115 secuestros extorsivos registra la Unase desde 2017; Fiscalía, en cambio, 1.162 denuncias

Las cifras de los secuestros extorsivos que maneja la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase) no coinciden con las denuncias que registra la Fiscalía General del Estado.

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Wilson Zapata, jefe de la Unase, asegura que no todas las denuncias de secuestros extorsivos reportadas a la Fiscalía corresponden a ese delito.

En los últimos seis años, la Fiscalía reporta –hasta julio pasado– 1.162 denuncias por secuestro extorsivo, delito establecido en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con una pena de diez a trece años de prisión. Además, otros 3.232 casos son calificados por la Fiscalía como ‘secuestros’ consumados y 1.140 tentativas, lo que suman 4.372 casos.

No obstante, la Unase registra en sus estadísticas un total de 115 secuestros extorsivos en los últimos seis años. Las cifras de la Fiscalía, considera Zapata, estarían “maximizando la posibilidad de que una persona sea secuestrada en Ecuador”.

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“Se hace una revisión de los casos (...), se despliegan equipos y se toma contacto con las presuntas víctimas”, indica el jefe de la Unase al explicar que desde la Fiscalía se han recibido este año 459 casos, de los cuales 14 fueron categorizados como “reales”, según los registros de esta dependencia hasta el 16 de agosto.

El restante de los casos, Zapata afirma que son “denuncias en que aparecen personas que han abandonado el hogar, personas que no han justificado el fin de semana fuera de casa y otros que no corresponden al tema de secuestros”. También se incluyen, agrega, menores que por su voluntad han escapado de casa o niños cuyos padres no los han entregado a sus hogares dentro del horario de visitas.

De los 115 secuestros extorsivos que registra la Unase desde 2017, 31 ocurrieron en la provincia de Guayas, la mayoría en Guayaquil (26); 29 en Pichincha (28 en Quito); 14 en Esmeraldas; 9 en Manabí; 5 en Sucumbíos.

Sin embargo, en esas cifras no constan víctimas que, por temor, no han denunciado secuestros extorsivos a la Fiscalía, al 911 o a la Unase.

Uno de estos casos, por ejemplo, le ocurrió al guayaquileño Víctor Huerta Jouvín, de 46 años, cuyo relato fue publicado ayer por este Diario. Huerta fue secuestrado durante cinco días en un sector marginal de Naranjal y fue puesto en libertad luego que la compañía con la que su familia había contratado un seguro antisecuestro internacional pagara $ 1 millón en enero de 2020.

Este Diario consultó a la Unase sobre este caso, pero ahí se señaló que el secuestro de Huerta Jouvín no había sido manejado por esta entidad. “No ha sido asesorado o atendido por la Unidad (...), tampoco hubo intervención de la Unidad”, señaló la Unase al revisar los registros y constatar que tampoco se presentó una denuncia ante la Fiscalía.

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En el año 2020, en el que hubo restricciones de movilidad en el país por la pandemia de COVID-19, hubo un pico de secuestros extorsivos: 38. Esto se debió a que “en pandemia (los delincuentes) realizaron procesos de investigación de las víctimas más fácil (...), fue más fácil localizar a las víctimas y, finalmente, la información la encontrábamos en internet”, refiere Zapata.

De los catorce secuestros extorsivos de este año, según cifras de esta unidad, once fueron resueltos con operaciones policiales, como el caso del sobrino nieto del expresidente León Febres-Cordero, retenido en Durán durante catorce horas, en junio pasado. Otros dos casos fueron liberados por “presión”, al sentirse –según Zapata– “acorralados” por la Policía, y una de las víctimas falleció a manos de los secuestradores. En ninguno de estos casos, añade, hubo intercambio de dinero para liberar a los secuestrados.

En la operación policial de diez de los catorce casos se ha detenido, asegura Zapata, a 42 personas, entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos.

Según Zapata, en los últimos años se ha registrado una reducción de casos. Sin embargo, las cifras muestran una tendencia variable: en 2019 hubo 15; en 2020 subió a 38; en 2021 disminuyó a 30; y en este 2022 van 14. La Unase también hace –añade– seguimiento judicial de los casos. Este año han registrado seis sentencias condenatorias. (I)