Presidente del Consejo de la Judicatura se pronunció por las medidas alternativas impuestas a 13 detenidos en el Operativo Sigilo 25

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, se pronunció ante las críticas emanadas por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, que rechazaron las decisiones de dos jueces que no dictaron prisión preventiva para doce venezolanos y un ecuatoriano detenidos la madrugada del jueves en Quito, en el Operativo Sigilo 25, sino que otorgaron medidas alternativas de presentación periódica en un despacho judicial y prohibición de salida del país.

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Terán explicó, por un lado, que tras verificar el expediente “se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de estos ciudadanos”. Dijo que incluso existen “vicios de violación a los procedimientos”.

Por otro lado, señaló que por las infracciones por las cuales se procesó a nueve de los aprehendidos por los delitos de ocultamiento de objetos robados y porte de armas es improcedente la prisión preventiva.

En ambos casos, dijo, los juzgadores solicitaron que se investigue a los responsables de estos procedimientos. Agregó que las víctimas de infracciones penales requieren de una justicia de calidad. Hizo un llamado a que actores como la Policía Nacional efectúen su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente para que los derechos de cualquier víctima sean reestablecidos.

Mencionó que el Consejo de la Judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, pero siempre exigiendo el debido proceso para que se proteja el derecho de las víctimas.

La liberación de los trece sospechosos también fue recriminada por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Anunció que dispuso que se denuncie a los dos jueces, Jaime Romero y Marco Tamayo, “por este acto que pretende dejarlos impunes”.

En un comunicado, la Policía informó que los procesados serían parte de una organización delictiva dedicada a la tenencia y porte de armas de fuego, receptación, secuestro y extorsión (modalidad vacunas).

Al momento de la captura se incautaron 1 vehículo reportado como robado, 6 dispositivos móviles, 3 armas de fuego, 120 municiones, varias tarjetas de débito y crédito, entre otros indicios.

“Solicitamos a las autoridades de justicia el respaldo y apoyo al trabajo que realizan los servidores policiales que día a día arriesgan su vida”, señaló la institución policial.

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Por su parte, el Ministerio del Interior advirtió: “No permitiremos que las mafias organizadas, “en complicidad con jueces poco comprometidos con la seguridad del país, ganen terreno”.

La cartera de Estado acatará la disposición del presidente Lasso y presentará una queja formal contra los dos jueces ante el Consejo de la Judicatura. (I)