En el 2022 unos 55 funcionarios judiciales, entre jueces, fiscales y hasta sus asistentes solicitaron resguardo policial en Ecuador por amenazas, pero esta cifra se elevó a 700 durante el 2023, año en el que el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, firmó el Acuerdo Ministerial 055, con el que se definió un protocolo para dar protección a los funcionarios previo a un análisis de riesgo.

En el documento se establece quién tiene que pagar por la protección a los funcionarios.

En el artículo 7 se establece que previo a la designación del equipo de seguridad y protección, el solicitante deberá cumplir con las siguientes condiciones:

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a) Presentar la certificación presupuestaria de la institución a la que pertenece el beneficiario del servicio, que garantice la cobertura de los gastos que demanden las actividades de seguridad y protección (viáticos, subsistencias y movilizaciones).

Juan Zapata dijo días atrás que es mucho más flexible que cada institución que quiera protección para sus funcionarios dé los recursos y no que la Policía asuma este costo.

Además, el exministro señaló que el Acuerdo Ministerial establece que si la vida del funcionario corre riesgo se otorga el servicio de protección de forma inmediata, aunque esa seguridad se da solo por 15 días.

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La jueza Heidy Borja, presidenta de la Asociación de Magistrados del Guayas, mencionó que en 15 días no llega una certificación presupuestaria porque en la Judicatura no hay dinero ni para cumplir necesidades básicas.

También sostuvo que muchos jueces han tenido que comprar por su cuenta cascos, chalecos antibalas y hasta han instalado blindaje en sus carros porque temen que los maten.

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El fiscal César Suárez Pilay, quien fue asesinado este miércoles 17 en Los Ceibos, había adquirido un chaleco antibalas que llevaba en su carro. Un día antes del crimen, el funcionario contó que estaba amenazado y que aún no le habían asignado protección.

Él, la semana pasada, había asumido la investigación por supuesto delito de terrorismo contra los 13 detenidos en TC Televisión. El martes 9, a la televisora ingresaron antisociales armados y sometieron a un grupo de trabajadores mientras aquello era transmitido en vivo.

El general Víctor Herrera explicó que César Suárez había tenido resguardo hasta el 10 de mayo de 2023 y que un mes antes se le avisó que debía actualizarse su análisis de riesgo, pero aseguró que el hoy fallecido no lo hizo.

Michelle Luna, de la Asociación de Fiscales, pidió que el Estado los proteja. Dijo que el trámite para pedir protección es engorroso y recordó que ya son seis fiscales asesinados desde el 2019.

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Hace siete meses mataron en Durán al fiscal Leonardo Palacios. Fue el 1 de junio de 2023 y recibió más de 35 balazos cuando iba en su carro tras salir de una Unidad Judicial el cantón ferroviario.

El 19 de septiembre del 2022 fue acribillado frente a la Fiscalía de La Merced el fiscal Édgar Escobar. Dos hombres en moto le dispararon a las 08:00, frente a decenas de personas que caminaban por esa zona céntrica de Guayaquil. Fd Ronald Cedeño  Foto: El Universo

Además, el 19 de septiembre de 2022, fue acribillado frente a la Fiscalía de La Merced el fiscal Édgar Escobar. Dos hombres en moto le dispararon a las 08:00, frente a decenas de personas que caminaban por esa zona céntrica de Guayaquil.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, 62 fiscales tienen seguridad especial en la actualidad y se analizan otras solicitudes.

‘Tenemos evidencia de lo que el crimen organizado puede hacer en contra de los funcionarios judiciales cuando no están conformes con una decisión’. Magistrados presentan nueve pedidos para continuar sus labores

Durante un pronunciamiento, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hizo un llamado a las fuerzas del orden para “garantizar la seguridad de quienes se encuentran en el cumplimiento de sus funciones”; además solicitó al Consejo de la Judicatura autorizar que las audiencias se desarrollen de manera telemática.

Judiciales se acogieron al teletrabajo

Tras el crimen del fiscal Suárez la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispuso este miércoles, 17 de enero, que el personal administrativo y jurisdiccional de la provincia del Guayas se acoja a la modalidad de teletrabajo.

Según el Consejo de la Judicatura, la disposición tiene el objetivo de precautelar la seguridad de los servidores judiciales, así como de los usuarios del sistema en Guayas.

“También se asegurará la prestación del servicio de justicia en las dependencias judiciales que, por su especialidad, no podrán acogerse al teletrabajo; sin embargo, estas unidades priorizarán las audiencias a través de medios telemáticos.

En ese sentido, la fiscal Diana Salara también pidió a las fuerzas del orden garantizar la seguridad de quienes cumplen con sus funciones.

También, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias de dicha unidad se desarrollen telemáticamente. (I)