Tras 18 días de movilizaciones, el 30 de junio de 2022 se puso fin al paro nacional contra el gobierno de Guillermo Lasso convocado por el movimiento indígena y que dejó como resultado 9 personas fallecidas, al menos 318 personas heridas, 199 detenciones y cientos de procesos judiciales abiertos para criminalizar la protesta social, según el monitoreo realizado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Su coordinadora, Vivian Idrovo, menciona que pese a que ya pasó un año, la impunidad para estas investigaciones continúa al igual que la falta de reparación integral y cuestiona el que no se hayan implementado los acuerdos a los que llegaron las partes en su momento y que considera son temas que el nuevo Gobierno deberá atender.

¿Considera que estos acuerdos fueron suficientes o que aún es un tema que no ha quedado cerrado y puede volver a traer complicaciones al Gobierno actual o al que asuma este año?

Las demandas de las organizaciones indígenas representaban una profunda reflexión sobre la estructura del Estado y buscaban la construcción de un Estado plurinacional. Fue la primera vez que todos los estamentos se sentaron a dialogar y analizar las más de 350 propuestas presentadas, que pretendían solucionar los problemas estructurales en el Ecuador y comprometer al Gobierno a respetar la Constitución. Lamentablemente, y pese a la voluntad de las organizaciones indígenas de buscar la implementación de los acuerdos, que fueron mucho menores a las demandas, estos no fueron cumplidos por el Gobierno como lo anunciaron en febrero pasado las organizaciones.

Publicidad

¿Entonces le tocará al Gobierno que se elija en agosto atenderlas?

La grave situación de violación de derechos humanos, de la naturaleza y de derechos colectivos continúa y al nuevo Gobierno le compete abordar los problemas estructurales, apegado a la Constitución y a los derechos, y evitar que se conviertan los problemas en crisis y estas crisis en caos.

¿Cuál es el estado de las investigaciones de las muertes de las víctimas del paro nacional de junio de 2022?

Publicidad

En las violaciones a derechos humanos, tanto de este paro como de otras movilizaciones que involucran a agentes estatales, lo que prima es la impunidad. Se puede presentar un pedido de información a la Fiscalía General del Estado y preguntar en qué estado están los juicios que buscan investigar los excesos de fuerza, los homicidios y violaciones y veremos que solo existe impunidad. Ningún caso ha pasado ni siquiera la fase de investigación y esto es lamentable.

¿Qué ayuda han recibido las familias de las víctimas mortales en este tiempo?

Publicidad

Las víctimas no requieren ayuda sino reparación integral y el Estado se ha negado de forma sistemática a garantizarla por lo que han sufrido. No puedo hablar de ayudas, no es un lenguaje en términos de derechos humanos, lo que sí demandamos como organizaciones de DD. HH. es que el Estado cumpla con garantizar el derecho a la reparación integral, esto no es facultativo e inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se pronunció sobre el paro de 2019, estableció como recomendación que se determine de manera inmediata un plan de reparación para las víctimas y eso no existe.

¿Alguno de los familiares de las víctimas mortales o los propios manifestantes que resultaron heridos en el paro nacional de pronto buscarán participar en las elecciones de agosto próximo?

No las conozco, no podría hablar por nadie.

¿Los afectados del paro o las familias de las víctimas mortales han contemplado buscar hablar con los candidatos a la Presidencia para dar a conocer su situación?

Publicidad

Si se tiene posibilidad de tener contacto con las víctimas lo que se les debe preguntar sus demandas, que buscan la reparación integral y la verdad, y no la impunidad. (I)