Que en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se declarara un estado de excepción por 60 días con toque de queda de 01:00 a 05:00 no causa extrañez alguna, pues es la jurisdicción de Ecuador que más ha sido golpeada por la violencia criminal.

Guayaquil, el Puerto Principal del país, es la ciudad con más incidencia delictiva. Una breve revisión de la semana anterior basta para corroborar aquello: un hombre al que antisociales le adhirieron tacos de dinamita en el cuerpo para sembrar terror y dos intentos de robo en centros comerciales del noroeste y sur; en el primer caso se usaron fusiles y explosivos.

¿Qué requisitos deben cumplirse para obtener permiso de porte de armas y quién lo emite?

Del 1 de enero al 29 de marzo del año en curso la Zona 8 tuvo 555 homicidios intencionales, que representan una tasa de 17,43 crímenes por cada 100.000 habitantes, lo cual son 227 eventos más que el periodo anterior, con un incremento del 69 % en variación porcentual.

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El 80 % de los homicidios fueron cometidos en espacios públicos, con el 44,8 % de los crímenes perpetrados en la noche y el 93,6 % de utilización de armas de fuego.

Las cifras dan cuenta de la situación de la Zona 8, principalmente de Guayaquil. Guayas ya ha tenido antes este régimen de excepción conjuntamente con Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, también por cuestiones de inseguridad.

Pero ¿cuál es la situación de Santa Elena y Los Ríos?

En la primera provincia incluso hay preocupación de los operadores turísticos, quienes creen que la restricción de movilidad (toque de queda) afectará su actividad, más aún cuando el próximo Viernes Santo es feriado que se une al fin de semana.

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La semana pasada, el viernes 31 de marzo, en Santa Elena hubo un hallazgo perturbador. Cuatro personas fueron encontradas sin vida en la entrada 1 del balneario Punta Blanca. Y una de las víctimas era Rubén Cherres Faggioni, cuyo paradero se desconocía desde enero de este año, cuando el presidente Guillermo Lasso ordenó capturarlo luego de la filtración de unos audios en los que se lo ligaba a supuestos narcotraficantes albaneses.

Su nombre puso en apuros al régimen con la crisis que se inició con las publicaciones del portal digital La Posta que lo señalaron como hombre de confianza y “amigo” de Danilo Carrera Drouet, cuñado del mandatario, como un operador que ha movido los hilos para el nombramiento de ministros de Estado y como un empresario ligado a supuestos narcotraficantes albaneses.

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Ya en el plano estadístico esta es la realidad de Santa Elena: del 1 de enero al 31 de marzo se registraron 351 actos delictivos, siendo el distrito Libertad-Salinas el que tiene un mayor índice, con 241 casos, seguido por Santa Elena con 110 eventos, en los que el robo de motos y de carros son los delitos de más incidencia.

En la subzona Santa Elena el delito de más influencia es el robo de motos con el 9,97 %, seguido del robo de carros, 9,12 %. Adicionalmente, en cuanto a la modalidad, el 68 % corresponde a asalto.

Allí la Policía ha identificado diferentes organizaciones delictivas dedicadas al asalto y robo a personas, robo de motos, robo de motores fuera de borda, robo de carros y extorsiones, además del expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

Un porcentaje importante de las muertes violentas registradas en el distrito Santa Elena se debe a disputas entre miembros de organizaciones delictivas por mantener el control del territorio, así como también el amplio espacio de territorio que comprende esta provincia, facilitando el ingreso de estos grupos por los distintos ejes viales de ingreso y salida y dada la facilidad de acceso hacia el perfil costanero.

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Según la Policía, las organizaciones delictivas han extendido su accionar territorial y han visto en el cantón La Libertad, por ser una zona comercial, ubicada en la parte central en la provincia de Santa Elena, un lugar propicio para el desarrollo de sus actividades criminales como asalto y robo a personas, robo a locales comerciales, robo de motocicletas, expendio de sustancias sujetas a fiscalización, además de las conocidas ‘vacunas’ (extorsiones), en especial a los pescadores artesanales, específicamente en las parroquias Anconcito y Ancón, las cuales no son denunciadas por temor a represalias.

En el caso de la provincia de Los Ríos, ocupa el tercer lugar a nivel nacional con los más altos índices de hechos delictivos. El distrito Quevedo-Mocache encabeza la lista, seguido por el distrito Babahoyo.

En la provincia fluminense la Policía ha identificado una pugna por el control del microtráfico y de territorios determinados para el dominio de sus acciones delictuales entre Los Choneros y Los Lobos.

Porte de armas de uso civil para defensa personal y toque de queda en la Zona 8, Santa Elena y Los Ríos, entre medidas de seguridad del Gobierno

Respecto de las muertes violentas, del 1 al 30 de marzo en Los Ríos hubo 170 homicidios intencionales, que representan una tasa de 18,22 crímenes por cada 100.000 habitantes, es decir, 97 casos más en el mismo periodo del 2022. Hay un incremento del 133 %.

Quevedo es la localidad con índices más altos, 71 asesinatos, seguido por Babahoyo, con 37; Puebloviejo, 23; Ventanas, 16; Vinces, 14; y Buena Fe, 8 casos.

Las cifras con la realidad de todas las jurisdicciones citadas constan en el Decreto Ejecutivo 706 del 1 de abril del año en curso, en el que se establece el estado de excepción por grave conmoción interna.

Otra de las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno ante el escenario de inseguridad es la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos. (I)