Un adolescente de 14 años salió a comprar en la tienda, en su camino fue abordado por tres sujetos y supuestamente fue torturado por no querer pertenecer a una banda delictiva. Los tres antisociales fueron detenidos y un juez determinó la prisión preventiva, mientras se realiza la instrucción fiscal de 30 días.

La madre de la víctima rindió su versión de los hechos. Ella comentó que ya recibían actos de intimidación desde hace dos meses atrás. Pero el 6 de junio pidió a su hijo que le ayude con un mandado en la tienda, al ser abordado, lo habrían trasladado a un inmueble ubicado en la parroquia de Pifo, en el nororiente de Quito.

Ahí se produjo la presunta tortura por la que son procesados actualmente. Los sujetos cortaron su cabello (rapado) y quemaron su hombro con un cuchillo caliente, produciéndole ampollas que se formaron como secuela de la agresión que recibió.

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Un examen médico-legal confirmó las heridas que presentó el adolescente, la misma que le causó una incapacidad física de nueve a treinta días. La pericia fue parte de los elementos de convicción expuestos por Fiscalía en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos.

El relato de la madre no terminó ahí. La mujer señaló que mientras su hijo permanecía en la habitación en la que fue torturado, los sujetos le pidieron que se encargue de la muerte de un joven que estaba en ese lugar. Con amenazas de matarle si no cometía con esa misión, fue intimidado y apuntado con una escopeta.

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Joao P., Cristian H. y Geridias E., fueron aprehendidos en flagrancia, Los habitantes de Pifo que residen cerca al domicilio donde se cometió el presunto delito, habrían alertado a los policías que brindan servicio en esa parroquia, pues habrían identificado actos inusuales.

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Ante la llegada de los agentes los tres ciudadanos dejaron el inmueble junto al adolescente. Los cuatro fueron trasladados a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), y al enterarse que estaba en ese lugar, la madre de la víctima acudió a tomar contacto con los agentes policiales, ahí identificó a los presuntos delincuentes y denunció que han sido víctimas durante los últimos dos meses.

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El delito de tortura está establecido en el artículo 151, inciso 2, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tiene una sanción de 10 a 13 años si se comete a personas con discapacidad, menores de 18 años, adultos mayores o mujeres embarazadas. (I)