Este miércoles 28 de diciembre se conocerá si el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera da paso a las órdenes de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General para el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán y el actual vocal de la Judicatura Xavier Muñoz, procesados como autores directos del delito de obstrucción de la justicia.

Dentro del denominado caso Independencia Judicial también son investigadas la exvocal del CJ Maribel Barreno, a quien la Fiscalía la ubica como autora directa de la obstrucción de la justicia investigada; Andrés J., secretario general (e) del CJ; Marcela M., subdirectora nacional de Control Disciplinario del CJ; Carlos G., subdirector nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; y Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ, los últimos acusados como cómplices del delito contenido en el artículo 279.1, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para estos cinco últimos procesados la Fiscalía solicitó las medidas de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. En cambio, para los siete sospechosos se solicitaron como medidas de carácter real la retención de valores hasta un máximo de $ 18.000 para cada uno de los procesados en cuentas, pólizas, entre otros títulos-valor que tengan en el sistema financiero local y la prohibición de transferir o enajenar bienes.

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Inicialmente fueron convocadas ocho personas a esta diligencia que fue solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, hace ya cuatro meses, pero debido a que por el momento se han desvanecido los presupuestos con que se contaba para imputar cargos contra el exvocal del CJ Juan José Morillo, este quedó fuera de la lista. Aparentemente en esta última parte de la investigación existieron elementos de cargo y de descargo que desvanecieron las presunciones iniciales.

Si bien desde la Fiscalía General se reconoce que existen actividades propias de cada organismo estatal, también se advierte que a pretexto del ejercicio de las mismas se han usado ilegitimidades evidentes, inventándose pasos o procedimientos no reglados y por ende ilegítimos para impedir la actuación de un juez nacional dentro de una causa, circunstancias fácticas que se subsumen en el delito de obstrucción de la justicia (...) al haber vulnerado la correcta gestión dentro de la administración de justicia con actos que atentan a la seguridad jurídica del Estado”, indicó el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien aclaró en la formulación de cargos que este caso gira en torno a un uso privativo y privilegiado del poder judicial pretendiendo con ello obstruir a la justicia.

Para Toainga, entre las ilegalidades cometidas está el suspender al juez nacional Walter Macías con dos votos afirmativos versus dos abstenciones, actuando en contra del artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y 76.3 y 82 de la Constitución; tomar decisiones sin haberse informado por completo y adecuadamente de los expedientes disciplinarios; destituir a Macías con solo dos votos pese a que se encontraban cuatro vocales conectados en una sesión extraordinaria; subsumir la actuación del juez Walter Macías a una causal que nada tenía que ver con los hechos administrativos denunciados en el artículo 109, numeral 1, del COFJ.

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Obstrucción de la justicia, delito relativamente nuevo por el que serán procesados Wilman Terán y siete funcionarios más de la Judicatura

El fiscal subrogante no dejó de mencionar que uno de los vocales que votaron a favor de la destitución de Walter Macías se encontraba aparentemente en estado etílico.

Las defensas de Terán y Muñoz rechazaron las órdenes de prisión preventiva solicitadas por Toainga. Afirmaron que estas no cumplen con los requisitos del delito que se investiga, no han sido fundamentadas y que son desproporcionadas. Ante los riesgos procesales indicados por el fiscal subrogante en su exposición, los abogados resaltan que tanto Terán como Muñoz han colaborado con la investigación y no son un riesgo para la normal consecución del proceso.

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Quienes recibieron las medidas de presentación periódica, prohibición de salida y uso de grillete electrónico también se opusieron parcialmente a estas. Unos pidieron que no se concrete el uso del grillete y otros pidieron que las presentaciones se hagan una vez por mes.

La Fiscalía realizó varios allanamientos en mayo pasado como parte del caso Independencia Judicial. Foto: cortesía Fiscalía.

Toainga además solicitó al juez Rivera que emita medidas de protección a favor del juez Walter Macías, quien sería una víctima indirecta en este caso; para la agente fiscal que está dentro de esta investigación, Alexandra Zurita, y para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga. Al menos la defensa de Barreno, Cristopher Gallegos, cree que el juez no debería dar paso a esta solicitud porque no cumple con los requisitos de ley para que ellos mantengan una medida de este tipo.

Desde el inicio el expresidente de la Judicatura Wilman Terán participó por vía telemática de la diligencia. Él lo hizo desde la denominada Cárcel 4, en donde se encuentra cumpliendo la medida de prisión preventiva dentro del caso Metástasis. Ya para la parte final de la audiencia se conectó por vía telemática el actual vocal Xavier Muñoz.

El juez Luis Rivera indicó que no daba a conocer inmediatamente su resolución, pues tenía otra audiencia en agenda que le impedía seguir este mismo miércoles con la audiencia. Por ello convocó a las partes procesales para reinstalar la audiencia de formulación de cargos y dar su resolución de forma oral este jueves 28 de diciembre, a partir de las 11:00. (I)

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