Sin Verónica Abad en el caso Nene, Fiscalía continuará el procesamiento por concusión solo contra quienes intervinieron a modo de ‘operadores’

Independientemente de que la vicepresidenta Verónica Abad no será en este momento procesada penalmente en el caso Nene, pues la Asamblea no autorizó su enjuiciamiento, luego de la vinculación del asesor de la segunda mandataria, Daniel Lenín R. P., y la reformulación de cargos, los dos sospechosos que quedan en esta causa enfrentarán cargos por el delito de concusión en lugar de oferta de tráfico de influencias.

Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta de la República, quien se encuentra en Tel Aviv, Israel, cumpliendo funciones diplomáticas, fue con quien se arrancó, el 22 de marzo pasado, la instrucción fiscal por un delito de oferta de realizar tráfico de influencias que define penas de entre tres y cinco años.

Hasta antes del lunes último que el fiscal del caso, Leonardo Alarcón, se inhibió de seguir con la causa por el fuero de Corte Nacional que cobijaba a una de las potenciales sospechosas, la vicepresidenta Abad, todo giraba en torno a lo dicho en su denuncia por Rommel P. Él aseguró en su versión que lo contactaron Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P. para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio pedían que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, la víctima debía entregarles una buena parte de ese mensual.

Primero le exigían $ 2.000 mensuales y luego de una “negociación” la cifra pasó a $ 1.500. Finalmente no pudo pagar nada el denunciante porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hicieron firmar, a Rommel P. lo desvincularon de la Vicepresidencia de la República.

El nombre de Daniel Lenín R. P. fue mencionado desde el minuto cero de la investigación, pero a los casi tres meses de iniciada la instrucción, según Fiscalía, no solo aparecieron datos de los que se presume la participación del supuesto asesor de Abad y de la vicepresidenta, sino también la investigación arrojó elementos que harían variar “justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos”, es decir, se encontraron elementos contundentes que le obligan a la Fiscalía a reformular cargos por el delito de concusión, figura penal que deja penas de tres a cinco años de cárcel, puede ser juzgada en ausencia y, además, es imprescriptible.

Esta última característica del delito de concusión es la que abre la posibilidad para que la Fiscalía retome el procesamiento penal de Abad una vez que concluya el periodo para el que fue elegida vicepresidenta, el 24 de mayo de 2025. Así lo dejó saber la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado, en el que reafirma su compromiso de lucha contra la corrupción.

El abogado de Abad, Oswaldo Trujillo, ha dicho que lo que se ha buscado en este caso es acomodar las cosas para poder imputar responsabilidades penales a la vicepresidenta. Verónica Abad por dos ocasiones no asistió a las versiones convocadas por la Fiscalía en el caso Nene.

Los operadores del delito de concusión

Con la reformulación y la vinculación, a la teoría inicial se le sumará como elemento lo dicho en la ampliación de la versión de Rommel P., quien manifestó que la “vicepresidenta” tenía completo conocimiento de los acuerdos y negociaciones que se mantuvieron con él, adjuntó copias de chats que supuestamente mantuvo con Verónica Abad e incluso entregó su teléfono celular para que fuera periciado.

Tanto Sebastián B. A. como Daniel Lenín R. P. dejan el lugar de ser los mentalizadores de un ilícito y pasarían a ser procesados como los supuestamente operadores de la funcionaria pública que tenía la posibilidad de incidir directamente en la Vicepresidencia de la República.

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Para David Meza, defensa del denunciante Rommel P., si ni Daniel R. ni Sebastián B. eran funcionarios públicos, la pregunta que debería hacerse es: ¿Podían ellos efectivamente poner en el cargo a alguien sin tener adentro un funcionario público que sea autoridad nominadora? La respuesta evidente es no, dice el abogado, quien cree que es en este punto que aparece la participación de la vicepresidenta Verónica Abad.

