Para el fiscal general subrogante Wilson Toainga el hoy expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, la exvocal y el actual vocal de la Judicatura, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, respectivamente, son los autores directos del delito de obstrucción la justicia, por el que la mañana de este miércoles 27 de diciembre se formuló cargos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). A excepción de Muñoz, los restantes asistieron a la diligencia vía telemática.

Debido a que por el momento se han desvanecido los presupuestos con que se contaba para imputar cargos contra el exvocal del CJ, Juan José Morillo, este quedó fuera de la lista inicial de ocho personas. Aparentemente esto se da luego del pedido de fecha para formular cargos, es decir, luego del 29 de agosto pasado, existieron elementos de cargo y de descargo que desvanecieron las presunciones iniciales.

Quienes sí siguieron en la lista son Andrés J., secretario general (e) del CJ; Marcela M., subdirectora Nacional de Control Disciplinario del CJ; Carlos G., subdirector Nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; y Katherine L., subdirectora Nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ. A todos Toainga les formuló cargos en calidad de cómplices del delito contenido en el artículo 279.1, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Obstrucción de la justicia, delito relativamente nuevo por el que serán procesados Wilman Terán y siete funcionarios más de la Judicatura

Según el fiscal subrogante, el presente caso, el cual se ha sido bautizado como Independencia Judicial, gira en torno a un uso privativo y privilegiado del poder judicial pretendiendo con ello obstruir a la justicia. Lo que habría generado los actos ilícitos al interior del Consejo de la Judicatura tendrían su génesis en el 2022, cuando la Fiscalía inició una investigación previa por el delito de tráfico de influencias contra los ahora exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, cuyos resultados condujeron a la respectiva solicitud de formulación de cargos ante la Corte Nacional de Justicia.

La competencia para dirigir la causa recayó en el juez de la Sala Penal, Walter Macías, quien señaló para el 4 de mayo de 2023 la audiencia de formulación de cargos contra Barreno y Morillo, diligencia que pudo instalarse, pues un día antes, el 3 de mayo, Maribel Barreno presentó una demanda de recusación. Desde ese momento, afirmó el fiscal Toainga, se habrían generado una serie de hechos administrativos al interior del CJ, como la suspensión y destitución, que buscaban separar del conocimiento del caso al juez Macías.

Para Toainga entre las ilegalidades cometidas está el suspender a un juez nacional con dos votos afirmativos versus dos abstenciones, actuando en contra del artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y 76.3 y 82 de la Constitución; tomar decisiones sin haberse informado por completo y adecuadamente de los expedientes disciplinarios; destituir a un juez nacional con solo dos votos pese a que se encontraban cuatro vocales conectados en una sesión extraordinaria; subsumir la actuación del juez nacional Walter Macías a una causal que nada tenía que ver con los hechos administrativos denunciados en el artículo 109, numeral 1 del COFJ.

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El fiscal subrogante no dejó de mencionar que uno de los vocales que votaron a favor de la destitución de Walter Macías se encontraba aparentemente en estado etílico.

“Si bien desde la Fiscalía General se reconoce que existen actividades propias de cada organismo estatal, también se advierte que a pretexto del ejercicio de las mismas se han usado ilegitimidades evidentes, inventándose pasos o procedimientos no reglados y por ende ilegítimos para impedir la actuación de un juez nacional dentro de una causa, circunstancias fácticas que se subsumen en el delito de obstrucción de la justicia (...) al haber vulnerado la correcta gestión dentro de la administración de justicia con actos que atentan a la seguridad jurídica del Estado”, indicó Toainga.

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Hechos relacionados con los casos Las Torres y vocales son el fundamento del delito por el que se procesará al titular de la Judicatura, Wilman Terán, y otros funcionarios

Wilman Terán se conectó vía telemática a la diligencia desde la denominada Cárcel 4, centro de privación de la libertad en el que permanece desde la madrugada del 16 de diciembre pasado, una vez que se le formuló cargos, junto a otras 30 personas, por el delito de delincuencia organizada en el conocido como caso Metástasis. En este proceso penal se investigaría a quienes conformaron una “empresa criminal” que tenía como objetivo dar facilidades penitenciarias y fallos convenientes para el narcotraficante Leandro Norero y su familia.

Maribel Barreno y su abogada también se conectaron vía telemática a la formulación de cargos en la Corte Nacional. Ella, al igual que Juan José Morillo, fue separada del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura una vez que se le llamó a juicio por el delito de tráfico de influencias. Además de Morillo y Barreno, también fue llamado a juicio el exjuez Valdimir Jhaya. Todos son procesados por supuestamente tratar de conseguir un fallo a favor de la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Pedido de medidas cautelares

Al momento el fiscal Wilson Toainga continúa con la lectura de los elementos de convicción que tiene para formular cargos por el delito de obstrucción de la justicia contra los siete sospechosos y luego dará a conocer las medidas cautelares que solicitará contra cada uno de los procesados.

En esa línea, para la exvocal Barreno, Paúl J., Marcela V., Carlos G. y Katherine G. el fiscal general subrogante solicitó comoo medidas cautelares la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso del dispositivo electrónico (grillete electrónico).

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Mientras tanto para el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el actual vocal del CJ, Xavier Muñoz, Toainga pidió que se les disponga la medida cautelar de prisión preventiva. En cuanto a ellos se dijo que la medida es la adecuada para evitar que exista injerencia o cualquier otro riesgo que entorpezca el correcto desarrollo del procesamiento.

Pidió al juez nacional, además, medidas de protección para el juez Walter Macías y para la agente fiscal del caso Alexandra Zurita y para el fiscal general subrogante Wilson Toainga. Esta solicitud buscaría que al ser Muñoz parte de la Judicatura se evite cualquier retaliación desde el órgano de gobierno, administración, control y disciplina de la Función Judicial.

Inmediatamente participarán la defensas de los acusados para debatir respecto a las medidas cautelares pedidas. El juez Luis Rivera, quien está a cargo de la causa, dará paso a que intervengan en la diligencia los acusados que requieran la palabra. (I)