En una polémica sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, los legisladores no quedaron convencidos de los argumentos de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar a César Córdova, un exburócrata de los servicios de aduanas, como defensor del Pueblo encargado. A tal punto de que Sofía Almeida, presidenta del Consejo, llegó a expresar la frase “todos tenemos derecho a trabajar” para defender a su elegido.

Este 22 de septiembre, los siete vocales del CPCCS fueron convocados a comparecer ante esa mesa legislativa para explicar por qué, bajo qué criterios y cuántas carpetas analizaron el 18 de septiembre último, para concluir que Córdova era el perfil para ser la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, cuyo currículum no acreditaría trayectoria en defensa de los derechos humanos, requisito establecido en el artículo 216 de la Constitución.

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La designación de Córdova, quien remplaza a Freddy Carrión, censurado y destituido por un juicio político, se dio con los votos de David Rosero, Sofía Almeida, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán; María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo se abstuvieron.

Al final de la exposición que se extendió por casi cinco horas, la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (CREO), dijo que se quedaron con más dudas que certezas. “Es flagrante el incumplimiento de la ética y moral al haber designado a “un amigo” y no a un defensor del Pueblo”, reprochó.

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Córdova fue secretario en el CPCCS por siete meses, y Almeida lo describió como un hombre probo, conciliador, impecable, cuyas tesis de maestrías (que no están inscritas en la Senescyt) se referían a las mujeres y que está estudiando un doctorado (Ph. D.) y que su tesis versaría sobre temas indígenas.

El exfuncionario de Aduanas en Guayaquil y Cuenca tiene como trayectoria en derechos humanos, según Almeida, que había defendido a 300 trabajadores. Aunque el mismo Córdova en una entrevista en el medio digital Ecuador Play señaló que eran 40 o 50 personas despedidas de una institución pública a las que había patrocinado.

Las preguntas se enmarcaron en por qué no se revisaron los requisitos del elegido. Almeida repetía que el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo les da la atribución de nombrar a un encargado y que no se establecen parámetros o requisitos previos para hacerlo.

Que lo hicieron con urgencia para no dejar en acefalía a la Defensoría. “Esta es potestad única del CPCCS para designar. (…) Dejen sentar a Córdova y él demostrará su trabajo, ha demostrado ser una buena persona”, justificaba.

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Fue una sesión controvertida y marcada por los cuestionamientos que hicieron los legisladores. Solo el legislador correísta Roberto Cuero (UNES) los defendió.

Almeida tenía dificultad para responder y le pedían que no “divague”. El vicepresidente del Consejo, David Rosero, trataba de intervenir. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, no le daba la palabra porque no era su turno, por lo que Rosero gesticulaba respuestas para ayudar a su colega.

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Entonces apareció en la sala de la Comisión el tío de la consejera Almeida y legislador del PSC, Luis Almeida, que dijo sentirse “picado” porque no le gustan las “injusticias y el avasallo”.

Resaltó a su sobrina como una mujer valiente y reconoció que conoce personalmente a César Córdova, de quien realzó su labor humanitaria y así se evitó nombrar a un “vivaracho”. “Este encargo me parece justo en cuestión de conocer a otras personas”, dijo el asambleísta, quien advirtió a la Comisión de cuidado hacer un “harakiri” y que no haya intromisión en otras funciones del Estado.

Soledad Diab, también del PSC, recordó que los legisladores están para legislar por el bien común y que en ese caso, su coideario fue a hacer una defensa de su sobrina.

Cordero preguntó a los consejeros si habían confirmado que Córdova era presidente de una fundación Fragua de Vulcano, pues en ninguna parte aparece como presidente.

Silencio. Minutos después Almeida anunciaba que el presidente de esa fundación había muerto y Córdova lo sucedió.

Descontenta con los argumentos, Cordero mostró documentos de que la única experticia como abogado de Córdova, según registros de la Función Judicial, había sido para el registro de contratos de arrendamiento que hasta lo hace “un pasante” de Derecho.

