados (en contra) de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral se negó un recurso de apelación a una sentencia de primera instancia que declaró a Verónica Abad responsable de haber cometido violencia política de género tras una denuncia que impulsó la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero.
A esta sentencia, las partes procesales, únicamente pueden pedir recursos horizontales como de aclaración y ampliación, que no cambian el fondo de la decisión, por lo que cuando esté en firme, será de obligatorio cumplimiento.
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Con esto, se confirma la sanción que impuso en un primer momento el juez Guillermo Ortega Caicedo el 27 de febrero pasado a Abad, a quien la declaró responsable de incurrir en violencia política de género. Las sanciones son:
- Pagar una multa de 30 salarios básicos, alrededor de $14.000; y,
- La suspensión de sus derechos de participación por dos años.
El fallo señala que una vez que esté en firme, se informará al Ministerio de Trabajo “a efectos de que proceda a inscribir en el archivo a su cargo, la suspensión de los derechos de participación de la señora María Verónica Abad Rojas y establecer el impedimento de ejercer cargo público”.
Como medidas de reparación integral, debe pedir disculpas públicas a la canciller Gabriela Sommerfeld mediante una publicación en un diario de amplia circulación nacional que costeará la denunciada.
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La razón, según Ortega, María Verónica Abad Rojas, incurrió en la infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279, en concordancia con los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 del Código de la Democracia.
La norma en su artículo 279 reconoce a la violencia política de género como una infracción electoral muy grave que se sanciona con multas desde 21 salarios hasta 70, la destitución (si el infractor es un funcionario del Estado); y/o la suspensión de los derechos de participación de dos hasta cuatro años.
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En el artículo 280, se refiere a las conductas que configuran la violencia política. En este caso, a Abad se la responsabilizada de:
- Haber realizado expresiones que denigran a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos.
- Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos.
- Y, aquellas conductas que limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.
La decisión se tomó en una sesión de este lunes, 24 de marzo de 2025, con la presencia de los jueces Fernando Muñoz, Ángel Torres, Ivonne Coloma, Joaquín Viteri (ponente) y Richard González, este último se principalizó en lugar de Guillermo Ortega, que está impedido de actuar en esta causa, por haber tratado el caso en primera instancia.
Los votos a favor fueron de los jueces: Ángel Torres, Ivonne Coloma y Joaquín Viteri; emitieron un voto salvado de Fernando Muñoz y Richard González.
Plazos para que la sanción se ejecute
Una vez que Verónica Abad sea notificada con esta sentencia, tendrá tres días —entre el lunes y miércoles— para interponer un recurso de aclaración y ampliación.
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El Tribunal lo resolverá en dos días término y el fallo quedará en firme para su cumplimiento. De esta forma, esta sanción podría estar en firme entre el lunes o martes de la próxima semana.
Los jueces ordenaron que se notifique al Ministerio del Trabajo de la suspensión de los derechos de participación de Verónica Abad para que se registre el impedimento para ejercer cargo público.
La segunda mandataria se encuentra en Ankara (Türkiye) desde el 17 de marzo último para cumplir la asignación que le dio el presidente de la República, Daniel Noboa, de ser encargada de negocios.
Con esta medida tendría que retornar a Ecuador, ya que estará impedida de ejercer una función en el Estado.
El constitucionalista Aldrín Gómez explicó que el fallo del TCE es de obligatorio cumplimiento y su ejecución es inmediata, ya que sus resoluciones en materia electoral son de última y definitiva instancia.
Sin embargo, anotó, Abad podría interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC).
Los hechos que denunció la canciller Gabriela Sommerfeld
En su denuncia, ingresada el 14 de octubre de 2024, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, detalló que Verónica Abad tuvo expresiones basadas en estereotipos de género y relaciones de dominación que menoscabaron su imagen pública a través de declaraciones injuriosas y discriminatorias.
Entre estas, que limitó sus derechos inherentes a la función pública que realiza, impidiéndole ejercer el cargo en condiciones de igualdad; que Abad dio información falsa, errada e imprecisa con la finalidad de inducirle a tomar decisiones y ejecutar acciones erróneas o que incurran en una omisión.
Acusa a Abad de haber motivado una posible destitución de su cargo de Canciller; que presentó dos denuncias en el TCE y en la Fiscalía General y, entre otros puntos, que ha actuado como “vocera contra el Ecuador” y contra la ministra en los procesos litigiosos de carácter internacional.
Este hecho se produce de forma simultánea al periodo de 19 días para la campaña electoral que termina el próximo 10 de abril, a propósito de la lid de segunda vuelta para definir al presidente y vicepresidente de la República para los siguientes cuatro años.
La contienda es entre Daniel Noboa Azín, candidato por su movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) lista 7; y Luisa González Alcívar por la alianza correísta Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO) listas 5-33. (I)
