Byron M. O. G., exjuez que liberó a uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos en 2023, es uno de los catorce detenidos durante los allanamientos registrados este miércoles, 3 de abril, en ocho provincias del país por el caso Plaga. La Fiscalía los investiga por el presunto delito de delincuencia organizada.

”Abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plaga en el sistema de justicia. Tenemos que continuar con la depuración. No vamos a parar”, señaló Diana Salazar, fiscal general del Estado, en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

Byron M. O. G., de 45 años, se desempeñó como juez Unidad Multicompetente del cantón Flavio Alfaro (Manabí) desde septiembre de 2014 hasta marzo de este año 2024.

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En 2023 dispuso la liberación de dos reclusos: Luis Alfredo A., alias Gordo Luis, señalado como cabecilla de la banda criminal Los Lobos que fue sentenciado a tres años de reclusión por tenencia de armas y a 20 meses por tráfico de armas; y Jairo Fernando Z., condenado a 13 años de prisión por tráfico de drogas, quienes interpusieron medidas cautelares para recuperar su libertad.

El magistrado argumentó en la causa judicial que habrían existido ‘vulneraciones’ al debido proceso y a los derechos a la libertad, la integridad física, salud y vida de ambos internos, que cumplían su pena en el centro carcelario de Cotopaxi.

Ante el fallo del exjuez, el SNAI solicitó la declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable en abril de 2023. Un mes después, el 17 de mayo de ese año, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Manabí resolvieron que las actuaciones del magistrado se enmarcan en ‘error inexcusable’.

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Diez meses después de este dictamen, en marzo de este año 2024, el Consejo de la Judicatura destituyó al exmagistrado. Hasta el 15 de marzo trabajó el exfuncionario judicial, según su último reporte de bienes a Contraloría.

En ese informe, el exmagistrado registró tener un patrimonio de $ 151.088,59. Sus activos ascendían a $ 171.115,59, monto que incluye cinco cuentas de ahorros con $ 8.161, dos vehículos, menaje de casa y semovientes por $ 79.999, y seis predios (cuatro casas, una quinta y una finca adquiridos entre 2007 y 2012) en Manabí por $ 82.955; y sus pasivos sumaban más de $ 20.000, entre la deuda de dos tarjetas de crédito y un préstamo en un cooperativa de Chone.

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En contra del exjuez hay dos denuncias en su contra, una por prevaricato en marzo de 2024 y otra por ‘negar servicio o prestación por odio’ en 2013. Mientras que en la Función Judicial constan tres procesos por prevaricato (2024), solicitud de declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable (2023) y nulidad de sentencia (2022), en los últimos dos años.

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En la causa que se investiga este año 2024 por prevaricato se convocó a la audiencia de formulación de cargos para el 28 de marzo pasado. Pero se difirió esta diligencia, porque el procesado estaba delicado de salud.

En el certificado médico se señala que exmagistrado presenta cuadro clínico de dengue con síntomas como cefaleas, fiebre, escalofríos, nausea y diarrea, por lo que se le recomendó reposo por tres días desde el 27 hasta el 29 de marzo.

La nueva fecha para la audiencia fue fijada para hoy, miércoles 3 de abril, a las 10:00. En esta cita, la Fiscalía formuló cargos y se le dispuso prisión preventiva. Esto ocurrió horas después de que fuese arrestado por el presunto delito de delincuencia organizada por el caso Plaga.

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En esta nueva investigación de la Fiscalía se detuvo a catorce personas: el juez Franklin E. T. P. ; cuatro exmagistrados: Byron M. O. G., Ángel H. L. V., Joffre J. R. R. y Simón O. G. T.; dos policías en servicio activo, dos funcionarios judiciales, dos extrabajadores del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), un abogado y dos ciudadanos.

Este caso se suma a las otras dos causas que sigue la Fiscalía General del Estado, denominadas Metástasis y Purga. En ambos procesos judiciales hay más de 60 apresados, entre ellos, jueces, abogados, exasambleísta, exfuncionarios judiciales, entre otros. (I)