Los riesgos de tratar de hacer ‘justicia por mano propia’. Una persona puede afrontar duras penas si en medio de la indignación lesiona o mata al presunto antisocial

Días atrás un delincuente que habría disparado en la pierna a un taxista en Sauces fue golpeado por la muchedumbre del sector hasta que llegó la policía y se lo llevó detenido.

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Amarraron a un hombre semidesnudo a un poste de la vía a la costa

Identifican a participantes del linchamiento en Posorja

Algo similar ocurrió en Buena Fe, Los Ríos, cuando dos sujetos fueron golpeados y pateados por supuestamente cometer un asalto. Los uniformados llegaron cuando los moradores supuestamente iban a amarrarlos a un poste y amenazaban con quemarlos.

Incluso, un hombre fue amarrado semidesnudo en un poste que está en los exteriores de una urbanización de la vía a la costa al ser sorprendido intentando sacar las placas de metal del ícono de entrada a la urbanización. Y en estos días, unos sujetos fueron insultados y golpeados por robar en una escuela en el sur de Guayaquil.

En medio de la ola delincuencial que azota al país se han reportado estos casos en los que la gente quiere tratar de hacer justicia por mano propia, por la desconfianza que hay en los procesos judiciales, pues muchos criminales obtienen medidas cautelares y salen libres.

Pero tomar la justicia por mano propia puede acarrear un riesgo no solo para el antisocial que es atrapado, sino para quienes, dejándose llevar por la indignación, pueden lesionar o hasta matar al sospechoso y afrontar un proceso.

La Fiscalía explica que se juzga el acto como tal y no la razón del hecho, es decir, si una persona participa en un grupo que mata a golpes a alguien, se lo procesa por el delito de asesinato, independientemente de la razón por la que se cometió el crimen.

El hecho de que el fallecido sea un ladrón o asesino representa un atenuante.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 47, indica que se trata de un agravante cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima.

Un ejemplo claro de esto ocurrió el 16 de octubre del 2018 en la parroquia Posorja, donde dos hombres y una mujer fueron asesinados tras el rumor de que supuestamente estaban robando niños.

Ellos realmente fueron detenidos en un intento de estafa, pero el rumor de que habían tratado de robarse a un niño se corrió rápidamente por la parroquia de pescadores y la muchedumbre atacó a los policías, y a los sospechosos los sacaron de la unidad de Policía del puerto. En la calle los golpearon, los torturaron y quemaron.

Varios uniformados resultaron heridos; patrulleros y motos, dañadas; y la UPC local, completamente destruida. Decenas de videos y hasta transmisiones quedaron como prueba del triple asesinato.

Por este hecho se procesó a once personas. Siete recibieron una condena de 34 años y 8 meses de cárcel, por asesinato más agravantes. A los otros tres procesados el Tribunal Penal los sentenció a 17 años y 4 meses de prisión, en el grado de cómplices

Además, cada uno debe pagar una reparación integral de 15.000 dólares a las familias de las víctimas, que vivían en el suburbio de Guayaquil.

El fiscal Jefferson Caicedo estaba de turno en la Fiscalía de Playas cuando se dio este hecho. Contó que a las pocas horas se hicieron varios allanamientos y se capturó a la mayoría de quienes participaron en el asesinato de los sospechosos.

Según Caicedo, incluso encontraron a jóvenes que estaban tan drogados durante el hecho que al día siguiente ni recordaban haber torturado y matado a los tres sospechosos de estafa.

También indicó que una cuarta persona estaba detenida en la UPC de Posorja el día del crimen. El hombre fue detenido horas antes por alimentos y se salvó de milagro, pues cuando entró la turba a los calabozos él se escondió debajo de la litera y no lo vieron, recordó el fiscal.

Por esto, el fiscal advierte que se debe dejar actuar a la justicia aunque tome su tiempo, pues una persona por dejarse llevar por la indignación puede cometer un error que luego va a llevarlo a prisión.

Los linchamientos que terminan en muerte son investigados por la Fiscalía con base en lo dispuesto en el artículo 140 del COIP, que sanciona el delito de asesinato con pena de 22 a 26 años. La condena se incrementó en un tercio de la pena impuesta, con las agravantes estipuladas en el artículo 47, y puede llegar a 32 años y 8 meses.

El delito de lesiones también está tipificado en la ley y se detalla en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se puede pagar con cárcel desde 30 días hasta 5 años, dependiendo del daño que se cause. (I)