203 guardias de seguridad han fallecido por ataques de la delincuencia desde 2021 y no todos han estado protegidos con pólizas

La rampante ola de inseguridad que aqueja al país ha cobrado la vida de 203 guardias de seguridad entre 2021 y 2022, quienes han muerto por ataques de la delincuencia mientras ejercían sus labores.Así lo señala con preocupación Diego Arroyo, vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe).En algunos casos, dice Arroyo, los antisociales han robado las armas de fuego que portaban los guardias y con ellas han atentado contra los trabajadores.De acuerdo con la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, vigente desde 2003, las compañías de vigilancia y seguridad privada deben contratar obligatoriamente una póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, que puedan resultar perjudicados por la prestación de sus servicios; y pólizas de seguro de vida y de accidentes para el personal que preste sus servicios en estas compañías, desde el inicio de su relación laboral.Si bien esto manda la norma, en la práctica aquella obligación no es acatada por todas las empresas del sector, provocando que no todos los guardias y trabajadores estén protegidos con pólizas, asegura Arroyo.“No se está cumpliendo del todo con esa ley. Nosotros hemos tenido que asistir a varios compañeros, a sus familiares más que todo, no para que puedan ellos beneficiarse de esto”, expresa el vocero, y anota que algunas compañías tampoco cumplen con la entrega de equipos, armas de dotación y prendas de vestir necesarios, como chalecos antibalas adecuados, por lo cual han iniciado acciones legales contra aquellas empresas.Desde el gremio se considera que existe abandono y desventajas para los trabajadores. Que las normas vigentes que regulan al sector son caducas y no brindan oportunidades de crecimiento o profesionalización ni han evitado que haya abusos.La Fenaspe representa a más de 238.000 trabajadores a escala nacional que prestan sus servicios para instituciones públicas y privadas. De ese total, actualmente unos 68.000 tienen empleo, los demás -173.000 personas- están desempleados.Para el vicepresidente del gremio, las autoridades del Gobierno deben tomar como una alerta que miles de guardias no tengan trabajo, ya que por los conocimientos que tienen podrían ser reclutados por bandas criminales.Por otro lado, señala que quienes cuentan con un empleo en muchos casos trabajan en condiciones de precarización y vulneración de sus derechos, en lugares sin las condiciones apropiadas y con horarios extendidos que no son pagados como corresponde.Un guardia debería laborar en turnos rotativos de ocho horas, pero existen casos extremos en los que llegan a permanecer 24 horas seguidas, sin que sus remuneraciones aumenten.Esto sucede porque la compañía no posee la cantidad de empleados que se requieren, lo que a su vez se deriva de los bajos precios que las compañías de seguridad llegan a ofrecer a cambio de sus servicios, afectando los sueldos y carga laboral de quienes son los encargados de brindar protección.Para el año 2022, el Ministerio del Trabajo aprobó que el salario mínimo de una persona que se desempeña en el área de servicios de seguridad privada y de vigilancia sea de $ 429,68. Esto incluye a los trabajadores que realizan funciones de seguridad para personas naturales o jurídicas, ya sea que porten armas o no, presten seguridad móvil o transporte de valores.En la realidad, indica el vocero de la Federación, la remuneración de un guardia, en promedio, ronda en un máximo de $ 530. A criterio de Arroyo, esa cantidad resulta injusta frente al alto riesgo y exposición que tienen los trabajadores.En la Asamblea Nacional está en trámite el proyecto de Ley de Seguridad Privada, a cargo de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. El primer debate en el pleno se llevó a cabo el 2 de agosto de este año; aún no existe certeza de cuándo se realizará el segundo debate.La iniciativa agrupa tres propuestas en la misma materia, contiene 78 artículos, ocho disposiciones generales, cinco transitorias, una disposición reformatoria, dos derogatorias y una final.En los antecedentes del proyecto destaca que, según datos del Ministerio del Interior, la cantidad de compañías de seguridad aumentó un 39 % en los últimos cinco años: en 2017 existían 784 empresas y ahora son 1.400. También aumentaron los centros de capacitación en un 44 %, pasando de 43 a 78.Este incremento llama la atención de los legisladores, tomando en cuenta que en países vecinos, con mayor población, hay menos compañías de seguridad privada; por ejemplo, en Colombia existen alrededor de 30 empresas.Por ello, una parte del proyecto de ley está dedicada a regular los requisitos mínimos para la creación de estas compañías, así como establecer veedurías, rendiciones de cuentas, entre otros aspectos. También se proponen más reglas para los centros de capacitación.El asambleísta Rodrigo Fajardo, integrante de la Comisión de Seguridad y ponente del proyecto en el primer debate, destaca que la Ley de Seguridad Privada busca responder a las necesidades de la actual situación de inseguridad, corregir las falencias que han dado paso a un sospechoso aumento de compañías de seguridad, así como profesionalizar a los trabajadores -con formación pública y privada- a fin de que se ubiquen en rangos y, con ello, mejorar sus ingresos.Fajardo espera que el segundo debate de la ley se concrete antes de finalizar el año.Por su parte, Diego Arroyo comenta que además de aprobar la norma es necesario que las instituciones públicas responsables de la seguridad, como la Policía Nacional, articulen estrategias con los guardias privados para reducir los índices de criminalidad. (I)

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