El complejo carcelario de Guayaquil, escenario de cruentas masacres de internos este año, se compone de cinco centros que hasta octubre albergaban a 15.264 personas privadas de la libertad. Y aquí solo existen 238 agentes de seguridad penitenciaria, divididos en tres grupos de 79 cada uno. Es decir, hay una relación real de un guía por cada 193 reos en cada turno.

La cifra está muy lejos del estándar internacional recomendado por la ONU, que es de un celador por cada 10 internos. Y no calza porque, además de que existen pocos guías, hay 4.356 reclusos que rebasan la capacidad de todo este complejo de cárceles, lo que acrecienta el descontrol, según la información recabada por una comisión legislativa para abordar la crisis carcelaria en Ecuador.

En este complejo de prisiones de Guayaquil han muerto 203 internos en lo que va del año, lo que representa el 60,6 % de los 335 fallecidos en todo el país tras las rejas.

A los miembros de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, que visitaron esta prisión el pasado 4 de octubre por tres horas, les dijeron que la relación es de un guía por cada 108 presos y así lo hicieron constar en un informe de más de 600 páginas.

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Eso quiere decir que en algún momento se deben juntar dos turnos para sumar 141 agentes al cuidado de una población carcelaria que rebasa, en promedio el 40 % de la capacidad de este complejo, pero que llega hasta el 62,83 % en la Penitenciaría del Litoral, escenario de muerte de más de 200 reclusos este año, y que escala al 133,58 % en el Centro de Detención Provisional, donde se supone que solo deberían estar los aún no condenados, pero no es así.

Es que al CDP fueron trasladados en el 2020 los miembros de una banda (Los Lagartos) que decidieron entregar sus armas y desaparecieron de la confrontación en la Penitenciaría a cambio de permanecer en un lugar seguro para ellos; y como ya no hay lugar para nadie más allí, a los que caen con prisión preventiva los mezclan en los pabellones sin más criterio que el de pertenecer a una banda, o decir que son parte de ella así no lo sean, para buscar su protección adentro, cuentan los familiares.

Complejo de Privación de Libertad de GuayaquilNúmero efectivoCapacidadHacinamiento
CPL Guayas 1 (Penitenciaría del Litoral)8.5425.24662,83 %
CRS Masculino 4 (Regional)4.5984.3685,27 %
Guayas 5 (Centro de Detención Provisional)1.273545133,58 %
Guayas 2 (Femenino)83357345,38 %
CRS 3 (La Roca)01580
<b>TOTAL DE RECLUSOS</b><b>15.246</b><b>10.890</b><b>40 %</b>
*Existen <b>238 guías, </b>divididos en tres grupos de 79 cada uno.

Pero la unión de dos turnos significa una jornada extensa para los pocos guías que no están bien remunerados, se quejan sus representantes, y carecen de una dotación mínima de armas no letales. “No tienen esposas para trasladar a las personas privadas de la libertad desde los pabellones hasta el área administrativa desde donde se realizan las audiencias virtuales y hacia el área de salud”, dice el informe de los asambleístas.

Cristian Peñaherrera, presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, acota que los guías ya no tienen seguro de vida, que antes si tenían. “En sus actividades incluso tienen que aportar con sus propios recursos. La institución no dispone de medios de movilización, no disponen de armas, no existe infraestructura para los agentes, la falta de personal es totalmente evidente: 1.600 agentes para 40.000 reclusos a nivel nacional”.

La situación es más crítica en la Penitenciaría, donde según el informe legislativo, “existe un solo chaleco antibalas”.

Marcelo Toro, experto en temas penitenciarios, cuenta que la falta de personal y de equipamiento se traduce en el encierro sin orientación de los internos. “Antes, los guías penitenciaros recibían cursos básicos de sicología. Desde el 2014 son agentes de tratamiento penitenciario, ya sin trato con los internos, y desde el 2016 tienen prohibido el contacto con los internos. Los PPL ya no tienen un guía, siendo que pasan todo el tiempo encerrados”.