Almeida insistió en que defendió a 300 trabajadores. “El único pecado de César Córdova es haber sido elegido por el CPCCS”, se lamentó.

Ricardo Vanegas (PK) concluyó que en esta designación hubo un “indiscutible conflicto de interés” porque no se evaluó de forma técnica su trayectoria técnica en derechos humanos, sino que se designó al exsecretario del Consejo.

Almeida insistió en que la ley no indica un mecanismo para designar a la autoridad y que sí “recibió a personas (candidatos) por correo electrónico”.

Sofía Almeida, presidenta del CPCCS, y César Córdova, defensor del Pueblo encargado, durante el evento de entrega de documento de designación, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Pedro Velasco (Avanza) coincidió en que hay un conflicto de interés, porque “no se puede poner a cualquier persona en ese cargo, tiene que cumplir con los requisitos legales que señala la Constitución”.

“No han verificado información, no han cumplido, aquí hay un conflicto de interés; por eso el país ve absorto lo que está sucediendo. Poco o nada les ha importado”, cuestionó.

El asambleísta Bruno Segovia reconoció la facultad del Consejo de nombrar esta autoridad, pero consideró que hubo una “parcialización” a favor de Córdova.

Rosero refirió que el nuevo defensor era honesto y que su título de abogado lo hacía defensor de derechos humanos. Que hay un catálogo para defender derechos humanos, y que Córdova con su trabajo en las aduanas defendió los derechos del consumidor.

Javier Dávalos recriminó que todavía no hay una consulta popular que elimine al Consejo, y que le “duela a quien le duela”, ellos tienen la atribución de nombrar autoridades.

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Córdova es una persona que genera acuerdos y conciliadora, y que no tiene por qué “contentar a nadie”. Y en todo caso, después del concurso de méritos para designar al defensor definitivo que les tomará unos seis meses, llegará una “persona más capaz, con una trayectoria amplia”.

Ibeth Estupiñán también defendió la designación de Córdova, aunque se la cuestionó por otro tema.

Villavicencio le pidió que informe si Karen Carrión, sobrina del exdefensor Freddy Carrión, fue su asesora en el Consejo.

Nerviosa, reconoció que sí fue su asesora (ahora es subcoordinadora de Participación Social) y apelaba a los asambleístas que su exasesora y ella son madres solteras.

Villavicencio le preguntó por su hermano Iván Estupiñán Gómez. Ella respondió que había siete homónimos en Esmeraldas, pero que sí, era su hermano.

¿Quién lo designó?, se le preguntó. “Me están sentenciando, me están sentenciando”, indicaba Estupiñán. “Sí, sí es mi hermano, pero fue mocionado por las organizaciones. Eso no tiene nada que ver conmigo”.

“Tiene que ver todo”, le aclaró Villavicencio.

Los consejeros Bravo, Ulloa y Rivadeneira aprovecharon para exponer la división que hay en el organismo y que las decisiones se toman solo con la mayoría de Rosero, Almeida, Estupiñán y Dávalos.

Bravo explicó que ellos no presentaron candidatos, porque cuando él pidió la palabra le silenciaron el micrófono de la sesión virtual; además que alertaron a los consejeros que Córdova no cumplía con los requisitos de ley.

Ulloa recordó que él le dijo a Córdova cuando renunció a su cargo en el CPCCS como secretario que se abstendría si decidía postular a uno de los concursos, porque habría conflicto de intereses.

Fue lo que ocurrió. Incluso Córdova en la entrevista con Ecuador Play reconoció que iba a postularse para ser titular de la Defensoría Pública.

Rivadeneira coincidió con sus compañeros y recriminó que no recibieron la hoja de vida completa del designado y que hubo falta de información.

Al final de estas comparecencias, Villavicencio comentó que si él tuviera que tomar una decisión como la del CPCCS, no nombraría a su exsecretario para este tipo de cargos. (I)