Desde un campamento, en el que hay centro de mando, los militares intentan reaccionar más rápido a disturbios en la Penitenciaría

Una pared de 6 metros de altura y alambre de púas es lo que separa el perímetro de la Penitenciaría del Litoral con la vegetación y el río Daule. Esa zona hace pocas semanas fue limpiada y allí se hallaron cientos de armas blancas de elaboración artesanal que se presume habían sido lanzadas por los reos desde los pabellones cada vez que ingresan los policías para realizar requisas.

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Ahora, el sector es custodiado por los militares que hacen rondas constantes a bordo de tanquetas, carros, caballos, a pie y hasta con drones. En el punto incluso se dispuso un espacio como helipuerto. Los militares tienen montado un campamento.

Tiene más de 25 carpas, hay un centro de mando, dormitorios, baños, comedores, cocinas y hasta un espacio para almacenar el armamento. Los militares cuentan con fusiles y decenas de armas cortas, además de miles de municiones.

El coronel Richelieu Levoyer, jefe del campamento militar, aclara que aunque ellos no pueden ingresar a los pabellones –eso es únicamente permitido a policías y guías penitenciarios– están preparados para dar contingencia a los uniformados en caso de crisis.

Las presencia de militares en los exteriores de las cárceles lleva meses, desde que se desató el año pasado una de las peores crisis carcelarias que provocó más de 300 muertes, en distintos hechos violentos atribuidos -por la Policía- a una disputa de bandas.

Cuando empieza una balacera los miembros de las Fuerzas Armadas deben saber quiénes están adentro, quiénes deben salir y en cuánto tiempo, antes de actuar, por eso están en comunicación constante con la Policía Nacional y con el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria.

Antes, cuando se daba una alerta en la cárcel, les tomaba tiempo llegar desde los regimientos militares por el intenso tráfico que se forma en la estrecha vía a Daule y que al estar ahí afuera de la cárcel, en la más reciente balacera pudieron reaccionar en 5 minutos y se evitó una nueva masacre. No hubo muertos ni heridos el pasado miércoles.

El jefe militar sostiene que en el lugar hay cerca de 300 hombres de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Custodian las 24 horas del día el perímetro externo de la cárcel más poblada del país, de la Roca, de la cárcel de Mujeres y de la Regional. Entre todos los centros carcelarios hay unos 12.500 reos.

Aunque en el campamento hay señal de internet y se puede hablar por teléfono, los militares precisan que dentro de la Penitenciará sí se encienden los inhibidores de señal y que incluso han hecho varios recorridos por la población más cercana verificando que no se instalen antenas.

En La Germania, un barrio vecino al complejo penitenciario, hay viviendas que están a unos 60 metros de los pabellones. De hecho, hay al menos tres casas que están construidas pared con pared con el recinto carcelario.

De esas viviendas los militares cuentan que han retirado varias veces antenas de internet y que vuelven a instalarlas. “Eso ya notificamos a las autoridades, porque no es posible que vivan en la misma cuadra de la cárcel”, comenta Levoyer.

El coronel indica que en esa población, que no cuenta con más de treinta casas, hacen operativos constantes para ver quién entra y quién sale y si ven carros sospechosos los paran porque ya conocen a todos los que habitan en la zona y sus actividades.

El patrullaje también se hace en el río. Ahí unos veinte uniformados recorren todo el tiempo a bordo de dos lanchas. Paran las canoas que circulan por la zona –normalmente son pescadores– y requisan a los ocupantes. Así se ha evitado la actividad irregular que los residentes de las urbanizaciones cercanas reportaban el año pasado.

Pese a estos controles las armas siguen entrando a la Penitenciaría del Litoral. La semana pasada se reportó un evento violento, luego que se detectara que una mochila era lanzada a través del muro al pabellón 2. La mochila nunca fue recuperada, pues cuando los policías se acercaban fueron recibidos a bala.

El Gobierno ha creado una comisión, con expertos nacionales e internacional, que están realizando una evaluación de la situación de las cárceles, un insumo que servirá para poder crear estrategias que permitan salir de la crisis carcelaria que tiene a Ecuador en la mira mundial. (I)