Entre el martes 27 de agosto y el miércoles 28 de agosto últimos, Wilman Terán, procesado penalmente por los delitos de obstrucción de la justicia y delincuencia organizada en los casos Independencia Judicial y Metástasis, respectivamente, planteó dos acciones de protección contra Teleamazonas y dos funcionarios de Ecuavisa. Lo que buscaría mediante la acción constitucional es que se le permita ejercer el derecho a replicar las declaraciones realizadas por la fiscal general, Diana Salazar, en entrevistas dadas a esos medios.
En sus escritos, el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) investigado penalmente por actos de corrupción dentro del sistema de justicia explica que desde el día 14 de diciembre de 2023 en que se encuentra encarcelado hasta la actualidad ha sido objeto de “críticas, opiniones, juicios de valor, calificativos peyorativos y afirmaciones sin bases o sustento”, a través de declaraciones emitidas por ciertos personajes y/o figuras de la política nacional originando “pseudojuicios” comúnmente conocidos como “juicios paralelos”, que han sido transmitidos por medios de comunicación nacionales, como Ecuavisa o Teleamazonas.
Terán cree que las declaraciones reproducidas han estado encaminadas a denigrar su imagen y buen nombre, y que no se le ha dado la posibilidad de ejercer su derecho a la réplica. “Al ser mi propio abogado y estar privado de la libertad, me encuentro limitado para afrontar de manera ágil y oportuna lo mediatizado de pseudojuicios hacia mi persona por parte de los medios de comunicación en general”, anotó.
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En el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) aparece registrada la primera acción de protección interpuesta el 27 de agosto pasado contra el representante legal y el productor de noticias de Ecuavisa. En la petición inicial de Wilman Terán, conocido con el alias de Diablo en Metástasis, explica que la violación de sus derechos constitucionales se configuraría en la “omisión” por parte de al no haberle dado su derecho a la réplica con respecto a las declaraciones realizadas por la fiscal Diana Salazar en entrevista dada el 23 de agosto pasado.
Según él, la fiscal general señaló en su contra acusaciones que van desde la comisión de delitos hasta aseverar que tiene vínculos con narcos y que mantiene control de la Corte Nacional. Ante ello, la pretensión puntual de la acción de protección de Terán es que se declare la vulneración de sus derechos constitucionales, se disponga se le movilice desde la cárcel en que se encuentra hasta las instalaciones de Ecuavisa en Quito para que, ejerciendo su derecho a la réplica y como reparación a su imagen y buen nombre, se le realice una entrevista en el mismo día (un viernes), mismo espacio, tiempo y horario en el que se entrevistó a la fiscal general, Diana Salazar.
En el caso de Ecuavisa, Wilman Terán incluso pide que sea Carlos Rojas, quien entrevistó a Diana Salazar, el periodista que lo entreviste en la réplica.
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En cambio, en lo relacionado con Teleamazonas, lo único que se encuentra registrado en el Satje es el día en que se interpuso la acción de protección, el 28 de agosto pasado, y no aparece la petición inicial de Wilman Terán. Este caso recayó en la jueza Margarita Ortega Galarza, de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia; mientras que la causa relacionada con Ecuavisa tendrá como jueces penales en Quito a Galo Rumiguano (ponente), Pablo Coello y Milton Maroto.
Hace pocos días, en su cuarto habeas corpus presentado ante la CNJ por Wilman Terán, él ahora no solo busca su libertad, mediante medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, sino que también pide que se suspenda en sus funciones a la fiscal general, Diana Salazar, y al fiscal general subrogante, Wilson Toainga.
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La acción constitucional fue presentada el 20 de agosto último como parte de un amicus curiae que presentó la defensa de Terán para participar como tercero interesado en el habeas corpus que planteó la jueza Enma Tapia en contra del fiscal Toainga por un tema relacionado con el caso denominado Confourtable, en el que se investiga de forma previa el delito de cohecho.
Wilman Terán y sus abogados aseguran en este nuevo habeas corpus correctivo que, por haberse comprobado que en prisión su vida y su salud mental están en constante peligro, solicita se disponga su libertad, ordenando cualquier medida cautelar distinta a la que pesa sobre él, prisión preventiva, y que ha hecho que esté en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, y hoy, por disposición de las juezas de la CNJ Enma Tapia y Katherine Muñoz, quienes dieron paso a un último habeas corpus, esté ahora en la Cárcel 4, en Quito.
Jueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional están a cargo de esta causa en la que aún no se define una fecha para la diligencia. (I)
