El control de las cárceles es un tema que, nuevamente, abre debate entre autoridades y actores de la sociedad civil. Los últimos disturbios registrados en la Penitenciaría del Litoral que dejaron 12 muertos son una muestra del poco control sobre este espacio y el debilitamiento de los sistemas de seguridad que están vigentes.

El etnógrafo Jorge Núñez analizó este tema y planteó al menos tres ideas para que se logre el control en los centros de rehabilitación.

Núñez es codirector del Observatorio de Prisiones, un espacio lanzado a finales de marzo para monitorear las dinámicas de encarcelamiento y proponer narrativas centradas en los vínculos familiares y defensa de derechos humanos. Además es cofundador de Kaleidos de la Universidad de Cuenca.

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Seis reos amanecieron colgados en el pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral

¿Desde el Observatorio se ha analizado por qué el Estado no logra tener el control de las cárceles?

Porque no se ha desmontado el mecanismo que permitió que las bandas penitenciarias o grupos prisioneros se armen, ese sistema que precisamente permitió privilegios a grupos que brindaban información sobre el mercado de cocaína. Eso no se ha desmontado, no se despolicializado la cárcel, más bien lo que se ha hecho es policializar los centros, por ello el Estado tiene una visión de la cárcel desde la Policía.

Es así como se ha implantado este modelo de crear cárceles dentro de las cárceles y que se catalogan como “zonas de máxima seguridad”, pero el problema sigue ahí, las armas siguen dentro.

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Hay que entender que la lógica policial es una lógica que no puede gestionar la rehabilitación. La Policía está entrenada para meter gente a la cárcel, no para sacarla de allí.

¿Una de las soluciones entonces es retirar a la policía de las cárceles?

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No solo se necesita sacar a la policía de las cárceles, se necesita reformar a la propia Policía. La Policía se ha convertido en una especie de pulpo que está en todo y que toma decisiones bajo lógicas punitivas todo el tiempo y ese es el discurso que se está instaurando en el país. Un discurso antidemocrático y represivo y que juega con el sentimiento de impotencia de la gente.

Son narrativas que exacerban esta idea de que estamos siendo atacados, de que somos víctimas de actores internacionales que están invadiendo Ecuador y lo que estamos viendo es que el Estado ecuatoriano está destruyendo los lazos sociales de distintas poblaciones y lo está haciendo por una retirada de la presencia de los servicios estatales que debe tener.

¿Lo que sucedió en La Roca fue una muestra nuevamente de que no existe control?

Es evidencia de que el Gobierno no tiene ningún control sobre la seguridad y que el Estado no tiene capacidad en el interior de las cárceles, ni siquiera en una de máxima seguridad.

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El gran problema es que las masacres carcelarias se han convertido en el mecanismo de gestión de las cárceles. Se toman acciones momentáneas, pero es una coreografía de seguridad que no impide las masacres.

¿El uso de la fuerza entonces no es el mecanismo para lograr el control?

Hemos ido a contracorriente y con una narrativa extremadamente bélica en la que supuestamente la guerra es entre el narcotráfico contra el Estado ecuatoriano. Lo que vemos realmente y lo que estamos enfrentando es la retirada del Estado de lugares en donde ahora hay una soberanía criminal. Las extorsiones y demás escenarios que se ven en más espacios de la sociedad tienen que ver con la retirada del Estado.

La retirada es esa capacidad de brindar servicios para proteger a sus ciudadanos, de trabajar en temas como educación, salud y vivienda.

¿Eso es lo que han analizado como el problema estructural del tema carcelario?

La población penitenciaria del Ecuador, en su gran mayoría, o al menos el 40 %, son personas de 18 a 29 años sin educación primaria. Lo primero que se debe uno preguntar sobre la política pública es por qué estamos encarcelando, cuáles son las condiciones que hemos creado para encarcelar a esta población joven con poca educación y casi sin alternativa laboral.

El 4 de abril se registraron desmanes dentro de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Foto: El Universo

Se ha mencionado en varias ocasiones que se requiere incluso el apoyo de militares para el control de las cárceles. ¿Es una solución viable?

Ningún proceso de pacificación entra con la incursión de militares. Con la incursión de militares a cualquier tipo de conflicto lo que empieza es un proceso de guerra. Lo que se necesita hacer en este momento es lo opuesto, empezar a despoblar las cárceles de los sujetos más vulnerables.

Hay varias alarmas de que las mujeres en las cárceles corren peligro inminente, aquellas que están encarceladas por delitos no violentos; en esa población vulnerable también están los que cumplen penas menores o que están por salir.

Hay que entender algo y es que en este momento toda persona que entra a la cárcel tiene una condena de muerte implícita porque depende de lo que pase tanto dentro como fuera de la cárcel. Lo que se tiene es una población penitenciaria secuestrada por bandas penitenciarias que controlan y que fueron creadas por el Estado ecuatoriano, esas bandas a las cuales les dio poder la propia policía.

El Gobierno ha indicado que las masacres se han dado porque se hacen cambios dentro de las cárceles.

Las grandes masacres acontecen cuando hay un operativo, cuando hay un traslado, cuando se rompen acuerdos preestablecidos entre distintos grupos. Todas las masacres que estamos viviendo tienen que ver con una confrontación entre dos líderes de una misma agrupación, esa agrupación que había estado negociando con el Gobierno constantemente procesos de pacificación.

Lo que se hace con los traslados es crear más líderes y eso se puede notar en que cada vez hay más nombres que son soltados a la opinión pública.

Se deben parar los traslados carcelarios, debe existir una moratoria de traslados en este momento. Debe existir un despoblamiento de los más vulnerables y el discurso del Gobierno debe cambiar radicalmente de uno policial a uno de rehabilitación. Usted no va a pacificar con guerra.

¿El Estado se quedó sin recursos u opciones que puedan funcionar?

Es una mezcla de ineptitud, crueldad y completa ineficiencia. Cuando usted ve la respuesta del Estado a las distintas masacres es dejar morir a la gente. Lo que se ve respecto a violencia es solo la percepción y no hay un debate serio sobre qué se va a hacer con las familias masacradas o los niños huérfanos.

El Observatorio de Prisiones se crea para generar esas respuestas, para tener un panorama y datos reales que desde el Gobierno no se dan.

La Roca, la prisión de ‘máxima seguridad’ que vuelve a reflejar debilidades

¿Se considera el problema de las cárceles un problema político?

El problema de la seguridad es un problema político, es el problema político más importante que tiene el Ecuador en este momento y se continúa separando.

Se requieren políticas robustas y con legitimidad. Sin embargo, no se sabe qué tan capaz sea este Gobierno de hacerlo. Esto incluye sacar a la policía de las cárceles, despoblarlas y tener una reforma policial profunda, es decir, trabajar desde el rango de coroneles hacia abajo en una reorganización descentralizada de la institución.

¿Quién debe asumir entonces el control de las cárceles?

Debe ser un ministerio de derechos humanos. Se requiere poner a la gente de rehabilitación social a trabajar. Lo que se necesita es tener un modelo de derechos humanos y trabajar con las organizaciones que persiguen lo mismo.

Se requiere un gobierno más proactivo en defensa de derechos humanos, en construcción del Estado de derecho y en la reconstitución de soberanías estatales en lugares en donde en este momento están las soberanías criminales. (I)