Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social: El bono debe ser un incentivo para que la gente que lo recibe salga de la pobreza

La abogada y activista de derechos humanos Zaida Rovira Jurado ocupa desde el pasado 23 de noviembre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La funcionaria dice que el presidente de la República, Daniel Noboa, es un hombre muy sensible y que le ha pedido atender con especial énfasis a la niñez. Por ello, asegura que sí se cumplirá la promesa de campaña de crear un nuevo bono para las mujeres gestantes, aunque los recursos económicos son escasos.

¿Cómo se dio su acercamiento con el presidente Noboa? ¿De dónde lo conoce?

Lo conocí desde la época en que él fue asambleísta y yo era vicedefensora del Pueblo. Nos conocimos por la interacción que tienen las autoridades con los asambleístas. Me llamaron a reuniones en varias ocasiones. Y colaboré con él en algunos temas, como protección de datos personales. Hubo acercamientos por estos temas sociales y de derechos, que siempre le han motivado, y yo soy una defensora de derechos humanos. Eso nos unió.

¿No trabajó en la campaña?

Habíamos tenido cercanía, pero yo era funcionaria pública; estaba en la Procuraduría General del Estado como subdirectora regional de Mediación, y existe una prohibición para hacer campaña. Sin embargo, habíamos tenido coincidencias y trabajamos algunos temas juntos. Me llamó luego de las elecciones y tuvimos una conversación sobre los compromisos que tenemos. Me hizo la invitación y acepté.

¿Cuáles son los ejes del plan social de Noboa para estos cortos 18 meses?

El tiempo es muy corto; entonces, en este momento no podemos decir que vamos a cambiar todo, implementar nuevas acciones. Si cuando hay un periodo regular de cuatro años es complicado empezar con nuevas cosas... Aquí vamos a fortalecer las políticas que estructuralmente viene desarrollando el MIES, que tiene dos líneas de acción: la inclusión social y la inclusión económica.

En ese sentido, en lo social, lo más importante es el trabajo que se ha venido desarrollando con niñez, adultos mayores, personas con discapacidades y los bonos. El pago de los bonos es una parte fundamental del MIES que ocupa más de 90 % del presupuesto como de la actividad en general. Lo principal, ahora, es que se sigan afianzando y manteniendo los servicios de protección a la niñez con los Centros de Desarrollo Integral (CDI); nuestra meta es incrementar 17.000 niños más a este plan, no que significaría tener 400 CDI en todo el país. Es la meta que tenemos para este año y medio; con eso alcanzaríamos a cubrir 100.000 niños. Con el sector de los adultos mayores creo que el Estado tiene la mayor deuda, así que también vamos a trabajar en ello, con casas de acogimiento y otros temas. Todo esto en el marco de un presupuesto sumamente ajustado, con una deuda enorme que tenemos que saldar con nuestros cooperantes, que son los Gobiernos autónomos descentralizados, y las fundaciones que se encargan de los servicios.

En cuanto a la inclusión social, planteamos que en la escuela de empleabilidad que tiene el MIES se desarrollen módulos, en línea o híbridos, para dar certificaciones de empleo, y crear una base de empleabilidad a través de una aplicación móvil en la que la ciudadanía tenga a la mano un listado de personas certificadas por el ministerio en oficios varios.

¿Cuánto se invierte actualmente en el pago de los bonos sociales?

En bonos pagamos $ 1.300 millones, con una ejecución del 75 % (de momento); eso se cumplirá, ese pago es fijo. Son varios bonos: 1.000 Días, de desarrollo humano, Joaquín Gallegos Lara. Y pensiones, como Mis Mejores Años para adultos mayores, para personas con discapacidad y Toda una Vida.

El bono cumplió 25 años de creación: ¿hay evidencia de que haya servido para mejorar la calidad de vida de la gente?

Ese es un punto neurálgico del MIES. El bono es una figura asistencialista. No tenemos un seguimiento, un acompañamiento que determine que las personas que cobran el bono hayan mejorado su calidad de vida.

¿O que hayan salido de la pobreza?

El bono no tiene la finalidad de que salgan de la pobreza; al menos con lo que se paga es imposible que lo hagan. El problema es que no ha habido un seguimiento para determinar si el bono ha sido invertido de forma adecuada. Nos toca un duro trabajo para reformar los criterios con los que fue creado el bono, porque no tiene el objetivo de que la gente salga de la pobreza; al contrario, porque para cobrarlo tiene que estar en los quintiles más bajos de pobreza, y, si la persona puede, por alguna situación, comprarse una lavadora, ya perdió el bono. Esos criterios tienen que cambiar, porque se le está diciendo a la ciudadanía que le vamos a dar un incentivo para que siga siendo pobre. El bono debe ser, por el contrario, un incentivo para que la gente salga de la pobreza. En este acompañamiento tienen que coincidir las dos líneas del ministerio: la social y la económica: “Ah, te damos un bono para que mejores tu condición de vida, pero para ello debe haber capacitación, acompañamiento, debes cuidar de la salud de tus hijos...”.

¿Cómo harán esta redefinición del objetivo del bono?

Tiene que haber primero una actualización y depuración del Registro Social, porque sabemos que hay una gran cantidad de personas que ya están muertas o que salieron de los quintiles de pobreza que los hacían acceder al bono, y que se sinceren las cifras. Esto hay que trabajarlo con los actores en territorio. Hoy (el pasado jueves) nos reunimos con la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador) y Conagopare (Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador) justamente para hablar de un acompañamiento de los servicios y de lo que pasa con el bono. Ellos son los que conocen la realidad.

¿Cree que en algún momento se puede prescindir de estos bonos?

Es algo muy lejano. El Estado ideal es aquel en el que no tengamos que darle un bono al ciudadano, sino en el que les demos oportunidades por igual a todos y a todas para que puedan desarrollarse. Pero para que lleguemos a ese momento falta bastante. Entonces, tenemos que enseñarles a las personas que reciben el bono qué hacer con este para mejorar su calidad de vida, y es lo que pretendemos ahora.

En la campaña, Daniel Noboa ofreció crear un nuevo bono para las madres gestantes de $ 60. ¿Se cumplirá? ¿Hay recursos para financiar esto?

El presidente ofreció, efectivamente, en campaña, un bono adicional para las mujeres gestantes para garantizar el complemento de su nutrición y desarrollo del feto, y que les dé mejores condiciones de vida en los dos primeros años del niño, todo esto contando con los servicios de los CDI. Respecto a los recursos, tengo que ser bien clara: hemos recibido una institución con una brecha económica enorme, con deudas con todos los proveedores, con las fundaciones que tenemos convenios para el servicio de los CDI, de catering, con las educadoras...

¿Y qué harán para cubrir eso?

La situación económica del país es muy dura. Estamos tocando las puertas de los cooperantes internacionales, de organizaciones locales, trabajando de forma interinstitucional, y del Ministerio de Finanzas.

¿A cuánto asciende la deuda que dejó el anterior Gobierno?

Solo en los CDI son $ 30 millones. Son los centros que atienden a los niños. Creo que haber encontrado esta deuda es el golpe más fuerte que recibimos, porque nuestra prioridad son los niños. Y estas educadoras son cabezas de hogar; que no se les pague a estas mujeres por varios meses es terrible. Tenemos una doble deuda: con los niños y con ellas. (I)