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Como los guías no son suficientes para la gran cantidad de internos, se vuelve necesario el apoyo de los policías, que han llegado a ser hasta 7.000 elementos en los momentos más álgidos de la crisis. Y a ellos los apoyan las Fuerzas Armadas en el perímetro exterior. Pero ni policías ni militares están capacitados para tratar con reclusos, advierten organizaciones de derechos humanos.

En Guayaquil, los parlamentarios anotaron en su informe lo que les mencionó el director y lo que alcanzaron a observar, que no fue mucho. “Es imposible ingresar a los pabellones. Las llaves las tienen quienes controlan las organizaciones criminales en el interior”. Esto ha cambiado tras la masacre de noviembre, según el Gobierno, y ya se tiene el control.

Pero por ese impedimento, dicen los legisladores, en octubre no pudieron constatar las condiciones de vida de los reclusos, si hay atención para grupos prioritarios o si a todos les llega la comida, qué calidad tiene y bajo qué criterio se reparte. Tampoco pudieron constatar que se cumpla el estándar de la ONU sobre la separación y clasificación de los internos según los delitos cometidos y su nivel de peligrosidad.

Mientras militares custodian el exterior y los policías apoyan al control interno, familiares de los detenidos en la Penitenciaría del Litoral exigen un mejor trato y el cese de la violencia. Foto: Jorge Guzmán

“Se informó que no es posible una separación técnica. Ni por edades ni nivel de peligrosidad. El criterio de separación que se aplica es el de pertenencia a una determinada banda criminal”, reza el informe que fue conocido por el pleno del Legislativo y remitido a la Presidencia de la República, entre otras instituciones, clave para ejecutar cambios en el sistema carcelario.

Francisco Estupiñán Barrantes, experto en derecho penal y seguridad, dice que “la infraestructura carcelaria debe desarrollarse en función de la rehabilitación; debe cumplir con las normas de derecho humanos; con estándares modernos de seguridad”, pero eso por ahora no sucede y queda claro en el informe parlamentario.

En el centro femenino, las mujeres de un pabellón se quejaron de que hace mucho tiempo no les permitían tomar el sol, como medida de castigo, aunque eso también es contrario a los estándares internacionales que buscan prevenir toda forma de maltrato y tortura. Ellas tampoco tienen acceso al economato para abastecerse de productos de higiene y primera necesidad, así como de alimentos.

“Se informó que cuando existen amotinamientos no se les da de comer. El director informó que se debe a que los proveedores de alimentos temen ingresar y entregar la comida”. Así se justifica el maltrato a hombres y mujeres en el complejo carcelario de Guayaquil.

“Hay que identificar a los presos que son parte del crimen organizado. Se debe clasificarlos en pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, según los distintos grados de peligrosidad”, sugiere Estupiñán, quien fue recibido en la comisión; en otras palabras, el Estado debe cumplir con lo que dicen los estándares internacionales para la seguridad carcelaria.

Como en la parte administrativa no mandan los presos, entonces los asambleístas sí pudieron entrar y vieron que allí no hay equipos para digitalización de documentos ni recursos básicos de oficina como papel bond y se apilan expedientes acumulados, deteriorados y con polilla, porque “el personal no es suficiente para la preparación de expedientes de prelibertad”.

A nivel nacional, solo el 57 % de las personas encerradas tiene sentencia, es decir, el 43 % se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva, sin condena, apuntan datos del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, parte de la Alianza contra las prisiones, que hizo un diagnóstico del sistema penitenciario de Ecuador y que fue recogido en el informe de la Comisión parlamentaria.

Entre los asesinados en la última masacre en la Penitenciaría había personas sin sentencia, investigadas por delitos sin impacto social o graves, que pretendían demostrar su inocencia y no lo pudieron lograr.

La comisión constató que a las prisiones siguen llegando prisioneros sin sentencia mientras otros están saliendo, indultados, por padecer enfermedades catastróficas y terminales, una de las primeras decisiones del Ejecutivo tras la última masacre en la Penitenciaría del Litoral. (I)