El defensor piensa que existen los suficientes elementos periféricos que hacen que la versión de su cliente cobre credibilidad. Uno de ellos sería que lo ocurrido con Rommel P. no nace en una relación a partir de que ingresa a la Vicepresidencia de la República, sino que él conoce a Abad cuando estaba de candidata a la Alcaldía de Cuenca a finales de 2022. Posterior a esto, dice el abogado, Rommel P., por pedido de la misma Verónica Abad, presta sus servicios gratuitamente, pero con el ofrecimiento de que apenas ella se posesione como vicepresidenta le va a otorgar un cargo.

La versión del exsecretario general de la Vicepresidencia de la República

Marco Molina sería el exsecretario general de la Vicepresidencia de la República que confirmó la entrega del cargo a Rommel P. En su versión, él afirmó que la “vicepresidenta” le dispuso que realice la contratación del denunciante en el cargo jerárquico superior de coordinador de Comunicación.

Del expediente es parte la versión del exsecretario general, quien contestó así a preguntas realizadas: ¿Quién le dispuso el ingreso del señor Rommel P.? La señora vicepresidenta Verónica Abad. (...) ‘Cuando usted estaba de secretario general asistió a una reunión en la Embajada de China? Sí. ¿Quiénes estuvieron presentes? El señor Daniel R. y el hijo de la vicepresidenta. ¿Cuando usted desempeñaba funciones de secretario general viajó en un jet de la Policía de Guayaquil a Quito? Sí. No recuerdo si ya era secretario. ¿Quiénes estaban presentes? La vicepresidenta (Verónica Abad), creo que uno de sus hijos, el señor Daniel R., y creo que también Rommel P., que tomaba las fotos.

Meza recordó que en el caso existe una conversación en la que la vicepresidenta Abad diría: “Ya baja, Dani”, refiriéndose a Daniel R., quien, anota el abogado, era una persona que se hacía pasar como “asesor político” de la vicepresidenta de la República; sin embargo, no existiría hasta este momento evidencia de que él haya sido funcionario público en esa cartera de Estado.

La defensa de Rommel P. en el caso Nene habría solicitado versiones de al menos cinco funcionarios públicos, los cuales, ha explicado Meza, habrían dicho que fueron entrevistados en un hotel del norte de Quito y que quien lideró la entrevista, por “pedido y exigencia” de la vicepresidenta Abad, fue Daniel R., en presencia de Sebastián B.

“La versión de mi cliente (...) también está sustentada en otros elementos más, es decir, versiones de otros funcionarios públicos, que manifiestan que era el mismo modus operandi. Hotel (...), entrevista por alguien que no era funcionario público, quien decidía los cargos por disposición expresa de la señora vicepresidenta de la República”, resaltó el abogado de Rommel P. en declaraciones hechas a Carlos Vera en un programa radial.

La instrucción fiscal del caso Nene se extiende por 30 días

Para las 14:45 de este lunes 17 de junio dispuesto inicialmente la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho que se instale la audiencia para vincular al caso Nene a Daniel Lenín R. P. y reformular cargos al delito de concusión. La diligencia se difirió por pedido de la defensa del vinculado y finalmente el caso regresó a manos de la jueza anticorrupción que tuvo en su conocimiento los tres primeros meses el caso Nene, la jueza María Fernanda Castro.

LOque se tenía planificado escuchar en la diligencia de vinculación son los hechos exactos en los que se le relaciona al supuesto asesor de Abad, cuáles son los elementos de convicción que mantiene la Fiscalía contra él y la calidad en la que le formularán cargos.

Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en su justificación para remitir el caso a la fiscal general, Diana Salazar, explicó que hay elementos que vinculan a la segunda mandataria en el caso Nene, entre ellos, información que refiere disposiciones directas de la vicepresidenta Abad en los hechos irregulares investigados.

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Para fundamentar que en los hechos ilícitos analizados existía la participación de una persona con fuero de Corte Nacional se incluyeron trece elementos de convicción, entre ellos, versiones de cinco exfuncionarios y un funcionario actual de la Vicepresidencia de la República. Esta información podría ser parte de la que presente la fiscal Salazar para formular cargos contra Daniel Lenín R. P.

Una vez se concrete la vinculación, se sumarán 30 días más a la etapa de instrucción fiscal en el caso Nene. Recién en ese momento se sabrá cuándo se completan los 120 días en total que deberá durar esta fase procesal. (I)